La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó la decisión del régimen de Daniel Ortega de denunciar la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), con lo cual se ha iniciado el proceso de salida de Nicaragua del organismo regional.
A la CIDH también le preocupa los “efectos para el pueblo nicaragüense y para las víctimas de violaciones a los derechos humanos” que esta decisión pueda tener.
Por otro lado, el organismo también recuerda que el Estado de Nicaragua “se encuentra obligado por todos los instrumentos internacionales de los cuales es parte”, como la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como «Pacto de San José», e indica que continuará monitoreando la crisis política desde el Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (MESENI).
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Este viernes 19 de noviembre, el canciller nicaragüense Denis Moncada anunció la decisión del régimen de abandonar la OEA. “Estamos renunciando y desvinculándonos de esa organización, dando por terminado el vínculo del Estado nicaragüense y la OEA”, dijo Moncada.
Horas después, el representante de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, entregó oficialmente el documento de renuncia al Secretario General del organismo, Luis Almagro.
Días anteriores, la Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega aprobó una declaración instando al dictador a que denunciara la Carta de la OEA para iniciar con el proceso de sacar a Nicaragua del concierto de naciones de América. Dicha petición fue respaldada por los Poderes Judicial y Electoral.
La CIDH, por su parte, llamó al régimen de Ortega a que reconsidere la decisión y también invita a los demás Estados miembros de la OEA a que entablen un “diálogo genuino y de buena fe”, para dar solución a la crisis política y de derechos humanos en el país.
Nicaragua podría ser suspendida de la OEA antes de que salga
La Asamblea General de la OEA mandó a inicios de este mes a su Consejo Permanente a que haga una evaluación colectiva inmediata respecto a la situación de Nicaragua a más tardar el 30 de noviembre y que tome las acciones apropiadas, después de las elecciones calificadas como fraudulentas por el organismo y gran parte de la comunidad internacional.
Especialistas y exdiplomáticos prevén que Nicaragua pueda ser suspendida de la OEA de acuerdo al artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, y también han explicado que el hecho de que Nicaragua decida apartarse del organismo, no es un impedimento para que el país sea suspendido.
El exdiplomático Edgard Parrales explicó que, a pesar de que Ortega opte por salir del organismo, no podrá hacerlo hasta 2023, es decir, dos años a partir de iniciado el proceso, y mientras tanto, deberá cumplir con todas las obligaciones que tiene como Estado ante la OEA, según lo dispone la Carta de la OEA.
Ortega “quebrantó” el Estado
La CIDH ha constatado que el Estado “se quebrantó por la concentración del poder en el Ejecutivo y la instalación de un estado de excepción”, además de que persiste la impunidad por los crímenes de lesa humanidad que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció a finales de 2018.
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Según cifras de la CIDH, la represión de Daniel Ortega ha dejado un saldo de 355 personas fallecidas, más de 2 mil heridos y al menos 1,614 personas detenidas. En este momento, Daniel Ortega tiene a más de 160 presos políticos, incluidos a líderes políticos, empresarios, campesinos y siete precandidatos presidenciales que buscaban enfrentar al dictador en la urnas el pasado siete de noviembre.
La CIDH también contabiliza “cientos” de despidos arbitrarios de trabajadores de la salud, 150 estudiantes universitarios expulsados de sus casas de estudios, más de 110 mil personas exiliadas a causa de la persecución y violaciones de derechos humanos.
“Persiste el cierre de espacios democráticos, la suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión, todo ello, perpetrado por grupos policiales y parapoliciales afines al Ejecutivo”, indica la CIDH.
