Walter Gómez y Marcos Fletes fueron los primeros secuestrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, del período que va del 28 de mayo al 22 de noviembre del año pasado.
Gómez y Fletes, administrador financiero y contador, respectivamente, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), tienen más de nueve meses de encerramiento en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote.
El régimen al parecer se ha ensañado con ellos, porque, aunque fueron los primeros detenidos de esa tanda de presos políticos, no serán juzgados hasta el próximo jueves 3 de marzo, junto con la precandidata presidencial y exdirectora de la FVBCH, Cristiana Chamorro Barrios, quien permanece bajo arresto domiciliario, desde el 2 de junio del año pasado.
Para la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha trabajado de forma arbitraria los juicios contra todos los opositores encarcelados, al no cumplir con el orden cronológico en el que han sido detenidos.
Aunque a la vez, señala, que desde su origen todos los procesos en contra de los presos políticos son “ilegales”.
“El Gobierno ha trabajado de forma arbitraria. Nosotros lo señalamos cuando reanudaron los juicios después de tanto tiempo que los tuvieron suspendidos ilegalmente. Los reanudaron de pronto y empezaron, no en el orden cronológico en que habían sido detenidos, porque si hubiera sido así, los primeros en haber sido procesados hubieran sido precisamente los de la FVBCH, los dos que están en el Chipote (Gómez y Fletes) y Cristiana Chamorro. Sin embargo, ellos han actuado de manera completamente arbitraria”, sostuvo Núñez.
En la audiencia también serán juzgados el conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez, detenido el 15 de junio de 2021 y su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, directivo de la Fundación, detenido el 25 del mismo mes.
Un mensaje intimidatorio
El régimen orteguista inició una redada en contra de extrabajadores de la FVBCH, opositores y potenciales precandidatos presidenciales desde el 28 de mayo del año pasado.
Hasta el 22 de noviembre pasado, encarcelo a más de 40 opositores, quienes se encuentran en condiciones precarias en el nuevo Chipote. Sus familiares han denunciado el deterioro físico y de salud que les han provocado por razones políticas.
El poder judicial reanudó los juicios contra los presos políticos desde el 1 de febrero.
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“No sé qué tipos de cálculo malvado están haciendo, porque el resultado es el mismo. Ya sabemos que aquí lo que vienen son resoluciones de culpabilidad y después sentencias”, señaló Núñez.
La directora del Cenidh agregó que “ahora continúan y van a dejar así como para fijar el caso de la Fundación. A mí me parece, que lo que quieren es dejar esa sensación de que aquí podemos hacer lo que queremos, y es una forma también intimidatoria, de que aquí no se salva nadie”.
“Ellos son con los que se inició esta represión, a partir de mayo, y con ellos van a cerrar (los juicios) condenándolos. Es un mensaje intimidatorio”, insistió la defensora de derechos humanos.
¿Será un juicio de varios días?
Por otro lado, la directora del Cenidh considera que el juicio en contra de los cinco presos políticos repetirá el mismo patrón (de varios días) de los siete opositores que fueron condenados, pero primero fueron sometidos a sendas audiencias durante siete días.
“Primero el gran estrés que causaron con el juicio a los siete, que eran todos como muy representativos de la lucha de la resistencia y los mantuvieron prácticamente con un día a cada uno, fueron siete días lo que duró esa audiencia. Es como para mantener la tensión”, señaló Núñez.
