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El 22 de diciembre de 2014, hace dos años, miembros de la Comisión del Gran Canal y el presidente de la empresa HKND Group, Wang Jing, inauguraron lo que ellos llamaron el arranque de la megaobra en Brito, departamento de Rivas. LA PRENSA/TOMADO DE EL 19 DIGITAL

A siete años de la farsa del Gran Canal, ¿dónde están C$45 millones que Ortega ha gastado de los impuestos en el proyecto?

Este mes se cumplen siete años desde que el régimen de Daniel Ortega dio por inaugurado el inicio de construcción del Gran Canal Interoceánico. Desde entonces sigue gastando dinero de los impuestos para la supuesta obra

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A siete años de que el orteguismo diera por iniciadas las obras de construcción del megaproyecto fallido del Gran Canal de Nicaragua, el dictador Daniel Ortega se ha gastado más de 45 millones de córdobas para esta obra fantasma, y prevé destinar otros 7.8 millones en el 2022, pero hasta ahora se desconoce el destino final de estos recursos pese a que el proyecto prácticamente quedó en papel y está envuelto en una trama de estafa a nivel internacional orquestada por su principal impulsor Wang Jing.

Para miembros del Movimiento Campesino que se encuentran en el exilio el proyecto representa «una estafa» para el pueblo, y consideran que ante un nuevo Gobierno, Ortega debe ser puesto antes las autoridades para ser procesado por este delito, pero sobre todo para que rinda cuenta sobre el uso de los recursos públicos para la supuesta obra.

Si bien el 13 de junio de 2013 se aprobó el proyecto, fue hasta el 22 de diciembre de 2014 que “comenzaron oficialmente” las obras. Es decir, se cumplen siete años sin que haya tan siquiera un rastro de que en el Puerto Brito inició dicho canal.

Desde el 2013, inmediatamente que se aprobó el faraónico proyecto, el orteguismo se creó la Autoridad del Gran Canal Interoceánico, entidad que supuestamente coordinaría la obra y para lo cual le dio 2.1 millones de córdobas de los impuestos de los nicaragüenses; y desde entonces el monto ha venido en aumento dando un gran salto de 2.4 millones en el 2016 a 6.5 millones en el 2017. En 2021 se le destinó 7.6 millones.

Francisca Ramírez y Henry Ruiz, ambos del Movimiento Campesino Anticanal, desde un principio supieron que las intenciones de Ortega no era construir el Gran Canal, sino estafar al campesinado expropiándoles sus tierras.

«Teníamos claro que era un proyecto de demasiado dinero, pero una estafa para robarnos y quitarnos nuestros derechos, pero no pudo. (Ortega) está estafando a Nicaragua cuando todavía toma recursos en nombre de ese proyecto, pero lo está metiendo en su bolsillo», dice la líder del Movimiento Campesino Anticanal.

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«Actualmente no se ve nada, no se comenta de este tema (entre los campesinos), no existe rastro del Gran Canal a raíz de las protestas y marchas que se hicieron a nivel nacional, territorial y departamental después de 2013, todo desapareció, hicieron (al inicio) la mueca que iba el Gran Canal, pero sin informe ni estudio de impacto ambiental (…) Pero sí hay militarización en esa zona que Ortega ha venido a reforzar», declaró por su parte Ruiz.

La estafa del régimen

El proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua fue concedido por el empresario chino Wang Jing, bajo su firma Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND-Group). El monto de la obra ascendía a unos cincuenta mil millones de dólares y tendría una extensión de 278 kilómetros, tres veces más largo que el Canal de Panamá, entre la costa del Pacífico del país y la del Caribe.

Las pretensiones de Ortega era dividir a Nicaragua en dos pedazos con el canal —que iniciaría en la desembocadura del río Brito, pasando por el sur de Rivas y el norte de Tule hasta llegar a la desembocadura del río Punta Gorda—, y generar, durante y después de su construcción, unos 250 mil empleos al país.

Además que esperaba que el crecimiento promedio pasara del 4.5 por ciento del PIB a un 10 por ciento en los primeros años de operación. Sin embargo, todos esos planteamientos quedaron en papel. Pero desde el 2018 la economía ha venido en picada y casi 200 mil empleos fueron destruidos por tres años de recesión económica a raíz de la represión estatal en abril del 2018.

«Supuestamente hay una comisión que está ahí trabajando, operando y nosotros como nicaragüenses no la miramos en ninguna parte. Yo creo que esta es una comisión inoperante, inexistente (…) Lo que está haciendo Ortega es exprimiendo, saqueando el erario de los nicaragüenses a través de los préstamos que es supuestamente para apalear la crisis económica de Nicaragua, pero no es así, sino para mantener el aparato estatal. Lo que estamos viendo es un asalto al pueblo de Nicaragua y es la mafia que se sigue manteniendo a través del Estado», plantea Ruiz.

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Además del desembolso que sale anualmente del Presupuesto de la República, LA PRENSA conoció que la Autoridad del Gran Canal tenía en el 2019 deudas acumuladas por más de 70 millones de córdobas con Caruna.

Tanto Ruiz como Ramírez refieren que los campesinos desde un inicio «desenmascararon» a Ortega, a la Autoridad del Gran Canal y al mismo Wang Jing, denunciando que el proyecto solo era para robar sus tierras y apoderarse de las riquezas naturales de esa zona. El régimen no logró confiscar ninguna propiedad.

«El campesino ha pagado un precio alto, pero creo que ha valido la pena, porque despertó a un pueblo que tenía engañado. Nunca dejamos que se tomaran tierras para el proyecto y creo que si Ortega vuelve con esa decisión de querer expropiar a la fuerza, el campesino es capaz de cualquier cosa por defender su tierra, fueron cinco años de lucha, que luchamos con nuestros propios recursos», declara Ramírez.

Rosario Murillo, Daniel Ortega y el empresario chino Wang Jing. LA PRENSA/ARCHIVO

Tierras del Gobierno Rama y Kriol pendientes de entregar

Sin embargo, si bien los campesinos no reportan tierras confiscadas, el Centro de Asistencia Legal Para Pueblos Indígenas (Calpi) recordó que la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal presionó al Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK) para entregar 263 kilómetros cuadrados de área terrestre y marítima de su territorio bajo la figura de un contrato de “arrendamiento perpetuo” para el proyecto, las cuales no han sido devueltas ni pagadas pese a que la concesión del Canal ya se rescindió.

En la lucha para que las comunidades indígenas mantengan sus tierras, el caso fue denunciado hace años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ahora está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), lo que es un aliciente para el Gobierno Rama Kriol.

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«No hubo consulta libre, previa e informada y por la falta de consulta a la Ley 840, se hizo esa demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ahora ya pasó a la Corte. El que haya pasado a la Corte es muy importante (…) y eso se va a dilucidar este año en la Corte. También la demanda versa sobre el territorio de la comunidad negra kriol indígena de Bluefields porque la ruta del canal pasaba por la Región Autónoma de la Región Sur y ellos estaban en procedimiento de titulación cuando el Estado otorgó la concesión, lo que pasó fue que crearon un Gobierno paralelo partidarios del Gobierno (orteguista) solo le dieron el 7 por ciento del reclamo original (de las tierras)», explica Calpi.

«Como ya la concesión del canal ya se rescindió, ya quedó sin valor, no hay razón por la que el Estado o la Autoridad del Gran Canal se quede con esas tierras si ya no hay proyecto», agrega el organismo.

¿Ortega debe ser procesado?

A criterio de un analista político, que declara bajo anonimato por temor a represalias, la concesión de Ortega al empresario chino tiene que ver con «la entrega de soberanía más abyecta en la historia de Nicaragua», que iba más allá de las implicaciones económicas, ecológicas y sociales.

Para él, la estafa que ha hecho Ortega no solo tiene que ver con el dinero, sino con una «lesión real a la soberanía», la cual va más allá del impacto de este proyecto.

«Esta no solo ha sido una estafa en dinero, sino una estafa que genera una lesión real, no como las que él inventa a quienes captura, esta es una lesión real a la soberanía y fue encabezada por Ortega», señala.

Ruiz coincide con este planteamiento y considera que Ortega no solo debe ser procesado por un proyecto en específico, sino por todas las estafas que ha hecho al pueblo nicaragüense a través de las instituciones estatales.

«Ortega debe ser sentado no solamente por la estafa del Canal sino por otros proyectos que han habido y no han tenido resultados dentro del Estado (…) Yo pienso que Ortega y la Contraloría tienen que responder porque es su deber informarle al pueblo de Nicaragua cómo se está gastando ese dinero que endeuda cada día a Nicaragua. No solamente por esta asignación al presupuesto del Gran Canal sino por muchas asignación fantasmas que el gobierno ha hecho y beneficiado a todos sus funcionarios», manifiesta.

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Amenazas se mantienen mientras Ortega esté en el poder

Aunque la obra ha quedado solo en el papel y las denuncias y protestas del campesinado dieron sus frutos, los miembros del Movimiento Campesino Anticanal se han visto obligados a exiliarse por la persecución y encarcelamiento que receta el régimen orteguista a los nicaragüenses que se oponen a su línea dictatorial.

Ramírez y Ruiz son parte de los cientos de campesinos que se han exiliado en Costa Rica o Estados Unidos, sin embargo, aclaran que el Movimiento Campesino no ha desaparecido y aunque se mantengan la represión en contra de este pueblo, ellos se mantienen activos desde el exilio.

«La represión que se vivió en el 2018, los campesinos la vivimos desde el 2013. (El Gran Canal) fue y sigue siendo una amenaza y estafa. Sigue siendo una amenaza porque (Ortega) sigue concentrando el poder y puede decidir lo que quiera, las amenazas se mantendrán mientras esté la dictadura», destaca Ramírez.

Ruiz señala que aunque actualmente no hay amenaza del Gran Canal, el régimen mantiene los secuestros y el asedio a los campesinos, llevando a que familias enteras vendan sus tierras y huyan del país. Además de que la situación económica los está ahogando.

«El movimiento se mantiene vivo, sigue la necesidad de mantenernos organizados en lucha viva y digna (porque) los campesinos sienten que no van a tener paz y tranquilidad hasta que la dictadura no salga del poder, pero también tienen bien clara su visión de lucha y de esperanza del retorno de la democracia y libertad de Nicaragua», concluye la líder del Movimiento Campesino Anticanal.

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