Durante el Foro “La comunidad internacional ante la farsa electoral del 7/11 en Nicaragua”, diferentes personalidades plantearon que no es suficiente con desconocer los resultados de las elecciones del 7 de noviembre y llaman a tomar acciones para restablecer el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, entre ellas armonizar las acciones de organismos internacionales económicos y de derechos humanos.
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, remarcó que el costo de no reaccionar ante lo que va a pasar el próximo 7 de noviembre de parte de la Comunidad Internacional es altísimo.
«No solamente por el costo más que obvio que ya está pagando el pueblo nicaragüense que seguirá sometido a una de las peores dictaduras que recordamos en la historia de nuestra región y que contabiliza más de 150 presos políticos, más de 300 muertos desde abril de 2018 y más de 90 mil exiliados, y muchos que están saliendo en este momento», detalló Chinchilla en el foro virtual organizado por la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Indicó que el costo será para la región y para todo el hemisferio. Entre estos costos mencionó que se agrava la crisis migratoria del triángulo norte y señaló que 6 de cada 10 nicaragüenses ya no van a Costa Rica, sino que buscan el norte. «Esto se suma a la crisis hemisférica de migración en la frontera entre Estados Unidos y México».
Sumado a esto la expresidenta costarricense mencionó el armamentismo en el que incurre Nicaragua, con un claro apoyo de Rusia. «Está generando un desbalance en el marco del acuerdo y el tratado de seguridad de Centroamérica y esos desbalances en Centroamérica siempre han causado conflictos adicionales», dijo.
Sobre qué hacer al tener tan cerca los comicios dijo que hay que «prepararnos». «No podemos estar simple y sencillamente aceptando una derrota al 7 de noviembre».
«No va a bastar con el repudio de lo que va a acontecer y el desconocimiento de esa farsa electoral y de la legitimidad del régimen de Ortega y Murillo. Vamos a necesitar por sobre todo algo que no fuimos capaces de hacer en el caso de Venezuela y es cómo alineamos las sanciones individuales y económicas que se puedan imponer con una estrategia concertada, amplia y consistente», explicó Chinchilla.
Entre las acciones mencionó expandir a todos los que se han prestado a la farsa la eliminación de visas y bienes que tienen en el exterior. «Tratar de intensificar las investigaciones, porque sabemos y ya han denunciado y ya están siendo procesados algunos, que el narcotráfico ha estado involucrado en los negocios de la familia Ortega Murillo», afirmó.
Recomendó la intensificación de las sanciones económicas y alinear las decisiones de los organismos financieros internacionales con las de los organismos internacionales de derechos humanos.
Indicó que espera que en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos se condene y se aplique el artículo 21: «La expulsión y suspensión de Nicaragua de la OEA y la comunidad internacional articulándose alrededor de esa estrategia diplomática que debe apuntar más allá del desconocimiento de lo que acontecerá el 7 de noviembre al solicitar la liberación de los presos políticos y la restitución de condiciones mínimas de libertades de Nicaragua y la organización de un nuevo proceso electoral», comentó.
Ir más allá de las palabras
El eurodiputado Javier Nart, del grupo parlamentario Renew, coincidió con Chinchilla en que hay que «ir más allá de las palabras para ir a lo realmente efectivo». «Además de la declaración política, que tiene unas consecuencias y las consecuencias deben ser necesariamente consecuencias económicas que son fundamentales», explicó.
«Lo fundamental es que tengamos una actuación política con consecuencias determinantes y determinadas. En el sentido de que los factores fundamentales que afectan la vida económica de esta oligarquía que es Estados Unidos y la Unión Europea, tengamos una actuación, no centrada en ellos (Ortega Murillo) sino también periférica con aquellos que han contribuido, han colaborado y siguen colaborando con lo que es el liberticidio en Nicaragua», explicó.
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Por su parte Alicia Homs, europarlamentaria del Grupo Socialista y Demócratas, comentó que en los últimos años han seguido con preocupación la crisis política y social en Nicaragua.
«No hay duda de que en la Unión Europea estamos del lado de la democracia en Nicaragua y las elecciones del próximo domingo solo van a servir para mostrar al mundo hasta qué punto ha concentrado el poder Ortega en su persona y en sus más allegados, como puede ser en su esposa. Ortega ha convertido a Nicaragua en una de las peores dictaduras del mundo», remarcó Homs.
Enumeró cuatro condiciones para solucionar la crisis política y hacer posible la transición democrática: liberación de los presos políticos, fin de la represión y violaciones de derechos humanos, permitir el retorno de las organizaciones internacionales al país y regresar las personerías jurídicas de las organizaciones de derechos humanos.
Daniel Zovatto, director regional del grupo IDEA, se refirió a qué se debe aprender de «la tragedia que vive Nicaragua», haciendo referencia al apoyo que desde 2007 Ortega recibió de parte de actores nacionales como Arnoldo Alemán, su partido, empresarios y otros.
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«Esta dictadura no la construyeron dos personas despistadas Ortega y Murillo, sino dos personas que de manera perversa fueron construyendo con la complicidad de muchos otros actores nacionales, entre ellos, en este momento el Ejército para poder consolidar esta dictadura», aseguró Zovatto.
Lo que dice la Ley Renacer
Las declaraciones surgen a 48 horas de las elecciones generales en Nicaragua y dos días después de que el Congreso de Estados Unidos aprobase la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer, que propone ejercer más presión sobre el régimen de Ortega. Ahora le corresponde la firma del presidente Joe Biden para su promulgación y entrada en vigencia.
La Ley Renacer plantea la coordinación de sanciones con socios diplomáticos. «Es el sentido del Congreso que los Estados Unidos deben alentar al Gobierno de Canadá, la Unión Europea y los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, y los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe a utilizar sanciones selectivas con respecto a personas involucradas en violaciones de derechos humanos y la obstrucción de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua», señala el texto.
