Como el capítulo más reciente de una farsa judicial que ya supera los ocho meses y en la que el régimen ni siquiera ha intentado aparentar que es justa e imparcial, califican el juicio y el fallo de culpabilidad emitido la noche del 23 de febrero por el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, contra los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga.
Salmeron ni siquiera les permitió hablar durante el juicio, solo podían responder sí o no con movimientos de cabeza. Los condenó por el delito de menoscabo a la integridad nacional, y el Ministerio Público pidió una pena de 13 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo. El juicio concluyó el mismo día en que Chamorro cumplió 51 años.
A través de un comunicado, el abogado Jared Genser, quien representa a Chamorro y Maradiaga a nivel internacional, aseguró que el resultado del juicio no sorprendió a nadie y que este no fue un proceso legal ni legítimo, reiterando la inocencia de ambos.
El abogado también detalló durante el juicio que se desarrolló entre el 15 y el 23 de febrero, Chamorro y Maradiaga enfrentaron una «letanía de irregularidades y violaciones al debido proceso». Ellos están presos desde el 8 de junio pasado, y el día que inició el juicio fue la primera vez que escucharon los cargos y la segunda vez que vieron a sus defensores.
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Los declararon culpables desde que los capturaron en junio pasado
«El régimen decidió que Juan Sebastián y Félix eran culpables cuando los desapareció en junio pasado y ha violado reiteradamente su derecho a la presunción de inocencia al referirse a ellos como ‘delincuentes’ y ‘terroristas’. El régimen ni siquiera ha tratado de hacer que este proceso parezca justo, imparcial o independiente”, afirmó.
Según el comunicado, una vez concluido el proceso Chamorro dijo: “Quiero que todo esto quede documentado, que quede escrito lo que está sucediendo, para que mi hija y las generaciones venideras sepan lo que realmente está sucediendo, para que puedan entender lo que ha pasado. Soy inocente, solo Dios, la historia y mi país Nicaragua me pueden juzgar. Estoy en paz, tengo fe y esperanza porque sé que Dios y los nicaragüenses saben que soy inocente”.
Y Maradiaga expresó: “Desde muy joven serví a mi patria en la desmovilización de rearmados desde el Ministerio de Defensa, sin mencionar las condecoraciones que recibí de parte del Ejército de Nicaragua. Soy inocente en un juicio injusto y mi deseo es que en Nicaragua se encienda una luz para este pueblo que ama tanto vivir, a como dice aquella canción del Dúo Guardabarranco”.
Para Genser, «Daniel Ortega se siente amenazado por Juan Sebastián, Félix y los demás presos políticos; porque hablan de un futuro que atrae al pueblo nicaragüense y quieren construir una Nicaragua tolerante, próspera y vibrante. Ortega y Murillo no tienen nada que ofrecer más que represión y promesas incumplidas. El pueblo nicaragüense merece mucho más”.
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Juez Salmerón les prohibió hablar durante el juicio
Además, se les prohibió reunirse con sus abogados para preparar una defensa; durante los siete días que duró el juicio solo se les permitió, cada día, hablar unos pocos minutos con sus abogados. Los defensores estaban sentados frente a ellos y sin posibilidad de hablarles.
«A los dos precandidatos ni siquiera se les permitió hablar durante su juicio. Solo les permitían indicar ‘sí’ o ‘no’ con movimientos de su cabeza cuando se dirigían a ellos», dice el comunicado.
Chamorro y Maradiaga enfrentaron un juicio junto con otros cinco opositores: el también precandidato presidencial Arturo Cruz; las activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera y Tamara Dávila; el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, y el exdiputado liberal y analista político José Pallais. En la acusación también aparecía el politólogo e investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Salvador Orozco, sin embargo, al final no fue incluido en el juicio.
Los siete opositores fueron declarados culpables y el Ministerio Público pide penas de entre 8 y 13 años de prisión; dicha pena va acompañada de la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo. Está previsto que la sentencia sea leída el próximo jueves 3 de marzo.
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