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CONTENIDO EXCLUSIVO.El anuncio del régimen de Daniel Ortega de aplicar a partir de agosto un ajuste del cinco por ciento en el salario de más de 137 mil trabajadores del Estado ha puesto contra las cuerdas la próxima reunión del salario mínimo, que deberá ser convocada antes de septiembre, tal como lo ordena el artículo 4 de la Ley del Salario Mínimo, el cual señala que estos salarios deben ser evaluados cada seis meses.
Hasta ahora el Ministerio del Trabajo (Mitrab) convocaba a la mesa nacional de salario mínimo cada agosto, integrada por el Gobierno, sindicatos y empresas, para ratificar el acuerdo suscrito en febrero y que regía en los dos tramos del año, pero la decisión de Ortega de aplicar un ajuste del cinco por ciento en el salario de todos los trabajadores del Estado, incluidos los que están en el mínimo, empezó a animar a los sindicatos con el propósito de pedir que en la próxima reunión también se valore un ajuste similar para el resto del mercado de trabajo.
El mismo presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres, no descarta que exista esa posibilidad de que aumente la presión por parte de los sindicatos para que se reabra el acuerdo pactado a inicios de este año en materia de salario mínimo, tomando en cuenta el contexto visto en el Estado, pero será hasta el próximo mes cuando se sabrá qué ocurrirá.
“El salario mínimo corresponde a revisarse en agosto y nosotros ya habíamos acordado el salario mínimo del año. Sin embargo, al incrementar en cinco por ciento el salario de los trabajadores del Estado, eso estimula la posibilidad de que nosotros vayamos a discutir un incremento del salario mínimo para todos los trabajadores del sector privado en agosto a febrero de 2022”, enfatizó.
Sin embargo, Torres insistió en que hay que proteger el empleo, para aumentar las contrataciones e impulsar el desarrollo de la economía y eso pasa por decisiones prudentes en materia de revisión de salarios. “Sé que ellos (los sindicadores) están estimulados por el cinco por ciento del sector público, pero al sector público no se le había aumentado, lógicamente. Esa es nuestra posición por el momento, no discutir ajuste en el salario mínimo, pero no nos cerramos a ninguna discusión. Si nos convocan a la mesa del salario mínimo y ya nos dicen que no es solo ratificarlo lo que ya habíamos firmado a inicios de año para que corriera todo el año hasta febrero del 2022, pues escucharíamos qué tienen que decir los sindicalistas”, dijo.
Eso sí, Torres subraya que “si hubiese algún incremento, siempre debe ser diferenciado para la gran empresa y para las mipymes. Y dos, ese incremento jamás puede ocasionar una destrucción de empleos, estamos creciendo en empleos, tenemos una mayor afiliación”. Por ahora este tema no lo tienen contemplado en la agenda de Conimipyme, atajó.
En febrero la mesa del salario mínimo determinó un ajuste del tres por ciento para ocho de los diez sectores que están dentro de la tabla del salario mínimo y de uno por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas, más el 8.25 por ciento en zona franca previamente pactado en un acuerdo multianual.
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El artículo cinco del acta de acuerdos divulgada por el Ministerio del Trabajo establece que dicha entidad “convocará a la Comisión Nacional del Salario Mínimo a fin de cumplir con el artículo 4 de la Ley 625, Ley del Salario Mínimo”. Este señala que “el salario mínimo se fijará cada seis meses atendiendo a las modalidades de cada trabajo y el sector económico. Esta fijación puede ser por unidad de tiempo, obra o por tarea, pudiendo calcularse por hora, día, semana, catorcena, quincena o mes”.
Y agrega: “La no convocatoria de la Comisión Nacional de Salario Mínimo acarreará responsabilidades administrativas al Ministro del Trabajo. El Presidente de la República le aplicará una sanción pecuniaria no menor de un monto equivalente a dos meses de salario, ni mayor de un monto equivalente a seis veces su salario mensual, los que serán depositados en la Tesorería General de la República, sin perjuicio de otras medidas que el Presidente de la República pueda tomar”.
La reunión, entonces, se realizaría a dos meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre y esto puede representar para Ortega una oportunidad para ganar adeptos, en momentos en que existe un rechazo generalizado contra el Gobierno por las arbitrariedades cometidas desde abril del 2018 y las constantes violaciones de los derechos humanos en el país.
De hecho, el Gobierno decidió reactivar por ley la revalorización anual de los salarios de los trabajadores del sector público, luego de casi tres años de haber congelado dicho ajuste aduciendo afectaciones en las finanzas públicas por el supuesto intento fallido de golpe de Estado.
El anuncio del ajuste lo hizo en la misma semana del proceso de verificación ciudadana, de cara a las elecciones de noviembre, en cuyo proceso ordenó a los servidores públicos trabajar, pese a que es una responsabilidad exclusiva del Consejo Supremo Electoral.
Medida no beneficia a todos
Cabe mencionar que son más de 200 mil trabajadores en Nicaragua que devengan el salario mínimo, según estimaciones oficiales y que una gran mayoría de los tres millones de trabajadores en el mercado laboral no reciben ni siquiera esta paga mínima, especialmente los que están en la informalidad.
Torres dice que “habrá que esperar a la hora que nos vayamos a sentar en la mesa, ahí lo discutiremos, pero bueno, como el Producto Interno Bruto (PIB) ha venido creciendo entonces algo se podrá hacer, todavía no hay nada dicho, pero existe la posibilidad”.
De hecho, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, esta semana dijo que el ajuste del cinco por ciento en el Estado se originó por la mejora de la economía, la reactivación de las actividades y mayor exportación y que por tanto parte de esta se debía trasladar a los servidores públicos, a la vez que reconoció que el salario de los trabajadores de la empresa privada es más rezagado.
Cosep aún no aborda el tema
Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, manifestó que no se ha abordado el tema con los miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
“Es un tema que no lo hemos abordado, yo creo que ha habido una leve recuperación pero no ha sido completa, sí consideramos que es importante que la gente gane mejor, pero hay que hacer una revisión en todo. Nosotros como cámara hemos hablado sobre la Ley de Concertación Tributaria, pero también creo que es justo, porque si a las empresas les va bien, es bueno que se refleje en los trabajadores. Habrá que ver la realidad y el contexto en que estamos actualmente para que sea justo para todos, viable y sostenible; es un tema que no hemos hablado, tendremos que analizarlo primero”, enfatizó.
LA PRENSA se contactó con Michael Healy, presidente del Cosep, quien señaló que van a consultar el tema con el resto de miembros.
Las variables a tomar en cuenta
Pero ¿cómo se han comportado las variables que se toman en cuenta en la revisión de la paga mínima? Según la Ley del Salario Mínimo, en la determinación del ajuste de este salario se deben tomar en cuenta tres indicadores: el crecimiento económico, el comportamiento de la inflación y la evolución de la canasta básica.
Con relación a la canasta básica, en los primeros seis meses de 2021 esta ha aumentado 779 córdobas, al pasar de 14,526.34 córdobas en diciembre de 2020 a 15,305.34 córdobas en junio de este año, lo que equivale a un incremento del 5.3 por ciento. De hecho, en lo que va del año, este es el tercer mes en que el costo de la cesta familiar rebasa los 15,000 córdobas, según cifras del Inide.
Asimismo, si se compara con el costo que tenía dicha canasta en mayo (14,957.11 córdobas), para junio se refleja un aumento del 2.32 por ciento, es decir, una diferencia monetaria de 348.23 córdobas.
Respecto al crecimiento económico, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estima una expansión de 3.7 por ciento del PIB al finalizar el 2021, superando el rango proyectado por el Banco Central de Nicaragua (BCN), que oscila entre 2.5 y 3.5 por ciento.
El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) a mayo experimenta un aumento de 7.8 por ciento, una expansión no observada desde antes del estallido de la crisis sociopolítica en abril del 2018 y previo a la pandemia. Solo en mayo este indicador repuntó 15.1 por ciento.
Igualmente, en junio de este año el Índice de Precios al Consumidor registró una inflación de 0.72 por ciento, para situar el indicador acumulado en 2.24 por ciento, según datos publicados por el Inide.
Sindicalistas esperan ajuste
Nilo Salazar, dirigente de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGTI), sostuvo que normalmente las políticas del salario mínimo en Nicaragua se han realizado cada seis meses, “pero últimamente vinieron con resultados todos raros, es prácticamente cada año”.
“Lo lógico sería que si fuese cada seis meses, ahorita para septiembre tendría que verse una discusión del salario mínimo. Y más con lo del ajuste para los trabajadores del Estado, aunque también es insignificante porque la canasta básica anda por 15,300 córdobas”, mencionó al respecto.
Asimismo, indicó que “en el sector privado, la presión no es si se ajustaría por las elecciones presidenciales o no, la presión viene desde hace rato. Lo que pasa es que en el Ministerio del Trabajo (Mitrab), hay una serie de organizaciones que realmente han venido apoyando los criterios del famoso consenso y no han venido incrementando el salario mínimo, han hecho ajustes mínimos, que es otra cosa, pero jamás al rumbo de lo que cuesta realmente la canasta básica”.
Salazar aseguró que desde el punto de vista sindical, de las organizaciones independientes, “venimos presionando porque es una barbaridad cómo está la situación, quisiéramos que en septiembre y de acuerdo con lo que dice la Ley 625, hubiera una revisión de salario y se mejore el salario mínimo de todos los que están bajo ese criterio, pero una cosa es decir ‘lo deseamos’ y otra cosa es los que están gobernando dicen ‘no’”.
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“También hay una serie de empresarios que no quieren negociar los aspectos del salario mínimo. El mismo sector privado no quiere acercarse a las mesas del salario mínimo, porque para ellos los salarios que ganan los trabajadores están bien, pero para los empleados no están bien”, aclaró.
“Por ejemplo, un vigilante gana unos 5,000 córdobas, en contra de una canasta básica de más de 15,300 córdobas, es una diferencia abismal. Aquí hay que revisar una serie de cosas con mucha responsabilidad y buscar políticas de crecimiento y que haya un respeto, por lo menos al derecho de comer del ciudadano. Por eso, lo que más se espera en Nicaragua es que haya un cambio de Gobierno, porque ya no se aguanta esta situación”, afirmó.