Veintitrés organizaciones opositoras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la que le piden «no abandonar al pueblo de Nicaragua», ante la agudización de la crisis sociopolítica y la violación de los derechos humanos en el país.
Los opositores reconocen que el principal objetivo de la comunicación es dar a conocer la situación de represión y violación de derechos humanos que vive Nicaragua y, en especial, «la grave condición en la que se encuentran los 183 presos políticos del régimen de Ortega», en los diferentes sistemas penitenciarios del país, incluyendo la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como el nuevo Chipote.
Las organizaciones opositoras, ubicadas en diferentes partes del mundo por la represión del régimen orteguista, decidieron enviar esa carta a AMLO al ver que la representante permanente de México la Organización de Estados Americanos (OEA) se abstuvo de apoyar el pasado 18 de febrero la declaración suscrita por 27 países miembros del organismo regional, en la que insistieron en «que todos los presos políticos de Nicaragua deben ser liberados inmediatamente».
Con el argumento de no inmiscuirse en los asuntos internos de los otros países, el gobierno de AMLO siempre ha obviado lo que pasa en Nicaragua desde abril de 2018.
«Vida de nuestros presos políticos peligra gravemente»
Las organizaciones firmantes de la oposición nicaragüense alertan al presidente mexicano del inminente riesgo que corre la vida de los presos políticos.
El 12 de febrero, según la versión oficial, falleció en detención el preso político Hugo Torres Jiménez, general en retiro del Ejército Popular Sandinista (EPS), exguerrillero y reconocido por su participación en los dos operativos más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar a la dictadura somocista.
Recientemente, el régimen les cambió el régimen carcelario -de prisión preventiva en el nuevo Chipote a casa por cárcel- a cinco presos políticos mayores de edad, por su estado de salud.
«Señor presidente, las vidas de nuestros presos políticos peligra gravemente, por lo que respetuosamente le solicitamos que México no abandone al pueblo de Nicaragua, que no abandone los principios y aspiraciones de toda una nación que anhela vivir en libertad y democracia», indica la misiva.
Por su parte, Alexa Zamora, representante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), expresó que con esa acción se pretende «evidenciar y concienciar al gobierno de México sobre la necesidad de que se pronuncie en la OEA dado el compromiso que ha expresado con el respeto y la defensa de los derechos humanos, teniendo en cuenta que lo que ocurre en Nicaragua es precisamente una grave violación a los derechos humanos y no solo de las personas que se encuentran detenidas, sino de todos los ciudadanos».
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Manuel Prado, representante de la Fundación Nicaragüense Americana para el Desarrollo, Educación y Cultura (Funadec), expresó que es importante que México se coloque en lo que ha llamado «el lado correcto de la historia».
«La no intervención no debe ser excusa para no condenar la violación de derechos humanos que está ocurriendo en Nicaragua», sostuvo Prado.
Los firmantes
Entre las organizaciones firmantes están: Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Iniciativa por el Cambio y Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).
Las 23 organizaciones plantearon antes que se realizará la sesión del Consejo Permanente de la OEA una serie de demandas «urgentes», entre ellas la liberación inmediata de todos los presos políticos y la aplicación «sin vacilaciones» del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana al régimen de Ortega en Nicaragua.
El pasado el 19 de noviembre de 2021, Nicaragua, por decisión del régimen, oficializó su renuncia a participar en la OEA en respuesta a la resolución «La situación de Nicaragua» que aprobó la Asamblea General de la OEA, en la que declaró ilegítimas las elecciones generales en Nicaragua y mandó a una evaluación por parte del Consejo Permanente de la crisis del país. Sin embargo, el país sigue siendo parte del organismo, mientras no sea expulsado del mismo, y se cumple el plazo para hacer efectiva la renuncia.
