Siguiendo el guion que ha caracterizado todos los procesos contra los presos políticos —realizados desde el pasado 1 de febrero— el juez Noveno de Distrito Penal de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, ratificó las condenas de entre 7 y 13 años de prisión solicitadas por el Ministerio Público contra los cinco implicados en el caso conocido como Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). El judicial los declaró culpables el pasado viernes 11 de marzo, en un juicio que pese a su complejidad solo duró siete días y este lunes 21 de marzo finaliza al confirmar las condenas.
A la exdirectora de la FVBCH y exprecandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, le impuso 8 años de prisión: 5 por el delito de lavado de dinero y 3 por el de apropiación indebida, y una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. A su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, 9 años: 6 por apropiación y retención indebida, más multa de 300 días y 3 por gestión abusiva.
Walter Gómez, exadministrador y Marcos Fletes, excontador de la FVBCH, recibieron 13 años cada uno: 2 por el delito de falsificación ideológica, 2 por el de gestión abusiva, más la inhabilitación para ejercer sus profesiones por ese mismo periodo; 4 años y 300 días multa por la supuesta apropiación indebida y 5 años por lavado de dinero, más la multa de tres veces el monto del supuesto lavado. A Pedro Vásquez, exconductor de Cristiana, le impuso 7 años por el delito de lavado de dinero.
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Cristiana: criminalizan labor en pro del periodismo nacional
Como todos los procesos contra los presos políticos, este también se realizó a puertas cerradas y según los abogados defensores estuvo lleno de irregularidades. Incluso algunos de los testigos presentados por los fiscales sostuvieron la inocencia de los implicados. Relatan que en los pocos segundos que les permitieron expresarse antes de escuchar el fallo, los implicados declararon su inocencia.
“Usted me está violentando mi derecho a la libertad de expresión, que tanto defendió mi padre y yo estoy en la obligación de seguir defendiendo ese legado que dejó mi padre, el Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y mi madre, la expresidenta Violeta Barrios”, dijo la exprecandidata presidencial.
Y añadió: “Ustedes me están criminalizando por capacitar a periodistas y se está utilizando la justicia no para decir la verdad. Si yo he sido el canal para recibir esas donaciones y capacitar a los periodistas es porque soy una persona honesta. Yo nunca he tomado dinero de la FVBCH para mi propio beneficio porque fui educada con grandes valores y tampoco he tenido necesidad de hacerlo”, expresó.
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Sostienen y defienden su inocencia
Asimismo, su hermano Pedro Joaquín, juró su inocencia ante la memoria de su padre y ante su madre, su esposa e hijos. “No he cometido ningún delito. No soy culpable de lo que me están acusando”.
Gómez dio gracias a Dios por la familia que le dio y por su honradez. “Soy inocente. Le doy gracias a Dios por la esposa y los hijos que me dio, porque por ellos yo no haría nada indebido. En mis treinta años de laborar en diferentes instituciones nunca he cometido un delito”. Mientras que Vásquez, quien por muchos años se desempeñó como conductor privado de Cristiana, aseguró que sus manos “nunca han estado manchadas por andar haciendo cosas ilícitas”.
Gómez y Fletes fueron los dos primeros capturados en la más reciente ola represiva del régimen. Ellos están recluidos en las celdas del nuevo Chipote desde el 28 de mayo de 2021. Cristiana está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio. Pedro Vásquez y Pedro Joaquín Chamorro se encuentran en las celdas del nuevo Chipote desde el 15 y el 25 de junio respectivamente.
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Agotar vía interna para buscar justicia internacional
Los abogados han explicado que el próximo paso es recurrir al Tribunal de Apelaciones y esperar la respuesta, que desde ahora saben será denegada. Pero esto junto con el recurso de casación son las dos vías que se deben agotar internamente. Una vez que esto se haga, trasladarán el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Al igual que en el resto de casos de presos políticos, estas sentencias no detallan el lugar donde los condenados pagarán sus condenas; por lo que sus familiares siguen en la incertidumbre. En el caso de Vásquez, su familia teme un desenlace fatal, ya que su salud está muy deteriorada; ellos han solicitado el cambio a prisión domiciliaria, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.