Organizaciones opositoras rechazaron que los cancilleres del istmo avalen al candidato propuesto por el régimen de Daniel Ortega para ocupar la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y por ello hacen un llamado urgente a los presidentes centroamericanos a «no permitir que un representante del régimen» asuma el cargo, en su lugar le proponen nombrar a un administrador general interino.
Las organizaciones consideran a través de una nota de prensa como «inaceptables» que un representante de un «gobierno ilegítimo y acusado de crímenes de lesa humanidad, que ha violado la naturaleza, propósito y fines del SICA establecidos en el Protocolo de Tegucigalpa, pueda incluso considerarse como un candidato a ese puesto». Indican también que «Ortega ha violentado la razón de ser del SICA, empezando por su objetivo fundamental: Constituir a Centroamérica como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo».
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A la vez, destacan que «el SICA y los países que lo integran estarían sentando un mal precedente al permitir que se acepte que un candidato propuesto por un país que a toda luz atenta contra los principios fundacionales del SICA y que además ha atentado contra los acuerdos de Esquipulas para mantener la paz en la región y a su vez se erige como una amenaza para la misma».
Este miércoles, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, durante una reunión virtual, alcanzó el consenso para elevar la terna de candidatos presentados por Daniel Ortega a la Reunión de Presidentes y recomendar a Werner Vargas, exdirector ejecutivo del SICA, para ser electo como secretario general del organismo regional.
SICA debe «consolidar la democracia»
Los opositores le recordaron a los presidentes de los países centroamericanos que el primer propósito del SICA, según su protocolo fundacional, es «consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los derechos».
También le recuerdan que el propósito anterior ha sido comprobado sobrevertido a como lo ha determinado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que «con los votos de varios países miembros del SICA ha detectado las elecciones de noviembre 2021 como ilegítimas y por las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha comprobado la gravedad de las violaciones de estos e incluso señalado responsabilidades por crímenes de lesa humanidad y por los señalamientos del Consejo de los derechos humanos de la ONU».
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Enseguida insisten en señalar que «el SICA no debería ser liderado por el representante de un régimen violador de derechos humanos que ha destruido tanto la institucionalidad democrática como el Estado de Derecho en el país, y no cumple con el derecho básico del sufragio, encarcelando a los candidatos a la Presidencia de la oposición que se encuentran en condiciones degradantes e inhumanas».
Bofetada a los países de la Unión Europea
Las organizaciones opositoras ante el argumento del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA sobre la búsqueda de la reactivación de la cooperación mediante la elección del secretario general consideran que la aceptación del designado del régimen «sería una bofetada a los países europeos quienes son los principales cooperantes del SICA, y los que han impuesto sanciones contra el régimen, incluyendo a su vicepresidenta, por violaciones a los derechos humanos».
Asimismo le preguntan a los cancilleres y presidentes del istmo «¿cómo reaccionarán estos países al ver a un representante de un régimen criminal e ilegítimo sentarse en la silla del secretario general?»
En su lugar, sugieren «nombrar a un administrador interino para que dé continuidad al funcionamiento del SICA, hasta que en Nicaragua se lleven a cabo elecciones libres, justas, transparentes y observadas, de acuerdo con la resolución de la OEA, que le den al país un marco de legalidad».
