Estados Unidos volvió a poner su mirada en uno de los negocios más rentables en este momento para la economía nicaragüense: la extracción y exportación minera. Una actividad que no solo se ha convertido en el principal pilar de los ingresos de inversión extranjera directa en medio de la crisis política, sino que también ha permitido un aumento fuerte vía exportaciones, lo que ha garantizado que la economía se muestre más resistente frente a las sanciones internacionales y por tanto el régimen de Daniel Ortega se vea menos presionado financieramente para seguir en el poder.
Estados Unidos incluyó este viernes en su lista negra a dos fichas claves en el negocio del oro, lo que si bien no va a trastornar las exportaciones del metal precioso, va a alterar la forma en que el régimen de Ortega se ha venido beneficiando de la bonanza que le ha generado este sector a sus finanzas públicas.
No es para menos. Cuando Ortega llegó al poder, las exportaciones en bruto de oro apenas aportaban a la economía 61.4 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Nicaragua, pero hasta el año pasado la contribución ascendió a 867.6 millones de dólares, es decir un aumento de 1,313 por ciento.
En los primeros tres meses de este año, el oro sigue liderando el crecimiento de las exportaciones fuera de zona franca de Nicaragua. Han ingresado 227.7 millones de dólares, superando al café oro (219.3 millones de dólares) y la carne de bovino (177.9 millones de dólares), lo que refleja el peso significativo de la industria minera, que exporta casi toda su producción a Estados Unidos.
En pleno apogeo minero, que el régimen de Ortega propició mediante la entrega de mayores concesiones de tierras para la exploración desde el 2007 y que permitió que el número de permisos pasara de 104 a 128 entre su llegada al poder y el 2020, en junio del 2017 impulsó la creación de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), la que es manejada de manera enigmática y desde donde se aprueban concesiones a empresas desconocidas, incluso para las que están en el negocio.
Aunque nadie se atreve a afirmarlo abierta y públicamente, dentro del gremio se maneja que muchas de las aprobaciones de concesiones se entregan a personeros ligados al partido de gobierno, precisamente para lucrarse de un negocio que en este momento se beneficia del impacto de la crisis de la covid-19 en la economía mundial, lo que ha elevado los precios internacionales del metal precioso. Los inversores lo buscan como refugio para protegerse de las volatilidades del mercado.
«Los miembros de alto rango del régimen Ortega-Murillo se han beneficiado enormemente del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido en gran parte al enorme papel que Eniminas ha desempeñado en la canalización de ganancias a socios del sector privado y sobornos a miembros del régimen», según el Gobierno de Estados Unidos, lo que coincide con lo que se maneja en el gremio minero.
El Departamento del Tesoro anunció este viernes la inclusión en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) a Eniminas, cuya entidad no exporta el mineral, sino que se encarga de captar los beneficios o regalías que los inversores deben aportar al Estado y además de promover el desarrollo del sector y gestionar las concesiones.
Estados Unidos también sancionó a su presidente, Ruy Delgado López, el segundo este año, luego que en enero ya habían incorporado en la lista negra a Ramón Humberto Calderón Vindell, quien rápidamente fue destituido por Ortega y relevado por López. Ya en el 2018 había ido tras la cabeza de Francisco López Centeno, tesorero del FSLN.
Eniminas y Delgado López fueron designados con la orden ejecutiva (E.O.) año 13851. «Los miembros de alto rango del régimen Ortega-Murillo se han beneficiado enormemente del aumento de las exportaciones de oro de Nicaragua en los últimos años, debido en gran parte al enorme papel que Eniminas ha desempeñado en la canalización de ganancias a socios del sector privado y sobornos a miembros del régimen».
Empresas tienen hasta julio para romper con Eniminas
Tras la designación de Eniminas, y tomando en cuenta que esta empresa estatal puede tener participación en empresas extractoras extranjeras y nacionales, Estados Unidos informó que la OFAC emitió una licencia de tiempo limitado para que las empresas o personas de capital estadounidense o con vínculos con ese país liquiden las transacciones que involucren a dicha empresa estatal, que hoy está en la lista negra de la OFAC y por tanto queda muerta financieramente, es decir no podrá acceder al sistema financiero.
Al respecto, dicha licencia establece que las empresas o personas estadounidenses tienen hasta el 18 de julio de este año a las 12:01 a.m para liquidar «todas las transacciones normalmente incidentales y necesarias para la liquidación de transacciones que involucren a Eniminas, o cualquier entidad en la que Eniminas posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más que están prohibidos por las Regulaciones de Sanciones de Nicaragua, 31 CFR parte 582».
En el caso de Delgado López, el Departamento del Tesoro dijo que este fue designado con la orden ejecutiva 13851, «por ser funcionario del Gobierno de Nicaragua o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua en cualquier momento a partir del 10 de enero de 2007».
Más consecuencias
¿Qué consecuencias tiene para Delgado López y Eniminas? «Todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC», dijo el Departamento del Tesoro.
Además, «cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más en conjunto de una o más de esas personas también está bloqueada. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedad de personas bloqueadas o designadas están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentas de otra manera».
«Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona», precisó el Gobierno de Estados Unidos.
Según la Ley 953, ley creadora de Eniminas, esta empresa, que está bajo el control del Ministerio de Energía y Minas (MEM), tiene potestad de «asociarse, constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto o contrato permitido por las leyes nacionales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas».
Tras las sanciones de EE. UU., prácticamente Eniminas queda inhabilitada para establecer relaciones comerciales y financieras con un sector, donde la inversión extranjera tiene un fuerte peso y cuyo principal mercado es el gigante de norteamérica.
Según el Banco Central de Nicaragua, en el 2021 del total de inversión extranjera directa neta (1,220.1 millones de dólares), energía y minas aportaron 466.5 millones de dólares (38.2 por ciento del total).
El Departamento del Tesoro informó que «el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento». Es decir que Estados Unidos puede proceder a quitar de la lista de la OFAC a estos sancionados si se avanza hacia ese objetivo, que es conseguir la transición democrática de Nicaragua hacia la democracia.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo que «a medida que el régimen Ortega-Murillo involucra cada vez más a Rusia y continúa alineando sus arcas con importantes ingresos explotados del sector del oro nicaragüense, el régimen ha dado la espalda al pueblo nicaragüense, descuidando sus medios de vida para obtener ganancias del régimen».
Y agregó: «Estados Unidos sigue apoyando al pueblo nicaragüense contra el injusto encarcelamiento de opositores políticos y el asalto sostenido a la democracia de Nicaragua por parte del régimen Ortega-Murillo».
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