Desde hace 183 días el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó las detenciones de sus opositores y a la fecha se cuentan 43 detenidos entre líderes opositores, campesinos, estudiantiles, empresarios, periodistas, diplomáticos, abogados de derechos humanos, entre otros. Esta cifra puede ser mayor porque se han reportado otras detenciones, pero actualmente ni el Ministerio Público ni la Policía los dan a conocer.
Eveling Pinto, de 62 años, fue capturada el 6 de noviembre, un día antes de las votaciones; y fue acusada hasta el 20 de noviembre, aunque en el Sistema de Causas no se muestran detalles de la acusación.
Pinto se suma a una lista que ya supera los 43 entre los que se encuentran bajo arresto domiciliario, en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo chipote y en celdas de distritos policiales, las cuales abogados y defensores de derechos humanos han indicado no fueron diseñadas para retener a personas más allá de 48 horas.
Pinto comparte celda en el Distrito Tres de la policía con Samantha Jirón, detenida también el 8 de noviembre. La Alianza Cívica denunció que al menos 12 personas se encuentran detenidas desde ese fin de semana en que se realizó el proceso electoral.
Jirón es la detenida más joven con 21 años de edad y el 22 de noviembre fue capturado el exembajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), Edgard Parrales, quien podría ser el detenido de mayor edad al acabar de cumplir 79 años, poco antes de su captura.
Abogados del Colectivo de Derechos Humanos, Nicaragua Nunca Más, explicaron que las celdas de los distritos policiales están diseñadas para retener a personas por 48 horas, tiempo en el que según la Constitución Política deben ser pasadas a la orden de un juez, pero con la reforma que amplía el proceso de investigación estas celdas se están utilizando para retener a los detenidos por más tiempo sin prestar las condiciones.
El abogado Carlos Guadamuz explicó que celdas están diseñadas para detener a alguien por 48 horas. “La Constitución Política establece 48 horas para ser presentado ante una autoridad judicial y posteriormente la imposición de medidas cautelares”, recordó.
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Indicó que con la reforma al Código Procesal Penal amplía el período de investigación a 90 días. «Esta ley en su implementación está lesionando el derecho de todas las personas detenidas en el sentido lógico de la Constitución que era que no estuviera en un centro de detención policial que no tienen las condiciones de un sistema penitenciario», dijo.
Por su parte el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenid) ha denunciado que se están presentando arbitrariedades como no reportar los detalles de las acusaciones en el Sistema Causas Nicarao y en el caso de Parrales hasta ayer por la tarde ni siquiera se había subido a la plataforma información del caso.
