Las familias de los precandidatos presidenciales y presos políticos, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, rechazan desde ahora el resultado del juicio al que serán sometidos el próximo martes 15 de febrero, ya que estos procesos carecen de legitimidad y violan los derechos de los detenidos. Asimismo llamaron a la comunidad internacional a actuar de manera urgente y coordinada para obligar al régimen a detener esta farsa y liberar a los presos políticos.
A través de un comunicado emitido por la oficina del abogado internacional Jared Ganser, las familias anticipan que Chamorro y Maradiaga serán condenados, pues así ha ocurrido con más de una decena de presos políticos juzgados en los últimos días. Además, califican esos fallos de culpabilidad como parte de la «farsa judicial perpetrada por el régimen».
Chamorro y Maradiaga están presos desde el 8 de junio pasado. Los acusan de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, cargo que podría conllevar una pena de prisión de entre 15 y 25 años, ya que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo «manipulan el poder judicial de Nicaragua como una herramienta política» para condenar a cualquiera que hable en contra de su régimen.
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Llaman a la comunidad internacional a actuar de manera coordinada
Para el abogado Jared Genser, el régimen Ortega Murillo está avanzando con su represión desenfrenada al juzgar y condenar a los presos políticos después de juicios ilegítimos realizados a puerta cerrada y realizados ilegalmente en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote.
Además, los más de ocho meses de prisión se han convertido en una «pesadilla legal». Los detenidos han sufrido desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, detenciones prolongadas en régimen de incomunicación, graves violaciones al debido proceso y tortura.
“La situación en Nicaragua se vuelve más urgente cada día, ya que el régimen condena a la oposición democrática, uno por uno, a décadas de prisión. Los presos políticos se encuentran en una situación de extremo riesgo, ya que el régimen viola flagrantemente sus derechos humanos y los del pueblo nicaragüense. Ortega y Murillo creen que pueden actuar con impunidad, la comunidad internacional debe actuar de manera urgente y coordinada para obligar al régimen a detener esta farsa y liberar a los presos políticos de manera inmediata e incondicional”, agrega.
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Ya impusieron penas de 10 y 13 años de cárcel
Los familiares, a través del comunicado, señalan que a los detenidos después de mayo de 2021 los están juzgando y condenando en juicios que carecen de toda legitimidad judicial y que estos violan sus derechos más fundamentales bajo el derecho nicaragüense e internacional. A muchos se les ha negado incluso el derecho a hablar en sus juicios.
En ocho meses, ni siquiera se les ha permitido hablar en privado con sus abogados o revisar sus expedientes. En los casos de Chamorro y Maradiaga, durante el juicio será la segunda vez que vean a sus abogados. Además, en los interrogatorios diarios se les ha negado la presencia de sus abogados.
A partir del 1 de febrero, cuando se reanudaron los juicios, han juzgado y declarado culpables a 16 de los 51 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre del año pasado. Incluso, a algunos ya les dictaron sentencia. Entre ellos, Ana Margarita Vijil, a quien le impusieron diez años de cárcel, y al periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, con una pena de 13 años de cárcel.
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Comunicado incendiario del Ministerio Público
Las autoridades judiciales anunciaron que el 15 de febrero junto con Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, juzgarán al también precandidato presidencial Arturo Cruz; a las dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera y Tamara Dávila; al exdiputado liberal José Pallais y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
Según los familiares de Chamorro y Maradiaga, los cargos imputados a los capturados entre mayo y noviembre son eminentemente políticos. Además, el comunicado emitido por el Ministerio Público el pasado 31 de enero, anunciando la reanudación de los juicios que el año pasado se habían suspendido por la supuesta «excesiva carga laboral» de los jueces, daba por culpables a los detenidos antes de ser enjuiciados.
«El Ministerio Público se refirió a los acusados como ‘delincuentes’, violando una vez más su derecho a la presunción de inocencia. El comunicado asevera que han ‘alterado la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses, […] lesionando los intereses supremos de la nación, [y realizando] actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua’, concluyendo la culpabilidad de los presos antes de llevarlos a juicio», denuncia el comunicado.
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