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Imagen referencial. Archivo/LA PRENSA

Sin el Cosep ni Conimipyme, ¿Con quién negociarán el salario mínimo los sindicatos y el gobierno?

Sindicalistas sostienen que este año debe haber un reajuste salarial de al menos un 15 por ciento, con base en el crecimiento económico y la inflación, proyectada por el BCN.

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A partir de este mes se comenzará a revisar el salario mínimo de nueve actividades económicas del país, que se aplicará del 1 de marzo de este año al 28 de febrero de 2023.

Sin embargo, ante la ausencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), que representaban al sector privado años atrás, la pregunta es ¿quién será la tercera parte en la mesa de negociación de la paga mínima, junto con los sindicatos y el gobierno?

El Cosep no ha participado en las negociaciones del salario mínimo en los últimos años, desde que explotó la crisis sociopolítica del país. Y las represalias en contra de miembros de esa organización, lejos de acabarse, más bien se han incrementado, por lo tanto está en tela de duda si este año decidirán sentarse a negociar.

El pasado 21 de octubre, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó encarcelar al presidente y vicepresidente del Cosep, Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente. Ambos fueron detenidos por la Policía orteguista por una supuesta investigación por lavado de dinero, bienes y activos, y ya llevan 76 días en prisión. Además, el expresidente de la organización gremial, José Adán Aguerri, también está encarcelado desde el 8 de junio del año pasado.

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Por otro lado, el 13 de diciembre último, el régimen Ortega Murillo ordenó quitar la personería jurídica al Conimipyme, entidad ligada al empresario Leonardo Torres, y que representaba a la mayoría de las mipymes del país en la mesa tripartida del salario mínimo nicaragüense.

Pedirán ajuste de dos dígitos

El secretario de la Confederación de Trabajadores de Zonas Francas (CST-ZF), Pedro Ortega, se imagina que el Ministerio del Trabajo (Mitrab) llamará la próxima semana a las tres partes para decir qué día se instalará la Comisión Nacional de Salario Mínimo y empezar la negociación a finales de enero.

Ortega dijo que “las cámaras empresariales que están aglutinadas en el Cosep pueden participar, (ya que) la ley no los limita más que acreditar ante el Mitrab quién va a ser su propietario y quién va a ser su suplente para la negociación del salario mínimo”.

Mientras tanto, aseveró que su solicitud, como representante de la parte trabajadora, girará en torno a un reajuste salarial mayor del 15 por ciento. “Esperamos que este año el salario sea sustentable para la clase trabajadora”, sostuvo.

La propuesta, según Ortega, se basa en el hecho de que el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha reportado que varios sectores económicos están registrando crecimiento, al igual que el indicador de la inflación, que son los que se toman en cuenta para definir la paga mínima.

Específicamente, el BCN afirmó que entre enero y septiembre de 2021 el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 9.9 por ciento, registrando un promedio de 6.7 por ciento en los últimos 12 meses.

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Con base en esos datos, el máximo emisor bancario ajustó sus proyecciones en relación al crecimiento económico y pronosticó una expansión de entre 7.5 y 9.5 por ciento en 2021.

Mientras tanto, la estimación oficial de la inflación para ese año pasó de entre 5 y 6 por ciento a un pronóstico de entre 6 y 7 por ciento, un fenómeno que se está viviendo en la economía mundial debido a los problemas de logísticas y por el aumento del precio del petróleo y sus derivados.

“Ahora que hay un crecimiento económico, consideramos que los empresarios no se deben asustar por ver esos dos indicadores que dan positivo. Se deben alegrar porque los trabajadores van a tener mayor poder adquisitivo en vista de que la propuesta del movimiento va a ser mayor de un 15 por ciento de aumento salarial, en base a los datos del Banco Central y en base a la Ley de Salario Mínimo, que dice que para negociar tenemos que tomar en cuenta dos referencias que son: crecimiento económico del país e inflación anual”, explicó.

La Ley 625, Ley de Salario Mínimo, también establece que se debe tomar en cuenta el costo de la canasta básica, la cual hasta octubre del año pasado se ubicaba en 15,512.57 córdobas, es decir, 986.23 córdobas más que el monto registrado en diciembre de 2020 (14,526.34 córdobas), según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).

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“Lo que hablamos es que se tiene que tomar de referencia la canasta básica, que ha tenido mayores incrementos en 2021, si nos pondríamos a eso, la propuesta de salario mínimo sería superior, pero al menos nos vamos a conformar con más del 15 por ciento”, expresó Ortega.

Hasta ahora, LA PRENSA no ha logrado conseguir que representantes del sector privado ligado al Cosep se pronuncien sobre este tema, ya que temen a las represalias del régimen.

«Tendencia alcista, desempleo y migración”

Nilo Salazar, dirigente de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGTI), compartió que en estos momentos no han decidido una propuesta “porque la situación de los últimos años no ha dado respuesta para los trabajadores».

«Han sido unos simulacros todos raros”, comentó.

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“La verdad es que no somos partidarios del tipo de decisiones que se toman de esa naturaleza. Es una miseria lo que le suben al salario mínimo, frente a los costos de la canasta básica. Todo nicaragüense sabe cuánto se ha elevado el costo de la canasta en este país y cómo el efecto del alto precio de los combustibles provoca que todos los productos suban de precio, y los dueños, empresarios y negociantes lo que hacen es continuar con la tendencia alcista”, mencionó.

Según Salazar, a través del salario mínimo se produce un efecto adverso que no beneficia en nada a los trabajadores: “lo que se habla no es de un incremento para los trabajadores, más bien es para avisarle a los empresarios que les suban más a los precios de los productos”.

“Por ejemplo, un vigilante gana unos 5,000 córdobas, en contra de una canasta básica de más de 15,000 córdobas, es una diferencia abismal. Nosotros nos vamos a reunir este fin de semana y vamos a abordar dentro de nuestros temas qué visión tenemos como organización frente a esta situación. El salario de un carpintero, un albañil, un armador, está congelado desde el 10 de octubre de 2017 hasta esta fecha”, lamentó.

A criterio de Salazar, existen negociadores que tienen una visión “como que no se dan cuenta de lo que le pasa a este pueblo, (porque) no se dan cuenta que esos salarios ya no responden a la vida del mercado, (donde) hay desempleo masivo, aumento de la migración, hay impuestos súper altos por todos lados, etcétera”.

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“De pronto el trabajador dice ´ideay, me van a aumentar un 3 por ciento de salario mínimo, pero me vas a subir el 10 por ciento en el valor de tal producto, ¿Entonces qué estamos haciendo?´. No hay políticas de protección sobre el costo de vida, aquí todo se encarece. El pueblo cada día está aguantando más hambre, y con la situación actual hay familias que con dificultad hacen un tiempo de comida al día”, criticó.

Gobierno prevé ajuste del 3 por ciento

El régimen de Daniel Ortega contempló en el Presupuesto General de la República un ajuste en el salario de los trabajadores del Estado del 3 por ciento, en correspondencia con el deslizamiento anual de la moneda.

En el 2021, el régimen, en el contexto de las malogradas elecciones presidenciales del país, ordenó que a partir de agosto se aplicara un ajuste del cinco por ciento, que compensaría en parte dos años de congelamiento del salario de los trabajadores públicos, aunque economistas independientes explicaron que era insignificante ante el aumento del costo de la vida.

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