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CONTENIDO EXCLUSIVO.La abogada Eilyn Cruz trabajó 13 años en la Fiscalía, pero renunció a la misma en 2017, cuando vio que la institución estaba siendo engullida por el Frente Sandinista (FSLN). No toleraba la intromisión de ese partido en una institución tan sensible como el Ministerio Público, encargado de representar a toda la sociedad nicaragüense.
Poco después comenzó a trabajar en Acción Penal, un organismo en el cual trabajan muchos exfiscales que ahora luchan contra las arbitrariedades que se cometen desde la institución en que ellos crecieron como profesionales.
Cruz se encuentra ahora en el exilio, ya que la Policía la buscó en su casa el mismo día que capturó a María Oviedo, defensora de reos políticos, actualmente presa política de la dictadura.
En esta entrevista, Cruz analiza la utilización del sistema de justicia en Nicaragua por parte de la dictadura orteguista, especialmente de la Fiscalía, y valora la reactivación de los juicios en contra de los reos políticos.
¿Qué la llevó a apoyar a las víctimas de la represión orteguista?
Ya había represión desde antes de abril de 2018. El estallido de la crisis sociopolítica abrió las puertas para utilizar el sistema de justicia como un método de represión y el sistema penal se activó completamente en ese sentido. Las instituciones involucradas en la administración de justicia dejaron a un lado toda su institucionalidad de manera ya más obvia, dejaron a un lado su deber y obligación del cumplimiento de la Constitución Política, al Código Penal, al Procesal Penal y las respectivas leyes orgánicas. Esto hizo que se omitiera que las instituciones realizaran acciones que les corresponde o que realizaran acciones que eran excesivamente represivas. Todas las personas víctimas directas de la represión estatal estaban en indefensión y esto me motivó a formar parte de estas acciones.
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¿Qué veía desde la Fiscalía antes de 2018?
Había acciones que como profesional no compartía. Siempre estuve al margen de todas esas situaciones, por ejemplo, siempre estuve en desacuerdo con la partidización, que existieran movimientos como Juventud Sandinista y Comité de Líderes Sandinistas en una institución que se encarga de administrar justicia. En términos procesales, estuve en contra de que se instaurara la mediación entre víctima y agresor en los casos de violencia de género, que el femicidio fuera restringido al ámbito privado, que los casos que a criterio estatal fueran considerados de relevancia nacional fueran sustraídos de su juez natural. Sentía que no podía seguir siendo parte de ese sistema, porque no me sentía identificada. Nunca tuve un carné partidario y dije que el día que me instaran a tenerlo ese día se terminaba mi trabajo ahí. Ser parte de un partido dentro de una institución es ilógico.
¿En qué momento la Fiscalía se desvía de su misión para servirle a la dictadura en estos procesos políticos?
Los primeros procesos que empezaron a ver venían con arbitrariedades, como allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, esclarecer el caso con el testimonio de la persona investigada. Son actos de investigación nulos porque violentan la Constitución Política. Ante actos de investigación que tienen nulidades, lo que corresponde a una institución representante de la sociedad es analizar esos elementos de pruebas y si son ilícitos, pues no existe una prueba para ejercer la acción penal. Lo que corresponde es cerrar administrativamente por falta de prueba o porque esos hechos no constituyen delito. Sin embargo, pese a que estas pruebas eran de carácter ilícito, la institución continuaba acusando y sostenía esto hasta juicio.
¿Qué ha sido lo más grave que ha pasado en la Fiscalía?
La auténtica misión del Ministerio Público es representar a la sociedad y la víctima. La principal omisión ha sido investigar y ejercer la acción penal en el caso de las 325 personas fallecidas. Solo hay dos casos que sido criminalizados. Quiere decir que hay otras 323 víctimas, hablando solo de las que perdieron la vida. Hay otras víctimas.
¿Qué explicación encuentra para que se haya omitido investigar las muertes de abril de 2018?
No hay ninguna. La principal razón de investigar es esclarecer los hechos y acusar en contra de los perpetradores. Si se iniciaba una investigación eso tenía que ser en conjunto con la Policía, porque la ley así lo establece. Al tratar de esclarecer los hechos iban a quedar evidenciados quienes son los perpetradores.
¿Cómo influyó la llegada de una exjefa policial, Ana Julia Guido, a la jefatura de la Fiscalía?
Se consolidó la instauración de un partido dentro de la institución.
¿Qué diferencias había entre ella y el exfiscal Julio Centeno Gómez?
Durante el periodo de él, los fiscales ingresamos por concursos públicos de oposición. Teníamos capacitaciones, no había actividad partidaria dentro de la institución. Eso se fue diluyendo.
¿Cuáles son las peores irregularidades en los actuales juicios políticos?
Se ejecutaron detenciones en contra de la ley. Detenciones arbitrarias afuera de la Fiscalía.
¿Qué impresión tiene de que la dictadura esté reactivando estos juicios?
Estuvieron suspendidos sin mayor fundamento legal. Procesalmente tienen efectos de nulidad, si estuviéramos en un auténtico Estado de Derecho e independencia de poderes. Son estrategias con el objetivo quizá de crear una situación de intimidación, no solo para los presos políticos y sus familiares, sino para la sociedad en general.
“La auténtica misión del Ministerio Público es representar a la sociedad y la víctima. La principal omisión ha sido investigar y ejercer la acción penal en el caso de las 325 personas fallecidas. Solo hay dos casos que sido criminalizados. Quiere decir que hay otras 323 víctimas, hablando solo de las que perdieron la vida. Hay otras víctimas”.
Eilyn Cruz, exfiscal.
Hay nulidades tras nulidades, tras nulidades. Es lo que he escuchado.
En todos. Desde los primeros casos de 2018. Hay un sistema totalitario y al recurrir en segunda instancia hay barreras. En casación también.
Si cae la dictadura, ¿qué pasaría con estos procesos?
Serían nulos. Todos.
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¿Qué tan difícil ha sido trabajar para los exfiscales que laboran en Acción Penal?
Somos profesionales del derecho y tenemos derecho a trabajar de la forma que nosotros queramos, siempre y cuando sea acorde a las leyes. Mientras estuvimos en la institución, trabajamos dignamente. Dimos mucho de nuestra profesión y todo lo bueno que aprendimos, lo seguimos conservando. Sin embargo, lo erróneo que vemos hoy en día, que puedan estar realizando institucionalmente, tenemos y la libertad, conforme la Constitución Política, tenemos el derecho a disentir de esos procedimientos que ellos, Fiscalía, están realizando. Ese sentido crítico nuestro, hacia esas situaciones que son contrarias a la ley, nos trae como consecuencia ser víctimas también de la represión estatal. Hay una colega presa política y el resto que estamos en el exilio, víctimas de un desplazamiento forzado.Constitucionalmente, nos han violentado el derecho de residir donde nosotros queremos.
¿Qué puede pasar con todos esos funcionarios que han cometido omisiones a favor de las víctimas?
Ellos saben que se deben a la Constitución Política y a las leyes. Toda persona que transgrede la ley en un sistema de justicia, en un auténtico Estado de Derecho, pues debe de enfrentarla.
Ya hay fallos de culpabilidad contra los primeros reos políticos capturados a partir de mayo de 2021, ¿qué significa esto?
Que todas las personas van a ser sujetas a una condena.
Plano personal de Eilyn Cruz
Eilyn Margarita Cruz Rojas tiene 43 años de edad y es soltera. Nació en Managua, pero ha vivido la mayor parte de su vida en Estelí, de donde tiene gratos recuerdos de su infancia y adolescencia.
Es licenciada en derecho, graduada de la UCA, con una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la misma universidad.
No puede vivir sin un café con rosquillas. También le encanta el mar, sobre todo las playas de Rivas.
Se divierte viendo documentales en Netflix.