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CONTENIDO EXCLUSIVO.El Gobierno de Estados Unidos confirmó que comenzó a hacer una revisión del DR-Cafta para “hacer los cambios necesarios” para garantizar que el régimen de Daniel Ortega no se beneficie de dicho acuerdo, una situación inédita desde que Centroamérica y República Dominicana suscribieron dicho tratado de libre comercio en el 2004 y que para Nicaragua entró en vigencia el 1 de abril del 2006.
“Queremos asegurar de que los esfuerzos bajo Cafta lleguen directamente al pueblo nicaragüense y que no beneficien al gobierno de Ortega-Murillo. Estamos analizando los componentes del DR-Cafta para hacer los cambios necesarios para garantizar que (estos) no beneficien al gobierno Ortega-Murillo”, dijo a La Voz de América la subsecretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala.
Aunque desde la aparición de la Nica Act en 2017, otra legislación que sancionada al régimen orteguista, en Estados Unidos comenzaron a sonar las alarmas de una posible revisión del acuerdo comercial para aumentar la presión contra la dictadura en Nicaragua, esta semana el gobierno de Joe Biden aumentó los riesgos y presión al confirmar la revisión del acuerdo y además se concretó en el Congreso la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral o Ley Renacer, que ordena dicha revisión.
En Nicaragua el DR-Cafta ha sido fundamental para la economía, especialmente para las exportaciones de productos agropecuarios, la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo en zona franca. Además, es uno de los atractivos que Nicaragua ofrece a los inversionistas junto con su mano de obra barata y bajos salarios.
Tal ha sido el impacto positivo del DR-Cafta y los beneficios de las preferencias arancelarias, que antes del 2006, las exportaciones en valor de Nicaragua hacia Estados Unidos eran menos de 500 millones de dólares anuales y 14 años después esa cifra rebasa los 3,000 millones de dólares.
Pero ¿qué puede hacer Estados Unidos dentro del DR-Cafta para presionar a Ortega? ¿Por qué esto es un hecho inédito? ¿Ir a la Organización Mundial del Comercio? LA PRENSA consultó a varias fuentes empresariales y especialistas al respecto, que pidieron no ser citadas por temor a represalias por parte de la dictadura, que persigue y encarcela a los generadores de opinión.
Una fuente conocedora del proceso de negociación del DR-Cafta explicó a LA PRENSA que la revisión del acuerdo comercial por parte de Estados Unidos es inédita, porque hasta ahora solo se habían abordado a nivel regional revisiones técnicas o de incumplimiento de normas y que en este caso este tiene un alto componente político, un terreno desconocido y que puede tener un enorme impacto sobre las exportaciones tradicionales y de zona franca del país.
Qué puede hacer EE. UU.
Según la fuente, “no creería que vayan a expulsar o sacar a Nicaragua” del DR-Cafta, porque la afectación alcanzaría un efecto de alcance regional, pero sí cree que Estados Unidos de forma bilateral puede suspender preferencias arancelarias, lo que no impediría a los exportadores nicaragüenses hacer negocios con los otros socios del Tratado de Libre Comercio o enviar productos a Estados Unidos.
Es decir la medida no sería igual que un embargo económico, que sí impediría a Nicaragua establecer relaciones comerciales con otros países, incluidos los del DR-Cafta, sino que sería una medida de tipo bilateral.
Con ello, la suspensión de las preferencias arancelarias en Estados Unidos, implicaría que los productos nicaragüenses se vendan en ese país a precios más caros respecto a los que envían los otros socios centroamericanos y dominicanos, porque en los puertos de ingresos a EE. UU. los exportadores nicaragüenses tendrían que pagar impuestos.
El problema, precisa la fuente, es que Nicaragua es la que más se ha beneficiado de preferencias arancelarias en Estados Unidos respecto al resto de países miembros del DR-Cafta y eso es precisamente lo que ha permitido, por ejemplo, que en lugar de un déficit comercial con EE. UU. haya un superávit cada año.
“No somos un país que importemos demasiados productos, nuestro desarrollo no da para estar importando tanto, eso mismo hace que nuestra balanza con EE. UU. sea superavitaria. No creería que van a sacar o expulsar a Nicaragua y seguimos los otros países, porque regionalmente el comercio se afecta, porque un país expulsado con sanciones difícilmente los otros países regionales o del hemisferio pudieran establecer (relaciones comerciales), es decir no será un embargo”, afirmó.
“Una suspensión de las preferencias arancelarias a Nicaragua no significa que vas a dejar de exportar sino que tendrías que exportar sin la competitividad que te da el Cafta”, enfatiza. “Los compradores en Estados Unidos se encontrarían con materias primas de Nicaragua súper altas, sin ese premio que le dan a Nicaragua por ser Cafta, lo que afectaría especialmente al sector textil”.
Según el especialista, casi el ciento por ciento de los productos de exportación de Nicaragua con destino a Estados Unidos gozan de preferencias arancelarias y otros productos tienen establecidas cuotas, como por ejemplo, la carne y el azúcar, que al superar estas cuotas, empiezan a pagar aranceles bajos, precisamente por estar bajo el esquema del Cafta y cuyo beneficio desaparecería.
De hecho el economista Néstor Avendaño, en un análisis titulado El riesgo de la revisión de la participación de Nicaragua en el TLC DR-Cafta, divulgado en su blog personal, plantea ese escenario. “Con el pago de los aranceles de importación establecidos por Estados Unidos, las empresas exportadoras nicaragüenses no podrían competir con las empresas de otros países centroamericanos en el mercado estadounidense. Nicaragua es el único país de la región centroamericana que registra superávits en forma continua en su comercio con Estados Unidos desde 1996”.
Según Avendaño, una suspensión de las preferencias arancelarias en Estados Unidos ocasionaría una caída del 35.6 por ciento del volumen total de bienes exportados por Nicaragua. A eso se sumarían “disminuciones del margen de comercialización, y de los servicios de transporte, comunicaciones y hoteles y restaurantes, por lo que la caída total estimada del quantum de las exportaciones de bienes y servicios sería 40 por ciento”.
A la fuente especialista en este acuerdo comercial le preocupa especialmente el impacto en zona franca, cuya inversión ha crecido precisamente porque todas las empresas que vienen a invertir aquí lo hacen mirando hacia Estados Unidos por las preferencias arancelarias que los productos reciben en ese mercado en el marco del DR-Cafta.
Estas empresas de zona franca —explica— son proveedoras de productos de grandes mayoristas en Estados Unidos, que al verse impedidas a seguir enviado mercancías en condiciones preferenciales, podrían decidir mudar sus inversiones hacia otros países miembros del Cafta, lo que impactaría el empleo actual que supera los 120,000 trabajadores.
Según estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), hasta agosto de 2021 operaban bajo el régimen de zona franca 188 empresas, que generaban 128,959 empleos directos. Estos incluyen unos siete mil que ofrecen empresas dedicadas a la externalización de servicios en los call centers.
De hecho Avendaño en su análisis advierte de un incremento en el desempleo de manera generalizada, es decir no exclusivamente por el impacto de zona franca. Señala que el desempleo alcanzaría al 7.7 por ciento del total de las personas ocupadas, es decir 261,800 personas. “Las actividades económicas del país más afectadas por el desempleo serían, en orden de importancia, la industria manufacturera, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, explotación de minas y canteras, comercio y agropecuario, silvicultura y pesca”, precisa.
Sector empresarial buscará mecanismos
Fuentes del sector empresarial confirmaron a LA PRENSA que actualmente están en proceso de análisis sobre el alcance que tendría para la economía una suspensión o cambios en el DR-Cafta, para buscar medidas para amortiguar los efectos en el comercio exterior.
El sector empresarial ve como posibilidad que se exporte a través de terceros países miembros del DR-Cafta o bien que aquellas mercancías que Estados Unidos no produce, como por ejemplo, el café, sigan entrando con aranceles bajos, una vez que se pierdan las preferencias.
Preocupa, por ejemplo, las exportaciones de carne de bovino, que tendrían que pagar un sobrecosto para ingresar a ese mercado, que sí produce este alimento y por tanto grava este producto que está fuera del acuerdo del DR-Cafta.
“Cada empresa tendrá que tomar acciones para efecto de garantizar de que se va a poder hacer una exportación”, afirmó una de las fuentes empresariales, que señalaron que efectivamente una medida de este tipo, que afecta al DR- Cafta beneficiaría a los países centroamericanos que “van a comprar de Nicaragua y que van a exportar desde sus países, como lo que pasa con los salvadoreños y el frijol nicaragüense”.
Las fuentes coinciden en que en un escenario extremo de pérdidas de preferencias arancelarias a nivel interno habría un frenazo en la inversión para ampliar la capacidad exportadora del país y por tanto esto dañaría el empleo, los salarios, pero sobre todo la competitividad y generación de ingresos a Nicaragua.
El economista Avendaño en su análisis plantea un escenario de contracción del Producto Interno Bruto de entre 7.3 por ciento a 15.3 por ciento, por una caída de entre 6.9 por ciento y 15 por ciento en el volumen de la demanda de bienes y servicios, además de una reducción de entre 6.1 y 14.5 por ciento en el volumen de las importaciones. Esto en una segunda ronda de contracciones en cada una de las variables antes mencionadas.
“Probablemente si vos querés hacer una inversión para exportar a EE. UU., ya no lo harás en Nicaragua sino en Honduras, porque ya no existiría la ventaja competitiva”, afirmó una de las fuentes empresariales, quien reconoce, no obstante, que no “es tan fácil” que Nicaragua sea sacada del DR-Cafta, porque esto puede tener un impacto social que derivaría, por ejemplo, en una explosión migratoria hacia Estados Unidos, algo que no conviene a ese país.
Indicó que por ahora existe un efecto político, que sería el objetivo del Gobierno de Estados Unidos, pero luego habría un efecto económico-social, que seguramente será analizado por las autoridades de ese país, que están aumentando la presión para que el régimen de Daniel Ortega permita una transición democrática y libere a más de 150 presos políticos.
Esperarían medidas recíprocas
Al igual que la fuente especialista en temas del DR-Cafta, el sector privado cree que también habría una reacción de medidas recíprocas por parte de Nicaragua, que ordenaría gravar los productos que entran al país desde Estados Unidos, que no tendría un efecto significativo para ese país sino para los consumidores nicaragüenses, puesto que los mismos al ingresar gravados aumentarán de precios.
La fuente empresarial dice que Nicaragua también puede recurrir ante la Organización Mundial de Comercio para exigir que se revierta la medida, pero precisa que este sería un proceso largo, costoso y engorroso para un país con limitada capacidad financiera para hacer frente a un litigio de esta magnitud.
No obstante, el especialista en este tratado precisó que si bien del DR-Cafta no tiene un mecanismo para suspender a Nicaragua, recuerda que este acuerdo está avalado por la Organización Mundial de Comercio, que a su vez es un órgano de Naciones Unidas (ONU) y que precisamente trabaja por la protección de los derechos humanos y el respeto democrático.
El economista Avendaño en su análisis dice: “Con solo dos rondas de caída del gasto de consumo de los hogares, la situación económica de Nicaragua sería impactante. Esta posible sanción comercial afectaría a la población total del país de 6.6 millones de habitantes, y restaría ingresos a todos los agentes del sistema económico nacional, entre ellos empresarios, inversionistas, consumidores y gobierno”.