La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se apoderó de las oficinas que el Movimiento María Elena Cuadra le había donado a Fundación Teletón y se las adjudicó al Ministerio de Salud (Minsa), sin notificar previamente a la directiva de la organización.
El régimen puso en las afueras del inmueble un rótulo que dice: “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá el centro de salud Dra. Erlinda López del distrito II de Managua”.
Hasta la tarde de este lunes, la directiva de la fundación desconocía de esa decisión. El presidente de Fundación Teletón, José Evenor Taboada Arana, dijo a LA PRENSA que “hace semanas” la Policía se había tomado el inmueble, pero no habían sido notificados de su despojo y menos, que había pasado a manos del Minsa.
Donación
A inicios de mayo último, el presidente de la junta directiva de Fundación Teletón informó que el Movimiento María Elena Cuadra decidió donarles sus tres inmuebles, uno ubicado en Managua, uno en Estelí y otro en Juigalpa, los cuales funcionarían como centros de atención a la niñez discapacitada y como albergues para niños y familiares que se benefician con los programas de la organización.
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La donación se dio luego que el régimen orteguista despojó, a través de la Asamblea Nacional, de la personalidad jurídica al Movimiento María Elena Cuadra, el 15 de febrero de este año. Según Taboada, los representantes de la ONG se acercaron a ellos para explicarles que en vista de su cierre debían trasladar su patrimonio a una organización sin fines de lucro.
“En cumplimiento de esa disposición legal (cancelación de personería jurídica del Movimiento María Elena Cuadra), la asociación nos escogió y se hizo la donación de los tres inmuebles. Ya se hizo la escritura pública de cada uno de ellos, con el inventario de los tres inmuebles, y ellos ya reportaron al Ministerio de Gobernación dentro de su propio proceso de liquidación”, manifestó Taboada en ese entonces.
A la semana llegó la Policía
Una vez que Teletón recibió las oficinas del Movimiento María Elena Cuadra, decidieron contratar celadores en las instalaciones de Managua, pero a la semana la Policía llegó a avisarle que debían desalojar el lugar.
“La asociación (Movimiento María Elena Cuadra) nos había hecho entrega de la protección de los tres lugares (oficinas) y en el de Managua dejamos celadores. A la semana llegó la Policía diciendo que por disposición de la Procuraduría (General de la República) teníamos que abandonar el inmueble hasta que la Procuraduría analizara el caso”, manifestó Taboada este lunes.
Taboada agregó que el abogado de la fundación fue el pasado jueves a la Procuraduría y “le dijeron que el caso aún estaba en revisión”.
En cuanto a los inmuebles de Estelí y de Juigalpa, Taboada señaló que en esos lugares no contrataron vigilancia, ya que las condiciones de seguridad del vecindario no lo exigen, pero hasta ahora tampoco han sido notificados que hayan sido tomados por las autoridades estatales.
El despojo de la personería jurídica del Movimiento María Elena Cuadra
El régimen Ortega Murillo ha destinado oficinas de organizaciones y medios de comunicación confiscadas para crear centros de salud, de rehabilitación u otros servicios públicos.
Las instalaciones físicas de los medios Confidencial y 100% Noticias fueron convertidas en una casa materna y un centro de rehabilitación, respectivamente. Mientras tanto, en las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (Cenidh) ahora funciona un puesto médico.
El Movimiento María Elena Cuadra tenía personería jurídica desde febrero de 1995. Es una organización que promueve la participación de las mujeres trabajadoras y desempleadas en todas las esferas sociales, económicas y políticas. Su directora, Sandra Ramos, es una destacada crítica del régimen orteguista, por lo que la cancelación de la ONG es otra acción de revancha de Ortega contra sus opositores y críticos.
Desde el 2020, esas oficinas del Movimiento María Elena Cuadra, en Managua, eran asediadas por la Policía orteguista, que no permitía el ingreso de quienes trabajaban allí, hasta que tuvo que dejar de funcionar.
Finalmente, la organización fue despojada de su personería jurídica el pasado 15 de febrero, junto con otras organizaciones: PEN Internacional-Nicaragua, Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz y Fundación Iberoamericana de las Culturas (Fibras).
El régimen ha despojado de sus personerías jurídicas a casi 400 organismos sin fines de lucro (OSFL).
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La cancelación de la legalidad de esas ONG implica que los bienes de esas organizaciones, si no se estableció previamente su destino ante una posible liquidación, pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad con la ley de la materia en Nicaragua.