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Qué se sabe de la enigmática Eniminas y por qué EE. UU. puso su mirada en esa empresa vinculada al oro en Nicaragua

En la nueva lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos apareció el nombre de una entidad pública poco conocida en Nicaragua, que sin embargo está muy conectada al negocio de mayor crecimiento de los últimos años: la exploración, explotación y exportación de oro

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Estados Unidos se adentró este lunes con sus sanciones a uno de los pocos terrenos en crecimiento que aún le sobreviven a la economía y al régimen de Daniel Ortega: la minería. Washington puso su mirada en una entidad vinculada a una actividad, que hasta ahora está soportando parte del discurso triunfalista de la dictadura en materia de recuperación de la inversión extranjera directa y de aporte clave al retorno del crecimiento de la economía de Nicaragua en el 2021 tras tres años en recesión.

En la nueva lista de sancionados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos apareció el nombre de una entidad pública poco conocida en Nicaragua, que sin embargo está muy conectada al negocio de mayor crecimiento de los últimos años: la exploración, explotación y exportación de oro, según muestran cifras oficiales.

Se trata de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), mediante el cual el Estado capta parte de la riqueza económica que está generando la exploración, producción y envío de oro en bruto al exterior, que el año pasado se anotó un nivel récord: 880.47 millones de dólares, casi el 25 por ciento del total de ingresos que aportaron a la economía las exportaciones de Nicaragua, sin incluir zona franca.

Según el reporte del Departamento del Tesoro, desde la creación de esta entidad en el 2017, esta ha aumentado su participación en el sector minero, «especialmente en la extracción de oro, a través de empresas conjuntas con empresas privadas».

«El valor de las exportaciones de oro de Nicaragua ha aumentado sustancialmente en los últimos años, y esto ha generado lucro para sus aliados en el sector privado y ha incrementado los ingresos de Eniminas, una entidad gestionada por altos funcionarios del partido gobernante», explica el Departamento del Tesoro en el anuncio de nueva batería de sanciones este 10 de enero horas antes de que la pareja dictadorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo tomara posesión ilegítima del poder para un cuarto mandato consecutivo en Nicaragua tras unas cuestionadas elecciones en noviembre del 2021.

La sanción de EE. UU. alcanzó al mismo presidente de la junta directiva de Eniminas, Ramón Humberto Calderón Vindell, quien es un general de división retirado del Ejército de Nicaragua, además de expresidente de la junta directiva de Petróleos de Nicaragua (Petronic).

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Su vínculo con el FSLN

Pero ¿qué se sabe en Nicaragua sobre Eniminas? ¿cómo nació? ¿cuál es la lectura que dan los analistas al descabezamiento total de Eniminas? ¿y ahora qué va a pasar? ¿afecta el negocio exportador de oro en Nicaragua? ¿qué mensaje se envía a las empresas extranjeras que operan en esta actividad económica?

Eniminas nació en el 2017 y su vínculo con el partido de Gobierno y la familia presidencial estuvo claro desde su misma creación. La idea de crear esta empresa bajo el paraguas del Estado se dio a conocer en el 2016, pero fue hasta el 2017 cuando la Asamblea Nacional concretó la formación de la misma, que es la máxima rectora de toda la actividad minera en el país y con facultad incluso de actuar como entidad socia de nuevas empresas hacer negocio con los metales preciosos en el país.

Antes de la aprobación de la ley creadora de la empresa (Ley 953), la misma pasó en la tubería de espera durante un año hasta que el Ejecutivo consiguió un consenso con la empresa privada, que reclamaba seguridad jurídica y garantía de que la misma iba a «conservar y proteger las condiciones y derechos adquiridos de los concesionarios mineros actuales, garantizar la libre competencia, fortalecer el papel del Estado en el sector».

El 21 de junio del 2017, la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó la ley creadora de Eniminas, celebrando que mediante esta empresa «el Estado de Nicaragua (iba a) tener representación en todas las concesiones que se otorguen para la explotación minera».

“La persona que esté al frente de Eniminas va a tener un poder económico enorme, porque va a tener la posibilidad de negociar con empresas privadas las reservas mineras del país», alertó en agosto de ese año un especialista del Centro Humboldt, agregando: «Hay que ser cuidadoso porque se está poniendo en manos de este grupo de personas que ahora dirigen esta empresa, una parte importante del territorio nacional y una parte importante de las reservas mineras del país”.

El 24 de agosto de ese año, a través de un decreto presidencial Daniel Ortega ordenó colocar como presidente de la nueva empresa a Francisco López, que además de manejar en ese momento Albanisa (vinculada a los petrodólares de Venezuela), también era el tesorero del Frente Sandinista.

De esta manera, López pasaba a controlar el 12 por ciento del territorio nacional que Nicaragua posee en reservas mineras, equivalentes al 15 mil kilómetros cuadrados. En julio del 2018, el tesorero del FSLN se ve forzado a poner su renuncia al frente de Eniminas, tras las sanciones de Estados Unidos, por lo que Ortega pone a la cabeza de la entidad a Calderón Vindell, que había aparecido hacía poco firmando una licitación como gerente general de Alba Generación, uno de los tantos brazos comerciales de Albanisa, negocio ligado a la familia presidencial.

Una entidad enigmática

Pero las operaciones financieras de Eniminas son muy enigmáticas. Aunque es una empresa estatal descentralizada, «de giro comercial», que genera ingresos al Estado por sus operaciones en el sector minero y además, en virtud de su ley creadora, tiene la facultad de «asociarse, constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto o contrato permitido por las leyes nacionales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas», en el Presupuesto General de la República no aparece con exactitud los ingresos financieros de la entidad.

En el Presupuesto General de la República, el Gobierno informa en detalle sobre las operaciones de todas las empresas públicas no financieras, como por ejemplo la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones o la misma Lotería Nacional, pero Eniminas es la gran ausente.

Solo se sabe que está adscrita al Ministerio de Energía y Minas y que tiene un sitio web donde menciona entre sus objetivos «operar las áreas de reserva minera y asociarse en consorcios o alianzas estratégicas para el desarrollo de las mismas», así como trabajar con la minería artesanal. Toda la información, además de irrelevante, está desfasada.

También se conoce que Eniminas maneja varios fondos que el Estado tiene para la promoción de la minería, en virtud del artículo 3 de la Ley 953 y que se alimentan del Presupuesto General de la República. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo y Promoción Minera que el año pasado captó 71.1 millones de córdobas de los impuestos de los nicaragüenses; el Fondo de Vigilancia y Supervisión Minera recibió otros 48.1 millones de córdobas.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público igualmente reporta en los reglones de ingresos al erario 656.54 millones de córdobas por derechos por concesiones mineras y 149.85 millones de córdobas por derechos de extracción o regalías minería, pero no está claro si estos ingresos provienen de las operaciones de Eniminas y si estarían en correspondencia con el fuerte crecimiento de la actividad minera en Nicaragua.

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Algunas causas de las sanciones

El sociólogo Óscar René Vargas cree que la decisión de Estados Unidos de decretar «muerte financiera» a Eniminas obedecería a varios factores, entre ellos que Nicaragua estaría facilitando el «blanqueo» de oro procedente de Venezuela, que también tiene sanciones de Washington.

«Creo que si los norteamericanos tienen agarrado el asunto, por eso es que están golpeando por ese lado», dijo Vargas, que basa su afirmación en unas declaraciones que en abril de 2021 publicó el diario Las Américas de Douglas Farah, investigador en temas de seguridad y crimen organizado.

Farah afirmó: “Sale mucho oro ilegal de Venezuela, lo mandan a Nicaragua y lo venden como oro nicaragüense ante el mercado transnacional…Lo que vemos es que gran parte del oro de Venezuela va a Nicaragua y es exportado al mercado internacional como oro nicaragüense, es una manera de evitar sanciones”.

En los últimos años las exportaciones mineras de Nicaragua han dado un salto estrepitoso, especialmente desde que Eniminas se metió al negocio y además los inversionistas que actualmente operan en esta actividad han aumentado su capacidad de producción.

En el 2016, antes de la incorporación de Eniminas al negocio minero, los ingresos por exportaciones de metales, especialmente oro, ascendían a 372.2 millones de dólares, pero hasta octubre del año pasado estos sumaron 739.5 millones de dólares, coincidiendo también con precios altos del metal precioso en los mercados internacionales.

Solo por exportaciones de oro, en el 2016 el Banco Central reportó el envío de 285,900 onzas troy, mientras que hasta octubre del año pasado ascendían a 425,600 onzas troy. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de oro en bruto de Nicaragua.

No está claro si en algunos de estos envíos ha participado Eniminas, que por ley tiene facultad para este tipo de giro comercial ya sea de manera directa o a través de participaciones en asociaciones con empresas que estén en el negocio. Esto porque el Gobierno no rinde cuenta sobre las operaciones de la misma estatal.

Hay «figurones» de la dictadura en el negocio

El economista Enrique Sáenz cree que «las minas aparecieron en el radar (de las sanciones) porque las exportaciones de oro se han convertido en el primer rubro de exportación y los beneficios están concentrados en una minoría de empresas donde participan agentes de la dictadura por la vía de coimas y de turbias asociaciones».

«Para tener una idea de los beneficios de estos intereses coludidos basta recordar que el precio de la onza de oro se elevó, entre el 2018 y el 2020, en más de 500 dólares. Obviamente, este premio extraordinario se traduce en centenares de millones de dólares que se quedan en poquísimas manos, incluyendo el círculo de poder», dice.

Y agrega: «en visitas que realicé antes del 2018 a varios distritos mineros (La Libertad, Santo Domingo, etc) era un secreto a voces la asociación con figurones de la dictadura».

Sáenz admite que no es fácil en Nicaragua conocer quiénes son los socios de las empresas mineras precisamente porque el régimen ordenó poner candado al registro público, «no hay manera de dilucidar ese hecho. Precisamente, los sirvientes de Ortega en el poder judicial tienen clausurado el acceso público al registro para ocultar a testaferros y empresas de mampara».

De hecho, Vargas cree que detrás las sanciones a Eniminas hay un mensaje de Estados Unidos hacia las empresas que operan en este rubro, muchas de ellas de capital extranjero. «El mensaje sería que Estados Unidos comienza a golpear a sectores específicos donde está metido el capital extranjero, esto me demuestra que Estados Unidos va a subir la parada», afirmó.

«Lo que veo es que los norteamericanos van subiendo la parada poco a poco, no es de un solo golpe, sino que van golpeando sectorialmente teniendo la esperanza de que Ortega reaccione y negocie, por eso hemos visto las sanciones a individuos, pero ahora estamos viendo sanciones a instituciones en sectores económicos específicos», afirmó.

Hasta ahora Estados Unidos había sancionado a funcionarios, así como instituciones vinculadas a la represión, como la Policía Orteguista, así como a uno de los principales brazos económicos de la familia presidencial los carburantes, pero desde las sanciones en el mercado eléctrico en noviembre del año pasado, ahora estas trascendieron a las telecomunicaciones con las sanciones a Telcor y Eniminas.

El sociólogo considera que en caso de que hayan empresas donde Eniminas tenga participación, estas deberán decidir sobre la permanencia de la estatal entre sus accionistas o exponerse al cierre del mercado de exportación de los metales, en este caso Estados Unidos o incluso otros destinos. «La pregunta que me hago es ¿cuál va a ser la reacción de las empresas», se cuestiona Vargas.

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