En círculos políticos democráticos se dice que en Nicaragua no hay oposición actualmente, solo personas opositoras dispersas dentro y fuera del país.
Este criterio parte de que la oposición política es un sistema de partidos organizados libremente, que son adversarios del gobierno o régimen establecido al que critican y cuestionan. Y tratan de sustituirlo en el ejercicio del poder del Estado mediante elecciones libres regulares, en las que se expresa la voluntad de los ciudadanos.
Eso no existe en Nicaragua. Aquí los partidos de oposición han sido ilegalizados y los minúsculos que existen como acompañantes o apañadores del régimen son por lo menos de dudosa autenticidad.
En realidad, la oposición en su sentido semántico más sencillo es definida por el Diccionario de la Academia Española de la Lengua, como la “acción u efecto de oponer u oponerse”.
Una definición más compleja ofrece la Enciclopedia de la Política, según la cual se denomina oposición, en la vida política, a “la acción y efecto de oponerse a un gobierno, es decir, de impugnar su conducta por razones de conveniencia, oportunidad, honestidad o juridicidad. Y llámanse fuerzas de oposición, o simplemente la oposición, las que asumen esta actitud”.
En un Estado democrático la oposición es indispensable, no solo como medio de participación de los ciudadanos sino también como factor de equilibrio político, de estabilidad, de fiscalización y control del poder, de defensa de los intereses de los ciudadanos cuya opción de gobierno no ha podido ganar las elecciones anteriores.
En la democracia la existencia y funcionalidad de la oposición es algo tan importante que se suele decir que si no la hubiera sería necesario inventarla.
El propósito de la oposición en el sistema democrático, “no es derribar al que está en el poder ni suplantarlo al margen de la ley —dice el politólogo ecuatoriano Rodrigo Borja—, sino criticar la ineficiencia, el abuso o la deshonestidad de sus acciones con miras a lograr las rectificaciones convenientes o necesarias”. Y por supuesto prepararse para ganar las siguientes elecciones o por lo menos obtener una cuota de representación más importante.
Contrario a lo que ocurre en la democracia, en los regímenes dictatoriales o autocráticos no se tolera la oposición, cuyo ejercicio es considerado un delito contra el Estado que se penaliza con dureza. Y las dictaduras más rígidas, de carácter totalitario, reprimen incluso a la disidencia en el propio partido oficialista.
Los líderes de esos regímenes se dicen democráticos, pero en realidad no lo son porque la democracia es impensable sin el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos, la libertad de opinión y de organización, las elecciones competitivas y la alternabilidad en el poder.
Ese sistema democrático fue lo que hubo en Nicaragua, con sus defectos y errores, en el período de 1990 a 2006. Un sistema político que por donde se le quiera mirar, y más allá de las críticas que se le pueden hacer hasta ahora, era muchísimo mejor que lo que hay en la actualidad.