Como en los últimos setenta años, este 18 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional del Migrante. Pero este año, a la inestabilidad económica y la dura realidad que implican la separación de las familias provocada por la migración, según la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), se suman dos hechos inaceptables provocados por la pandemia: una nueva ola de rechazo hacia los migrantes y su creciente instrumentalización con fines políticos. A criterio de especialistas actualmente el derecho a migrar es el que más se viola; ya que cada día las condiciones para hacerlo son más adversas.
Para la OIM la respuesta frente a la covid-19 patentó la importancia del trabajo de los migrantes para enfrentar la pandemia y su contribución a la economía de los países en que residen y de los suyos. Según el Banco Central de Nicaragua (BCN) en 2020 los nicaragüenses enviaron desde el exterior 1,851 millones de dólares en remesas; monto que se convirtió en uno de los pilares que sostiene la economía. Cerca del 90 por ciento de esos recursos llegaron de Estados Unidos, Costa Rica y España.
Rosario es una de las miles de nicaragüenses que se vio obligada a emigrar a raíz del estallido social del 2018; además, es una de las miles que mes a mes envía dinero desde España, para tratar de que sus padres tengan lo necesario para vivir. Ella es universitaria y perdió su trabajo en una reconocida empresa; y ante la inestabilidad política optó por viajar a España. Como ella miles de nicaragüenses enfrentan múltiples violaciones a sus derechos; lo hacen para garantizar el pago que cada fin de mes les permite enviar dinero a sus familias.
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Casa y comida y a cambio se adaptan a una vida de esclavas
En los últimos años España se ha convertido en uno de los principales destinos, especialmente para las mujeres. Eso la ha consolidado como el segundo país emisor de remesas, después de Estados Unidos. Allí con facilidad encuentran empleo como trabajadoras del hogar o cuidadoras de adultos mayores con un salario de entre 900 y 1,100 euros mensuales.
Esa paga representa entre 36 mil y 43 mil córdobas mensuales; en Nicaragua la cifra representa el salario que recibe una trabajadora del hogar durante unos siete meses de trabajo. Sin embargo, también implica múltiples violaciones a los derechos de estas mujeres. Ellas terminan convertidas en esclavas modernas, ya que trabajan las 24 horas del días los siete días de la semana.
«Como cuidadora te ahorras el pago del cuarto y comes en la casa. Pero eso implica trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, perdés la libertad. Porque durante el día se realizan las labores del hogar y en la noche hay que incrementar los cuidados a los adultos mayores. Ya que tenes que darles su medicamento y garantizar que nos les pase nada mientras duermen. A eso se suma que cuidar a los ancianos no es fácil. Muchas veces sus facultades mentales les fallan y generalmente ellos son grandes y las nicas somos chaparritas y tenemos que cargarlos; y no te proporcionan equipos para hacerlo, tenés que usar tu fuerza», dice Rosario.
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Aguantan por sentir la satisfacción de enviar las remesas
Rosario dice que las mujeres enfrentan incontables abusos y violaciones a sus derechos, pierden el derecho a la libertad y a un salario digno. También son víctimas de compatriotas latinos que se aprovechan de los recién llegados para lucrarse de su trabajo. Para ella, en el caso de España, la ley de migración es otro «obstáculo». Solo después de tres años de haberse empadronado y contar con un contrato laboral de jornada completa por un año, permite iniciar los trámites de legalización del estatus migratorio y acceder a beneficios laborales. Y contratos de ese tipo, generalmente solo se consiguen estando internas en casas.
«Mi mayor satisfacción es llegar a fin de mes para ir a depositar y llamar a Nicaragua y decirle mamá ya te mandé. Eso me da seguridad de que si surge una necesidad tienen de donde echar mano. Además, si me regreso a Nicaragua qué voy hacer si ya ni en las zonas francas hay trabajo», sostiene Rosario.
Rosario considera que afortunadamente a ella le ha ido «bien», otros incluso pierden la vida. Uno de los casos más divulgados fue el de Eleazar Blandón, que murió el año pasado por insolación mientras recolectaba frutas en una plantación española. La misma suerte han corrido otros migrantes en Estados Unidos y Costa Rica que tradicionalmente han sido los dos principales destinos de los migrantes; y que en los últimos años han sido los principales destinos de una oleada migratoria.
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Miles han tenido que salir de Nicaragua desde el 2018
Según la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR por su sigla en ingles), más de 108 mil nicaragüenses se han visto obligadas a abandonar el país desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018 y hasta abril de 2021, de ellas, 85 mil pidieron refugio en Costa Rica.
Entre enero y noviembre en las fronteras con Estados Unidos fueron capturados más de 72 mil nicaragüenses intentando entrar de forma irregular.
De acuerdo al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más desde 2018 a la fecha hay más de 125 mil solitudes de refugio de nicaragüenses en Costa Rica.
Según el Migration Policy Institute en el censo de 2019 se registró a 257 inmigrantes nicaragüenses que viven en Estados Unidos; adicionalmente se calcula que hay unos 60 mil inmigrantes no autorizados y al 2020 había 62,100 en espera de respuesta a su solicitud de asilo.
Igual que Rosario, cada uno de los migrantes ha estado expuesto a múltiples violaciones a sus derechos. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), los desplazados enfrentan situaciones de vulnerabilidad como consecuencia de las situaciones que los obligan a abandonar su país; las circunstancias en las que viajan y las condiciones que enfrentan a su llegada al país de destino. También sus características personales, de edad, género, discapacidad o estado de salud los exponen a violaciones.
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Actualmente se viola hasta el derecho a migrar
Para la ONU, la vulnerabilidad a las violaciones de los derechos humanos resulta de las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, desigualdad y dinámicas estructurales y sociales, que conducen a niveles disminuidos y desiguales de poder y disfrute de los derechos.
A criterio de un especialista que prefiere omitir su nombre, entre estas dinámicas sociales actualmente uno de los derechos que más se viola es el derecho a migrar. «Lo violan todos los gobiernos que crean condiciones expulsoras», señala el especialista.
Las condiciones a las que se refiere están reflejadas en diversas políticas de exclusión. Actualmente algunas son justificadas por la pandemia. Muchos países usan de pretexto las medidas de prevención de la propagación de la covid-19 para evitar o al menos obstaculizar el ingreso de los migrantes a sus territorios. En otros casos la justificación es política. Actualmente varios países utilizan su política migratoria como instrumento político contra sus adversarios. La decisión de Nicaragua de conceder entrada libre a los cubanos es una de esas acciones. Ya que se teme que estimule la migración hacia Estados Unidos y agudice la crisis migratoria que ese país enfrenta.
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OIM piden incluir a migrantes en planes de recuperación postpandemia
Para el sociólogo José Luis Rocha además de las violaciones en los países de destino, también hay en el transito hacia esos países. Especialmente cuando se viaja de forma irregular a Estados Unidos. «Hay derechos violados en el tránsito por México: secuestros, extorsiones, forzados a pagar sobornos y otros», señala Rocha.
Y cuando en los países de destino, sea España, Estados Unidos y otros, pierden el derecho a la libre movilidad y a un salario digno. Tampoco tienen beneficios sociales aunque paguen impuestos. «Incluso algunos empleadores los denuncian a la migra para que sean deportados antes de cobrar sus cheques», dice Rocha.
Ante este panorama nada alentador, la OIM hace un llamado a los gobiernos, les pide «pasar de las palabras a la acción». Para que todos los migrantes, sin importar su situación jurídica, sean incluidos en los planes de recuperación económica y social postpandemia.
Y como organización se compromete a renovar su compromiso de establecer y reforzar las vías legales para la migración. Y garantizar que estas permitan proteger la soberanía de los países y los derechos humanos de los migrantes.
