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Desde que las instalaciones de LA PRENSA fueron tomadas y nuestro gerente general, Juan Lorenzo Holmann, fue detenido. ¡LA DICTADURA NO PUEDE OCULTAR LA VERDAD!

Entrada a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo chipote, donde se encuentran más de 40 opositores presos. LAPRENSA/Archivo

Acusación por ciberdelito: La diferencia entre ser un «secuestrado» político y un caso común

Al menos 10 opositores nicaragüenses han sido acusados por ciberdelito, pero por medio de procesos arbitrarios e ilegales

La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada dentro de un paquete de leyes impulsado por la dictadura Ortega Murillo para criminalizar a sus opositores, se aplicó por primera vez el 2 de septiembre de 2021 a Allan Noel Herrera, de 47 años, y Domingo Mendoza, de 42. Pero, el caso no era político, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, que les atribuyó el delito de divulgación no autorizada, acceso indebido a programas o datos informáticos y revelación indebida de datos.

Las víctimas fueron una financiera y uno de sus trabajadores. La acusación decía que Herrera accedió al software (programa de cómputos) de la financiera y extrajo información de los clientes. También accedió al correo electrónico de Borgen Flores, y además de información laboral, sustrajo 266 fotografías y videos privados de la víctima.

Herrera supuestamente divulgó la información en una página llamada “Demanda colectiva online”, y Mendoza aparecía en la acusación como la persona que presuntamente reprodujo esa información.

El juicio empezó el 10 de septiembre, cumpliendo todo el proceso legal, y Mendoza incluso lo enfrentó en libertad.

En la otra cara de la moneda están los presos políticos que ya fueron acusados por cometer supuestamente ese delito.

Según el medio de comunicación digital Despacho 505, pudo confirmar diez casos de opositores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que han sido acusados por infringir la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. La mayoría de los acusados han sido detenidos en las últimas semanas y han recibido un trato distinto.

Nidia Barbosa, integrante de la Alianza Cívica, fue apresada en su casa el pasado 6 de noviembre, un día antes de las votaciones, según la organización opositora. Posteriormente, fue acusada por los delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Este último, es uno de los delitos contemplados en el artículo 30 de la Ley 1042.

Barbosa, de 66 años, incluso estuvo hospitalizada después de su detención. La opositora padece de hipertensión y es cardiópata.

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Además de Barbosa, han sido acusados Santos Camilo Bellorín, Samantha Jirón, Douglas Cerros Lanzas, y otros cinco opositores más, de acuerdo con Despacho 505.

A estos activistas los han detenido sin orden judicial y sin permitirles comunicarse con sus familiares, y tampoco han tenido garantías legales, recordó Amaru Ruiz, quien también fue acusado de infringir supuestamente la Ley 1042, pero que pudo evitar la cárcel porque está en el exilio.

Jóvenes de Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN, se despliegan en un plantón frente a las instalaciones del edificio BAC en protesta por la «Ley Mordaza» y en rechazo a la pena por ciberdelitos. ARCHIVO

En contra de la mayoría de ellos, el régimen ha ocupado sus publicaciones en redes sociales y mensajes de WhatsApp para acusarlos de “propagación de noticias falsas”, indicó el medio digital.

Las publicaciones en redes sociales también han sido ocupadas por el régimen de Daniel Ortega para acusar a otros reos políticos, como el caso de Miguel Mendoza, en el que la Fiscalía presentó sus tuits y publicaciones en Facebook como pruebas de haber cometido el delito de menoscabo a la integridad nacional.

«Me hubieran detenido»

Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, fue acusado por el supuesto delito de “propagación de noticias falsas, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos.

Amaru Ruiz, activista acusado por Ley Especial de Ciberdelitos. LAPRENSA

Ruiz es un activista ambiental y opositor de Daniel Ortega. La fundación que dirige es una de las oenegés a las que el oficialismo les quitó su personería jurídica. Esa organización fue la que alertó sobre el incendio en la reserva biológica de Indio Maíz, en abril de 2018. Es por ello, que Ruiz considera que su caso es meramente político y que habría recibido un trato distinto al de Herrera y Mendoza.

“Me hubieran detenido. Hubiera estado preso en espera de un proceso que ya sabemos que es poco transparente y sin la debida diligencia ni los mecanismos de defensa legítimos”, opinó Ruiz, quien se encuentra exiliado desde diciembre de 2018.

El director de Fundación del Río dice que el régimen de Ortega ya conocía de su exilio, pero no había tomado ninguna acción en su contra hasta que hizo la denuncia de la masacre en el cerro Kiwakumbaih. «A partir de ahí, y de la anterior denuncia que hicimos de la masacre en Alal, fusionaron esas dos denuncias para tratar de deslegitimar la vocería que hacemos desde el exilio”, valoró el activista opositor.

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La acusación de la Fiscalía dice que Ruiz brindó “información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados”, y expresó que “el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos”, pero que en ese momento existía supuestamente un proceso judicial contra los presuntos autores del hecho.

La Fiscalía giró orden de captura contra Ruiz y lo señaló de “pretender crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional”.

Ruiz niega las acusaciones y, por el contrario, cree que el régimen de Ortega más bien busca desprestigiarlo para que sus denuncias sobre violaciones a derechos humanos en las comunidades indígenas, dejen de tener impacto.

El caso de María Oviedo

El 29 de julio de 2021, un operativo policial entró en la vivienda de la mamá de la abogada y defensora de derechos humanos María del Socorro Oviedo Delgado, y “sin mediar palabras y sin presentar orden de allanamiento y/o captura, ingresaron a la vivienda y arrestaron” a Oviedo, “sin leerle ningún derecho consagrado en la Constitución Política de Nicaragua”. Así lo describe una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Oviedo fue trasladada a la delegación policial de León y, posteriormente, a la Dirección de Auxilio Judicial (Nuevo Chipote) en Managua. Al día siguiente, un equipo de la CPDH, para la cual trabajaba, se presentó en la referida dirección, donde un oficial de Policía los “expulsó” y les confirmó la presencia de Oviedo en dichas instalaciones. Además, dicho oficial les informó que podían llevarle “bebidas, insumos de higiene personal y medicamentos”, cuenta la Corte IDH.

La abogada y defensora de derechos humanos fue sometida a una audiencia de garantía y tutela constitucional secreta, tras la cual se acordó la detención judicial de 90 días. Desde entonces permaneció incomunicada sin derecho a un abogado defensor ni hablar con sus familiares, hasta el 1 de septiembre, cuando se autorizó que la mamá de Oviedo la visitara en el Nuevo Chipote.

María Oviedo, abogada y defensora de derechos humanos. Archivo/LA PRENSA

El 22 de septiembre el Ministerio Público informó en un comunicado que Oviedo fue remitida a juicio por el supuesto delito «de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación», en perjuicio de la sociedad nicaragüense y del Estado de Nicaragua.

Oviedo sigue siendo una de las más de 40 personas que cayeron presas en los meses que van desde finales de mayo a la fecha, cuando se intensificó la represión contra opositores, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.

Amenazas a periodistas y médicos

A más de un periodista le fue mencionada la Ley Especial de Ciberdelitos por fiscales orteguistas cuando los comunicadores llegaron a la Fiscalía para ser interrogados como “entrevistados” en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

Mientras tanto, el Ministerio de Salud (Minsa) citó a doctores independientes y les ordenó no volverse a referir a la pandemia de la covid-19, amenazándolos con acusarlos por ciberdelito.

Amaru Ruiz no es periodista, pero considera que el régimen de Ortega lo que busca es callar a sus críticos, sobre todo a quienes denuncian las violaciones a derechos humanos y la profundización de la crisis política.

Con la acusación en su contra, “el mensaje no es solo para mí, sino para todas las personas en Nicaragua que siguen colaborando y denunciando la situación del país”, comentó el ambientalista.

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