Nada es eterno y el régimen político actual no lo será. Pero no nos engañemos: el fin del gobierno Ortega-Murillo no pondrá término a nuestra desventura política y social. Será, simplemente, el inicio de un nuevo ciclo histórico en el que el bienestar de unos será la miseria de otros, hasta que nuestras contradicciones exploten nuevamente para volver a empezar. Compararnos con Sísifo no es justo para Sísifo porque él repetía su castigo cargando una roca; nosotros lo hacemos arrastrando nuestra insensatez.
Nuestra endémica crisis nacional no va a resolverse hasta que un liderazgo humanista e inteligente logre articular un consenso social; es decir, un conjunto de premisas, normas y consecuencias que, al socializarse, se integren al sentido común de nuestra sociedad. Así pues, la construcción de un consenso social implica desarrollar un discurso político integrador, el marco normativo, la base institucional y las políticas necesarias para hacer de Nicaragua una comunidad de intereses y aspiraciones compartidas.
El consenso social no es una quimera. La Costa Rica que nos alberga cada vez que Nicaragua nos devora, logró institucionalizar su propio consenso social a partir de 1948, bajo el liderazgo de José Figueres Ferrer. Uruguay lo hizo antes, durante la primera mitad del siglo pasado, impulsado por las dos presidencias de José Batlle y Ordóñez, en 1903-1907 y 1911-1915. Canadá, Alemania, Holanda y los países escandinavos, para citar otros ejemplos, funcionan dentro de consensos sociales que organizan la competencia por el poder y norman las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad.
En nuestra “disociada” Nicaragua, como Alejandro Serrano Caldera caracteriza a nuestro país, PJChC identificó los elementos de una estrategia para la estructuración de un consenso social que fuera capaz de conciliar los intereses y las aspiraciones que coexisten en forma antagónica dentro de nuestra sociedad; y en particular, las demandas de libertad y justicia social que, a lo largo de nuestra historia, se han articulado bajo banderas políticas contrapuestas. Hoy en día, por ejemplo, los que se oponen al gobierno Ortega-Murillo dicen defender “el fortalecimiento de la democracia, a través del valor de la libertad” (https://funides.com/blog/18/12/2020).
El pueblo sandinista, por su parte, justifica su apoyo a Daniel Ortega utilizando el lenguaje de la justicia social. Un ejemplo: “La salud gratuita, (la) educación gratuita han sido sumamente importantes para mí, de igual manera los proyectos de Casas para el Pueblo del cual me beneficié” (La Prensa, 5/11/21).
PJChC luchó para evitar la parcelización de la justicia y la libertad, y argumentó que estos dos principios pueden y deben ser conciliados (Hacia una política clara, s.f.,19-21). Para ello, propuso una estrategia basada en la “delimitación” de tres áreas normativas y operativas para el funcionamiento de nuestro país: el “área estatal”, el “área privada” y el “área social”. El “área estatal” tendría a su cargo la armonización del conjunto de la sociedad, asegurando “que el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas; que el que las ejecute no pueda hacerlas ni juzgar de su aplicación; que el que juzgue no las haga ni las ejecute” (Montesquieu). El “área privada” incluiría todas las actividades que deben mantenerse fuera del control estatal, como la familia, la sociedad civil, las iglesias y el mercado. Finalmente, el “área social” incluye las actividades necesarias para hacer efectivos los derechos que garantizan la dignidad humana, incluyendo la educación, la salud y la seguridad social (El Periodista, 2008, 244-246).
La delimitación normativa y funcional propuesta por PJChC tendría por objetivo impedir que tanto la racionalidad del mercado —que se guía por el principio de la ganancia—; como la racionalidad de la política partidista —que desgraciadamente se orienta por el principio de la conveniencia— interfirieran con la tarea de elevar la condición humana del nicaragüense; y especialmente del “pueblo (…) flaco y enfermo, sucio y analfabeto” que abunda en nuestro país (Diario de un preso, 1981, 54).
PJChC no fue ni un sociólogo ni un filósofo. Sin embargo, su visión guarda sorprendentes similitudes con la del sociólogo y filósofo brasileño Alberto Guerreiro Ramos quien, apoyado en las contribuciones de Weber, la escuela de Frankfurt y otros, propuso en su “teoría de la delimitación de sistemas sociales”, un modelo de organización social “multicéntrico” para impedir que la racionalidad instrumental del mercado se hiciera dominante en la sociedad de hoy (The New Science of Organizations, 1977, 121-134).
Tanto para Guerreiro Ramos, como para PJChC, el mercado es un componente legítimo y necesario de la vida moderna; pero un componente que debe ser normado y delimitado para evitar la consolidación de sociedades carentes de “toda motivación humanista, todo sentido de bondad social” (La Patria de Pedro, 117).
El pensamiento de PJChC y el de Guerreiro Ramos son profundamente humanistas. El humanismo de Pedro Joaquín es de orientación cristiana. Guerreiro Ramos nunca hizo explícito su pensamiento religioso. De todas formas, ambos defendieron un modelo de sociedad pluridimensional en el que “el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana” (Catecismo de la Iglesia católica, acápite 1881).
El autor es profesor retirado de la Universidad de Western, Canadá.