A un año de la aprobación de la Ley 1055, Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz —conocida como Ley Guillotina— una ley que tiene solo dos artículos, se encuentran tras las rejas, más de 30 líderes opositores, detenidos por el régimen e investigados por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos”, de conformidad al artículo 1 de esta ley.
La Ley de 1055, fue publicada en La Gaceta y entró en vigor el 22 de diciembre del año 2020 y según los analistas, fue creada con el fin de inhibir de optar a cargos de elección popular a todo nicaragüense que la dictadura acuse de dirigir o financiar golpes de Estado, así como negociar y solicitar sanciones a gobiernos extranjeros en contra de funcionarios afines al gobierno de turno.
“Esta ley ha sido utilizada por la Policía y el Ministerio Público, por las autoridades jurisdiccionales para darle cobertura, entre comillas, de legalidad a los actos arbitrarios, sobre todo de detenciones sin ningún tipo de justificación desde la perspectiva de la presunta comisión de delitos; porque crearon un marco jurídico a través de esta ley sumamente amplio, englobado y ambiguo, se les hizo muy fácil comprender las presuntas conductas que habían cometido todas y todos los detenidos en las disposiciones normativas”, afirmó Juan Diego Barberena, abogado y parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Un total de 22 integrantes de la UNAB están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el nuevo Chipote y esto ha representado un golpe para esta plataforma opositora.
“Sin duda representa una situación sumamente adversa, pero también refleja que ya cuando un régimen político no tiene más opciones que crear su propio ordenamiento normativo y represivo para encarcelar la disidencia, acorralar a las fuerzas políticas adversas, está jugando sus últimas cartas porque no tiene capacidad de competir, debatir, de negociar. Encarcela a los principales liderazgos, que lo vamos a ver, que es el inicio de la salida del poder de Ortega y Rosario Murillo”, aseveró.
Las irregularidades que tiene la Ley 1055
Pese a que la Ley Guillotina se ha utilizado para encarcelar a opositores, especialistas han advertido que este instrumento legal no tiene alcance penal desde su concepción. Según la explicación de la doctora en derecho, Asunción Moreno, «esta ley es una inhibición electoral, es de orden administrativo electoral que podría solo aplicarla el Consejo Supremo Electoral y se acabó; sin embargo, la han ocupado para abrir causas penales que no tienen nada que ver… y si quisieran aplicarla para los delitos de traición, entonces deberíamos estar en guerra y tampoco caben para aplicarse en los delitos contemplados en el Código Penal», aseveró Moreno.
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Además Moreno ha señalado que ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva, lo que ocurre únicamente en materia penal cuando se favorece al reo, esto con base al artículo 38 de la Constitución Política. «Y ahora no es el caso, porque no están favoreciendo a los detenidos, sino que los están perjudicando. Además, las supuestas investigaciones de la Fiscalía giran en torno a periodo pasados, como 2015 y 2019, cuando estas leyes no existían”, explicó Moreno.
Durante el plenario entre los diputados para la aprobación de la ley, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, amenazó directamente afirmando “No han querido entender que la acción es de delincuentes. El que se ponga a alguien a decir: ¡Que venga la intervención!, eso es un delito contra la Constitución, es un delito por traición, es un delito contra la paz. Y se ponen a hacer los tranques de la muerte, eso es terrorismo. Hacen eso y ahora quieren andar alzando la bandera porque son candidatos”.
Las restricciones con los encarcelados
Entre los opositores capturados bajo la aplicación de la Ley 1055 hay exguerrilleros sandinistas disidentes, activistas, campesinos, empresarios, estudiantes y profesionales independientes. Y según sus familiares todos se encuentran en indefensión absoluta.
«Aún no se les ha permitido reunirse con sus defensas técnicas y se continúan practicando interrogatorios en ausencia de sus abogados», señalaron los familiares en una declaración conjunta, luego de que accedieron a su tercera visita en seis meses. «Todas las peticiones presentadas por sus abogados son denegadas o no resueltas. No se ha respetado el debido proceso de ley y sus procesos suspendidos, de facto, forma indefinida», indicaron.
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Entre las denuncias están que sufren deterioro físico, están sin atención médica especializada y permanecen con las luces de las celdas encendidas las 24 horas, además de no tener ropa para protegerse del frío y evitar la comunicación entre ellos.
Entre los presos están siete que habían declarado su interés en competir como candidatos contra Daniel Ortega en las elecciones generales del 4 de noviembre.
