El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cambiado las formas de procesar a los presos políticos y ha mantenido otras, aunque todas consideradas arbitrarias. Defensores de derechos humanos indican que hay señales de que se condenará a los presos políticos que están en espera de juicio, ya no por delitos comunes, sino usando un combo de leyes aprobadas en los últimos años y realizando sumatoria de penas.
Ya son dos ciudadanos que hasta ahora han sido declarados culpables bajo la Ley de Ciberdelitos y de «menoscabo a la integridad nacional». Uno de ellos es Donald Alvarenga, quien incluso ya fue sentenciado y su condena fue «rectificada» de 12 años de prisión y 42 mil córdobas de multa. El otro es Douglas Alfredo Cerros Lanzas, quien aún está a la espera de su lectura de sentencia.
Como el caso de Alvarenga y Cerros hay varios. La madre de un detenido acusado por ambos delitos comentó que la abogada de oficio que le asignaron a su hijo le indicó que le darían 12 años de prisión: cinco por un delito y siete por otro, en un juicio que aún no ha ocurrido.
Los defensores de derechos humanos consideran que estas sentencias son una arbitrariedad más en los procesos y dan señales de lo que puede pasar en los próximos días.
«En el juicio de Alvarenga estoy viendo señales muy preocupantes porque fue el precedente de los últimos momentos. Lo condenan a 7 años, (luego) suben a 12 años. No podemos llamarlo ni siquiera juicios, son procesos intimidatorios, estos son chivos expiatorios para buscar intimidar al resto de la población», afirma Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Juicios programados
Núñez indica que siente temor y tiene el presentimiento de que ocurrirá lo mismo con los juicios que están programados para los próximos días. Para los primeros días de febrero están programados los juicios de Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Yader Parajón, Yaser Vado, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza e Irving Larios. Aunque no todos enfrentan los mismos cargos, la mayoría tiene conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y «propagación de noticias falsas».
«Yo tengo el mismo temor y el mismo presentimiento con los presos que van a ser llevados a esa pantomima de juicio. En un lugar inadecuado, violando todas las normas que ya se han explicado ampliamente. En el Chipote se viola la publicidad del juicio y la celeridad del juicio. Les prolongaron la detención», afirma Núñez.
Una de las constantes en el caso de los presos políticos detenidos antes de 2021 y los que están acusados con este «combo de leyes» es que se imponen penas no argumentadas en derecho.
«Los expedientes los sacan de los juzgados y se los llevan a los operadores políticos. Payo (Rafael) Solís confesó que le llevaban los expedientes y que prácticamente él decidía cuántos años le iban a imponer a cada quien. Eso no ha cambiado, solo se cambió de operador político», expresó Núñez.
12 años parece ser un número clave para las penas, a algunos de los presos políticos detenidos en 2020 ya se les aplicó 12 años por otros delitos.
El estudiante universitario autoconvocado John Christopher Cerna Zúniga fue condenado a 12 años de cárcel por supuestamente vender droga, aunque esto no fue probado en el juicio. La jueza Adela Cardoza, titular del Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, también ordenó 600 días multa, que equivalen a 37,434 córdobas que deberán depositar en una cuenta bancaria del Gobierno.
El juicio se desarrolló en un solo día en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua. En el proceso declararon seis testigos, todos policías. Los dos primeros policías que declararon son los que capturaron al joven el 28 de febrero.
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Policías como testigos, abogados sin contacto con defendido
LA PRENSA realizó el perfil de 118 presos políticos, 10 de ellos detenidos antes de 2018, y en la mayoría de los casos se les acusaba de delitos comunes, sin embargo, estos casos y los de los capturados en 2021 tienen algo en común: policías como testigos.
«Ese uso de los policías para probar hechos de delincuentes comunes es costumbre vieja de los sistemas judiciales imperfectos. Cuando yo litigué como abogada defensora, no solamente de presos políticos, sino de presos comunes, me daba cuenta que cuando no tenían pruebas ponían como testigos de cargo a los policías y los policías no decían más que ‘yo les encontré tal cosa’. Allá era porque no tenían prueba, aquí es porque no pueden buscar un testigo idóneo porque no hay delito que investigar, no hay testigo que pueda decir yo vi que cometió tal delito, porque el delito no existe, esa es la única variante», remarca Núñez, quien considera esto una copia de «mañas viejas de la justicia somocista».
Endurecer las penas
Núñez remarca que los juicios tienen términos y ese término se llama «término fatal», es decir que se tienen que cumplir. Indica que lo que establece la ley que si se vence el término el detenido debe ser puesto en libertad, porque no han encontrado ninguna prueba, porque los delitos son inexistentes.
Por su parte Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, comenta que entre los mensajes que deja el Gobierno con la condena de Alvarenga es «endurecer las penas para los que están secuestrados, para sus familiares que están también sometidos a malos tratos y crueldad y quebrar su dignidad, su voluntad».
«La señal es clara, es el endurecimiento de lo que ya tiene una trayectoria que se acerca a los cuatro años de un abuso de poder ilimitado porque la sentencia sea en cualquier orden, pero sobre todo en lo penal, de una autoridad competente, independiente, es consecuencia de todo un proceso que es mediante el legal y debido proceso, es decir que las partes se escucharon, que la detención como dice la Constitución, artículo 33», comenta.
«Esas sentencias duras, draconianas, inconstitucionales, tienen el propósito de aumentar los sufrimientos de las personas secuestradas y de sus familiares», afirma Carrión.
Asegura que «esas penas dan pena». «Vergüenza ajena de un poder que perdió la dignidad en el ejercicio de la función, en el ejercicio del cargo. Sigue aplicándose lo de ‘vamos con todo’. Por algo aprobaron ese combo de leyes, para darle fachada de legalidad a los abusos de poder», dice, en referencia a las leyes aprobadas en 2020 que tienen como finalidad judicializar a las personas opositoras.
Sobre los juicios que se realizarán en los próximos días coincide con Núñez en que no se harán en el lugar idóneo. «Las unidades de privación de libertad no son establecimientos para hacer una audiencia oral y pública, desde el punto de vista de la psicología de la persona secuestrada y hasta de la misma persona que hace de juez. Están rodeados de tipos armados», explica.
Comenta que esta forma de realizar las audiencias, los juicios, muestra por qué no es extraña la cantidad de abogados que se han ido del país.
Hay casos como el del precandidato presidencial Félix Maradiaga que ha cambiado cuatro veces de defensor, uno de ellos fue Róger Reyes, quien también fue detenido y se encuentra en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial.
