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CONTENIDO EXCLUSIVO.El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) está tratando de volver a flote luego que la falta de liquidez obligó al despido de gran parte del personal de la organización gremial. En los próximos días, Eduardo Fonseca, asumirá la dirección ejecutiva, con un salario más bajo que el de su antecesora, informaron agremiados bajo la condición de anonimato.
Por su experiencia de muchos años en la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), algunos representantes del sector esperan que Fonseca cambie la estrategia de silencio que mantiene la organización frente a la situación sociopolítica que vive Nicaragua. Sin embargo, será hasta en los próximos días que asuma el cargo que se conocerá su postura. LA PRENSA lleva varios días intentando contactar a Fonseca, sin embargo, no ha sido posible localizarlo.
Los agremiados indicaron que la crisis financiera, que es un reflejo de la crisis económica que enfrenta el país. Las empresas están mal y han dejado de pagar sus aportes a las cámaras. Entonces las cámaras no pueden cumplir con sus aportes al Cosep. Esta crisis incluso ha obligado a varias cámaras a dejar de ser miembros activos del Cosep, entre ellas la de turismo y reforestadores.
El diálogo y la liberación de los presos políticos
En medio del estado de represión e incertidumbre impuesto por el régimen de Daniel Ortega, algunos miembros del consejo directivo del Cosep, ven como única opción para liberar a sus dirigentes, el diálogo que Ortega ha dicho que impulsará en los primeros meses de su próximo periodo, que empieza el 10 de enero de 2022. Sin embargo otros consideran que el Cosep no tiene nada que ofrecerle a Ortega y que eso lo dejaría fuera de esa convocatoria. Y no descartan que de concretarse ese diálogo, la cúpula empresarial sea sustituida por grupos formados exclusivamente por empresarios sandinistas.
El presidente del Cosep, Michael Healy, y su primer vicepresidente Álvaro Vargas cumplen 41 día presos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y el expresidente José Adán Aguerri 176 días. Ellos junto a otras 40 personas forman parte del grupo de detenidos de la última ola de detenciones que tiene privados de su libertad a empresarios, lideres opositores, campesinos, periodistas, trabajadores, diplomáticos y defensores de derechos humanos. Son acusados de lavado de dinero; realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación; incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos; y pedir intervenciones militares. Ellos se sumaron a otros 120 presos políticos que se encuentran detenidos en diversos penales del país. Algunos desde el estallido social de 2018 y otros desde antes.
“Lo hemos hablado y creo que hay consenso en que para participar en el ese diálogo Cosep exigiría como condición previa la liberación de los presos políticos, de todos, no solo de nuestros directivos. No se puede ir a un diálogo con presos políticos”, asegura un miembro del consejo directivo de Cosep que solicita el anonimato para evitar represalias.
No hay certeza de que los tomen en cuenta
Incluso, otros dirigentes consideran que liberación de los presos políticos es solo una de las exigencias y no sería la única. “El valor de exigir la liberación de los presos claro que se tiene. También se tiene el valor de decir ¿cómo querés que participe si en el país no existen ni las libertades básicas? Porque sin libertades no se puede dialogar”, asegura un dirigente gremial que también pide anonimato para evitar represalias.
Muchos tienen puesta su esperanza en ese diálogo para concretar la liberación de los presos políticos; pero otros temen que esa oportunidad no se presente.
“Realmente no veo al sector privado como cuerpo colegiado participando en una cosa así. Veo al sector privado observando. Efectivamente existe la expectativa de que ocurra algo que le quite presión al país, porque no se puede seguir con esta presión. Pero aunque hay una gran expectativa veo difícil la participación de manera colegiada por varias razones: ¿qué vamos a ir a dialogar? ¿qué va querer la otra parte a cambio? ¿tiene el sector privado algo que ofrecerle a la otra parte?”, cuestiona un dirigente gremial.
Otra situación que no descartan los dirigentes empresariales, es que personas dentro del sector privado, incluso vinculadas al sandinismo y que mantienen negocios con ellos, sean las que participen de ese diálogo.
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¿Crearán organizaciones paralelas como en los 80?
Recuerdan que incluso a raíz de la crisis surgieron algunos grupos que podrían sustituir a Cosep en un eventual diálogo. Uno de ellos fue promovido por Ricardo Meléndez, expresidente de la Cámara de Urbanizadores (Cadur); también participó Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).
“Ese modelo ya lo usaron en los años 80. En aquel momento le quitaron la personería a una buena parte de las cámaras que estaban organizadas y crearon organizaciones paralelas. Pero ese tipo de cosas no se hacen por imposición y ya demostró en los 80 que fue un total fracaso”, señala un dirigente gremial.
Y añade que el sector privado no tiene nada para darle a Ortega, ya que no es capaz de legitimar algo que el pueblo y la comunidad internacional rechaza.
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Además, recuerda que por las sanciones que se han impuesto, para el sector privado el riesgo de un acercamiento con el régimen es muy grande. Y coincide en que este no es un tema solo de liberación de presos, sino de libertades, de participación, organización y otros derechos.
El modelo de silencio ya se había impuesto
Mientras tanto, la organización se ha limitado a exigir la liberación de sus dirigentes presos mediante publicaciones en redes sociales. Ninguno de sus directivos ha alzado su voz en defensa de ellos. Este silencio aseguran, es el resultado del estado de terror e incertidumbre impuesto por el régimen Ortega Murillo; que incluso ha obligado a muchos a exiliarse.
Y los que todavía se atreven a hablar, lo hacen en condición de anonimato. Ninguno quiere arriesgarse a ser el siguiente en la lista de presos. Ni a ser víctima del terrorismo fiscal que promueve el régimen, y que implica el despojo de sus bienes y el encarcelamiento.
Todos los consultados descartan que la el silencio de Cosep obedezca a una política impulsada por César Zamora; quien asumió la presidencia de Cosep ante la vacante dejada por Healy y Vargas. Y que además está fuera del país, lo que sumado a la salida de gran parte del personal, mantiene prácticamente paralizada a la organización que además está ahogada por una crisis económica.
“Esta ya era una política que se había asumido desde que Healy asumió la presidencia. Y él es un ejemplo de lo que puede ocurrir si uno habla. Healy decidió no hablar (cuando apresaron a Aguerri) y aún así lo apresaron. Eso significa que aún los que se quedan en silencio van presos, por eso nadie quiere exponerse”, señaló otro dirigente gremial que también solicitó el anonimato.