Nicaragua ha vivido una semana agitada y contundente en la presión a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de las votaciones generales que se llevaron a cabo el pasado 7 de noviembre. Estados Unidos firmó la Ley Renacer y amenaza con nuevas sanciones al régimen, mientras que el viernes casi toda América declaró ilegítimo el proceso electoral del país.
Para el exdiputado nicaragüense Miguel López, quien vive en Costa Rica, Nicaragua llegó a este punto como resultado de una serie de acciones que el régimen Ortega Murillo ha venido desarrollando por varios años. Según López, quien participó este sábado en el foro «Análisis del proceso electoral, sus consecuencias y los retos de la oposición», impulsado por el organismo civil Hagamos Democracia, se llegó a las elecciones generales del 7 de noviembre sumando cuatro crisis.
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«Una crisis sanitaria, ya que los nicaragüenses han sido afectados por el coronavirus; una crisis económica, donde el incremento de los precios, la escasez de los productos, el desempleo y el subempleo han venido incrementando; una crisis social expresada en algún momento en la migración; una crisis política con la eliminación de partidos políticos, presos políticos y todo lo que ya conocemos, y esta suma de cosas permite que el pueblo nicaragüense interprete el 7 de noviembre como una oportunidad de decir un ¡basta ya!, un no a seguir bajo un régimen«, señaló López.
Por eso, de acuerdo con el exdiputado opositor, hubo un rechazo total «a un régimen que no ha asumido su rol como la Constitución lo establece, en pro del desarrollo del pueblo, en promoción de políticas sociales y económicas, y por supuesto que de una vez lo declaró ilegítimo».
Abstención documentada allanó camino a la ilegitimidad
«La primera declaración de ilegitimidad (al proceso electoral del régimen) se la da el pueblo nicaragüense el 7 de noviembre», destacó López en su participación en el foro organizado por Hagamos Democracia.
Según él, hubo un consenso para quedarse en casa el día de las votaciones.
«Ese consenso entre la oposición de quedarse en casa, la abstención, de alguna u otra forma, eso allanó el camino para que algunos países de la comunidad internacional que estaban ahí dudosos de que si iba a haber participación, de que si a lo mejor la gente salía a votar… No hubo ninguna duda, los países lo interpretaron correctamente», valoró el exdiputado.
«Ese rechazo y por todos los informes que existen en la OEA de lesa humanidad, de represión, etcétera, hace proceder de conformidad a lo que establece la Carta de la OEA y avanzar en el proceso de declaración de ilegitimidad», agregó.
Por su parte, la politóloga y activista, Edipcia Dubón, dijo que es importante señalar que la decisión que tomó la Asamblea General de la OEA, el viernes, se inscribe en la lógica del multilateralismo.
«En el sentido de que es el afán de los gobiernos de cooperar para alcanzar un objetivo en común, y ese objetivo común es que los gobiernos están a favor de respetar el orden constitucional en Nicaragua, de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en celebrar elecciones de tal manera que se puedan crear condiciones para una elección libre y justa», expresó.
“El régimen está solo”
En similares términos se pronunció este sábado la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en un comunicado, en el que afirmó «que lo que hay en Nicaragua es una lucha por la democracia y el respeto de los derechos humanos contra una dictadura totalitaria», agregó.
La UNAB celebró la aprobación de la resolución sobre la situación de Nicaragua, de la Asamblea General de la OEA y subrayó que «el régimen está solo y la legitimidad de las elecciones es únicamente aupada por otros autócratas que ven en Ortega a un aliado conveniente para sembrar la inestabilidad en el centro de las Américas y para ser parte del coro de dictaduras que tratan de subvertir la institucionalidad mundial».
Los acontecimientos
El miércoles, el Consejo Supremo Electoral (CSE) asignó a Daniel Ortega y Rosario Murillo el 75.87 por ciento de los resultados de las votaciones con el ciento por ciento de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) escrutadas, según las autoridades electorales del país, afines al régimen.
Las votaciones generales de Nicaragua, que se llevaron a cabo el domingo 7 de noviembre, se caracterizaron por la escasa participación ciudadana, la exclusión de la oposición y la represión contra todo tipo de manifestación crítica contra Ortega.
El CSE aseguró en su último informe que la participación en las elecciones fue del 65.26 por ciento, cifra que contrasta con las estimaciones del observatorio independiente Urnas Abiertas que estima una abstención nacional del 81.5 por ciento.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó y promulgó ese mismo miércoles 10 de noviembre la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Ley Renacer), que propone ejercer más presión sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de sanciones individuales a funcionarios y restringir los préstamos bancarios multilaterales.
La firma de la legislación se da exactamente una semana después que de forma bipartidista la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobara de manera contundente con 387 votos, de 432 representantes, la aprobación de Ley, y solo tres días de haberse celebrado las cuestionadas y polémicas elecciones en Nicaragua, catalogadas por la Casa Blanca como «una pantomima».
La promulgación de la Ley Renacer, según habían adelantado funcionarios estadounidenses, corresponde a la respuesta de la Administración de Biden a la farsa electoral en la que el caudillo sandinista Daniel Ortega consumó su cuarta elección consecutiva.
Finalmente, el viernes, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó con 25 votos a favor, 7 abstenciones, 1 en contra (Nicaragua) y 1 ausencia, una Resolución sobre «La situación de Nicaragua» que declara ilegítimas las elecciones generales del pasado domingo 7 de noviembre y manda a una inmediata evaluación de la situación.
