Entre el 27 y 29 de marzo de 2019, hace tres años, se llevaron a cabo de las negociaciones para los acuerdos que suscribió el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en los que se comprometió a liberar a todos los presos políticos y restituir las garantías ciudadanas.
El 27 de marzo de ese año, concretamente, el régimen adquirió el Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito. Según este, el régimen debía liberado a todos los reos de conciencia en los siguientes noventa días, comenzando a contar desde el 20 de marzo de 2019.
Pese a ese compromiso, en las cárceles de Nicaragua siguen estando más de 170 reos políticos, entre ellos cuatro de los seis firmantes de esos acuerdos.
“A tres años de la firma de los Acuerdos en la Mesa de Negociación en marzo de 2019 sobre liberación de presos políticos y fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, el régimen de #OrtegaMurillo encarcela y tortura a 4 de los 6 firmantes de la ACJD”, manifestó en su cuenta de Twitter la abogada opositora, en el exilio, María Asunción Moreno.
Entre los firmantes de esos acuerdos con funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estaban los actuales presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez, José Adán Aguerri y José Pallais.
De igual manera, Moreno, miembro de la Alianza Cívica, señaló que el régimen recientemente expulsó del país al nuncio apostólico, representante del Vaticano en Nicaragua, Stanisław Sommertag, quien fue testigo de esos acuerdos.
La ACJD exigió al régimen este domingo, a través de un comunicado, que cumpla esos acuerdos.
“En marzo de 2019, Carlos Tünnermann Bernheim, Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Max Jerez Meza, Mario Arana Sevilla y José Pallais Arana de buena fe firmaron los acuerdos relativos a la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad y el Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas. Tres años después, el gobierno no ha cumplido. Más bien encarceló de manera arbitraria, ilegal e injusta a los firmantes Juan Sebastián, José Adán, Max y José Pallais”, expresó la ACJD.
