No descansar hasta ver libres a sus esposos, los exprecanditatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, y a los más de 170 presos políticos, es el objetivo que se han impuesto Victoria Cárdenas y Berta Valle. Para librar esa batalla seguirán contando con el apoyo del abogado internacional Jared Genser, informaron este viernes en conferencia de prensa.
«Tenemos el deber de alzar la voz por ellos, porque ellos han sido secuestrados, silenciados, desaparecidos, torturados y realmente tememos por su salud que hemos visto se ha deteriorado de una manera rápida y tememos por sus vidas. No queremos que se repita la tragedia de la muerte del general Hugo Torres. Por eso no descansaremos, no cesaremos de exigir, demandar y pedir a la comunidad internacional la ayuda, porque este juicio es una farsa política, pero este es un tema de derechos humanos, son personas que están sufriendo dentro de esas cárceles y tememos por su bienestar y por su salud física y mental, y queremos evitar otra muerte», dijo Cárdenas de Chamorro.
Por su parte Valle (esposa de Maradiaga) reiteró frente a cualquier posibilidad de negociación política con el régimen que los familiares de los presos políticos mantendrán la demanda de liberación inmediata y sin condiciones «ya que todos son inocentes y las violaciones a sus derechos que se cometen a cada instante mantienen en riesgo sus vidas».
«Creemos que es importante que antes de cualquier tipo de proceso hacia la democratización del país haya la liberación de estas más de 170 presos y presas políticas», señaló Valle.
Cárdenas y Valle rechazan penas que impuso el juez
Durante la conferencia de prensa ofrecida desde el exilio donde se encuentran, Cárdenas y Valle acompañadas del abogado Genser, rechazaron la pena de 13 años, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos, que el jueves 3 de marzo les impuso el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, a sus esposos.
Aseguraron que la pena es ilegal, porque todo el proceso estuvo plagado de múltiples irregularidades que lo vuelve nulo, y porque estuvieron a cargo de un sistema judicial que está al servicio del régimen de Daniel Ortega.
«Son juicios completamente arbitrarios. No ha habido ningún tipo de respeto al debido proceso. Lo que estamos viendo es una forma de violentar sus derechos, pero también una forma de cómo un Sistema judicial en Nicaragua está al servicio del régimen y también eso debe ser motivo de alarma para todos los nicaragüenses, porque está siendo utilizado como un sistema de represión… Tanto Victoria como yo estamos comprometidas en esta búsqueda de libertad incondicional para nuestros esposos, pero también para el resto de las personas presas políticas en Nicaragua», aseguró Valle.
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El proceso se sustentó en la participación de los acusados en un grupo de WhatsApp
A Chamorro y Maradiaga los juzgó y declaró culpables el juez Salmerón en un juicio que duró 7 días; el proceso culminó el 23 de febrero, día en que Chamorro cumplió 51 años. A ambos los condenaron por el delito de menoscabo a la integridad nacional. Hasta ahora ese ha sido el juicio más largo contra los presos políticos, ya que la mayoría han durado entre 6 y 8 horas.
En el mismo proceso se juzgó y condenó también a otras 5 personas. Al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri y al exdiputado liberal José Pallais también los condenaron por menoscabo a la integridad nacional y les impusieron 13 años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio público. Mientras que al catedrático y exprecandidato presidencial Arturo Cruz y a las dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera y Tamara Dávila, las condenaron por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en este caso las penas, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, fueron de 9 años para Cruz y de 8 para Granera y Dávila.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal auxiliar del Ministerio Público de Nicaragua, Heydi Estela Ramírez Olivas, y se sustentó en la participación de los 7 acusados en un grupo de la red social WhatsApp y en entrevistas brindadas por ellos a medios de comunicación. Los testigos fueron 27 oficiales de la Policía orteguista.
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Durante el juicio comían en platos rojo y negros
Para el abogado Genser, participar en un grupo de WhatsApp no es un crimen e incluso, esa participación está protegida por el derecho internacional bajo el concepto de libertad de expresión. La conspiración para cometer menoscabo es un delito que tiene una gama muy amplia de interpretaciones que el régimen puede usar a su conveniencia. Y para el derecho internacional este es un delito que no existe.
Además, se consideró «demasiado peligroso para los presos llamar a testigos en su propia defensa, por temor a que los testigos también fueran detenidos o perseguidos, violando el principio de igualdad ante la ley».
Durante la conferencia también se relató que el juicio se realizó en un auditorio grande de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Se permitió la participación de un familiar de cada preso político, pero se les prohibió ingresar papel o lápiz para tomar nota y los sentaron en uno de los extremos del recinto. Solo se les permitió hablar con sus seres queridos durante los 10 minutos destinados para el almuerzo, pero siempre bajo la supervisión policial. «Los platos en los que comían eran rojo y negros, los colores de la bandera sandinista», detallaron.
Los familiares que asistieron al juicio relataron que «los presos políticos ingresaron al auditorio de uno en uno, con sus cabezas agachadas, vestidos con el uniforme de presos y esposados, cada uno escoltado por policías». Además, durante el juicio estuvieron sentados en una hilera de sillas a un costado del auditorio, y un oficial de policía separaba a cada preso para evitar que hablaran entre sí. Además, durante el proceso tuvieron muy poco o ningún contacto con sus abogados defensores que estaban sentados delante de ellos y sin acceso a acercarse.
