El problema de los presos políticos de Nicaragua es esencialmente humanitario y de palpitante interés nacional e internacional.
Está en el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Está en la agenda diaria de los movimientos políticos y sociales democráticos, dentro del país y en el exilio. Y es una preocupación permanente de la comunidad democrática internacional.
La problemática de los presos políticos es también del interés de la mayoría de los nicaragüenses. Así lo reveló una encuesta de CID-Gallup en diciembre del año pasado: el 73 por ciento de las personas en el país creen que la situación de los presos políticos es injusta. Y el 67 por ciento opinó que deben ser liberados y que los juicios que les han montado sean anulados.
Esos datos de CID-Gallup son citados en una declaración pública suscrita y respaldada por familiares de 44 presos políticos, que se dio a conocer el martes 25 de enero. Se trata de una demanda de libertad de todos los presos políticos con un enfoque distinto, planteada como el comienzo de un proceso de sanación espiritual y política de la malherida sociedad nicaragüense.
“La libertad de nuestros presos —se dice en la declaración—, no es un asunto de preferencias partidarias, ni es una maniobra en la lucha por el poder. Su liberación, más bien, se puede ver como el paso inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad para los hogares nicaragüenses, dentro y fuera de nuestras fronteras; y que ayude gradualmente a reducir grietas en nuestra sociedad… dispuestos a construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido”.
En el asfixiante ambiente de extrema polarización política que hay en Nicaragua, este planteamiento de reconciliación nacional es valiente. Algunos dirán que es una claudicación. Otros, que detrás hay una maniobra del régimen para manipular a los familiares de los presos políticos y usar a estos como moneda de cambio en eventuales negociaciones.
Sin embargo, nadie puede quitar ni negar a los familiares de los presos políticos el derecho de pedir su libertad y abogar por la reconciliación nacional. Más bien hay que apoyarla, como lo ha hecho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo mismo que el ilegalizado partido político nicaragüense Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
En realidad, todos o la mayor parte de los nicaragüenses deberían respaldar la petición de los 44 parientes de presos políticos, de que todos estos sean liberados y que se promueva un proceso de verdadera reconciliación nacional. Dios ha de querer que esto sea posible.