La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este miércoles su preocupación respecto al discurso de Daniel Ortega transmitido en cadena nacional el pasado 8 de noviembre, en el que se refirió de forma ofensiva e intimidante a las más de 30 personas privadas de la libertad en el contexto electoral, entre las que se encuentran líderes de movimientos sociales, periodistas, defensores de derechos humanos y precandidatos presidenciales, indicando que por sus acciones no deberían ser considerados nicaragüenses y enviados a otro país.
Ortega llamó este lunes 8 de noviembre “hijos de perra de los imperialistas yanquis” a los presos políticos de Nicaragua, un día después de las votaciones generales del país, cuestionadas por casi cuarenta países americanos y europeos. También sugirió que se los lleven para Estados Unidos, «para que le trabajen a su amo». Ortega lanzó estos insultos ante un grupo de simpatizantes, entre los que se encontraban los extranjeros que participaron como acompañantes de las votaciones del domingo. El acto, transmitido en cadena nacional de radio y televisión, se realizó en conmemoración del 45 aniversario de la muerte del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador.
«Esos que están presos allí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Que se los lleven para allá, para que allá le sirvan como lo que son: esclavos del imperio, traidores de la patria», vociferó Ortega.
La CIDH señaló en un comunicado que «este tipo de declaraciones contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, lo que, a su vez, podría ser mayor riesgo para la vida e integridad, en especial, de aquellas que permanecen bajo custodia estatal. Por lo que autoridades del Estado deben abstenerse de realizar declaraciones que tengan como objeto deslegitimar la defensa de los derechos humanos».
Denuncia violaciones de DD. HH. en jornada electoral
En esa misma línea, la CIDH condenó las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto del cierre de las elecciones generales en Nicaragua realizadas el 7 de noviembre, e insta al Estado a cesar las detenciones arbitrarias, asedios y hostigamiento en contra de personas y organizaciones de oposición política al Gobierno y restablecer las garantías para el pleno goce de derechos civiles y políticos de los nicaragüenses.
Entre el 5 y 7 de noviembre, la CIDH aseguró que recibió información sobre el incremento del asedio policial, actos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones arbitrarias, en contra de líderes de oposición, activistas de derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, en diferentes departamentos del país.
«Estos actos habrían sido perpetrados en su mayoría por agentes policiales, parapoliciales y simpatizantes del Gobierno. Según la información recibida, por lo menos 23 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en nueve departamentos, sin orden de captura y sin brindar información a familiares, indicándoles que debían esperar 48 horas para recibir información adicional. Además, integrantes de los ex Consejos del Poder Ciudadano (CPC) habrían visitado viviendas, llamando a votar por el partido de Gobierno, como forma de intimidación», denunció el organismo.
La CIDH también manifestó que conoció sobre la detención de una líder estudiantil (Samantha Jirón); así como represalias en contra de personas que no habrían mostrado prueba de haber votado, como el dedo manchado con tinta indeleble. En particular, a los estudiantes de Medicina se les habría prohibido el ingreso a universidades y hospitales donde realizan sus prácticas como forma de represalia; lo mismo habría ocurrido con el personal médico de hospitales públicos, que en algunos casos fueron despedidos.
RELE-CIDH reporta restricción a la libertad de prensa
Asimismo, la CIDH manifestó que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) observó con preocupación los múltiples reportes sobre restricciones a la libertad de prensa en el contexto de la jornada electoral, tales como la prohibición de acercamiento de personas reporteras a los colegios electorales; actos de hostigamiento a medios de comunicación y periodistas; la detención temporal de periodistas y la incautación de los equipos personales y de trabajo; la obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena jornada electoral; la transmisión en medios oficialistas de propaganda electoral, violando las leyes internas en la materia; y la expulsión y denegación del ingreso de la prensa internacional al país para cubrir los comicios.
Agregan que «con posterioridad a las elecciones, la Comisión y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), recibieron información sobre funcionarias y funcionarios públicos que habrían sido obligados a ejercer su voto a favor de Daniel Ortega, así como a enviar constancia de participación en los comicios mediante fotografías o la muestra del dedo manchado con tinta indeleble por la votación, bajo amenaza de despido».
Al respecto, la asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) reportó este martes que al menos ocho periodistas se vieron obligados a desplazarse a lo interno del país para proteger sus vidas, debido al asedio y persecución por dar cobertura a las cuestionadas votaciones nacionales del país. La asociación también reportó que entre el 25 de octubre al 7 de noviembre, periodo considerado como el contexto de las votaciones de 2021, se registró un total de 52 agresiones contra periodistas y medios de comunicación independientes, todos cometidos por agentes de la Policía.
Por todo lo anterior, la CIDH urge al Estado de Nicaragua «a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en contexto electoral y desde el inicio de la crisis, a cesar los ataques en contra de opositoras y opositores, y toda acción que afecte los derechos de periodistas y a los medios de información». Asimismo, «el Estado debe restablecer el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, así como las garantías y libertades fundamentales. En igual sentido, la CIDH y la Redesca llaman a aplicar el principio de no discriminación e igualdad en la educación y el trabajo, recordando que la opinión política no puede ser motivo de exclusión en el acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales».
