En ocasión al Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el relator especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE_CIDH), Pedro Vaca, destacó que un caso que es paradigmático es el asesinato del periodista nicaragüense Ángel Eduardo Gahona (21/04/2018), que aún se encuentra en la impunidad.
Para el relator, quien participó en el foro «No a la impunidad por los crímenes contra periodistas», en el caso de Gahona se muestra una paradoja muy lamentable, porque «el poder judicial que es muy ágil para enjuiciar periodistas por sus publicaciones, es dramáticamente lento para llevar a la justicia a los responsables del asesinato de Ángel Gahona».
«Creo que hoy es un día muy especial para reivindicar su legado, el espacio de cubrimiento de protestas en el cual, digamos ofrendó su vida en aras de la información, y creo que tiene que ser un símbolo de la libertad de prensa en Nicaragua y para todo el continente. Y que sea un día para reclamar la deuda de justicia que persiste en este caso, este es un caso que además está siendo conocido por la justicia interamericana y creemos que es cuanto menos fundamenta rememorarlo, conmemorarlo y exigir justicia», expresó.
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El periodista Ángel Gahona murió de un balazo en la cabeza, el 21 de abril de 2018, cuando hacía una transmisión en vivo en el contexto de las protestas sociales que se desataron contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Tribunal de Apelaciones de Managua cerró el caso del asesinato de Gahona en septiembre de 2019, y emitió una resolución de cancelación de antecedentes penales para los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, acusados de supuestamente disparar contra el periodista. Ambos fueron excarcelados bajo la controversial Ley de Amnistía promovida y aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.
En junio de 2018, la periodista Migueliuth Sandoval, viuda del reportero asesinado, se exilió en Estados Unidos ante las amenazas que recibió de parte de policías y seguidores del régimen.
Mientras que el padre del comunicador, el pastor Ángel Augusto Gahona, falleció el pasado 23 de septiembre, tras sufrir 15 días de síntomas vinculados con la covid-19, en el Hospital Escuela Ernesto Sequeira Blanco, de Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua. Don Ángel murió sin conseguir justicia para su hijo.
Reportan más de 1,700 agresiones contra periodistas nicaragüenses
De acuerdo con Julio López, de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), en lo que va del año se han registrado más de 1,700 agresiones contra periodistas y medios de comunicación independientes.
Mientras que de junio a octubre, al menos 40 periodistas se han visto obligados a exiliarse para proteger sus vidas y libertad, debido a la persecución y asedio estatal.
El pasado 26 de octubre, la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano informó que apoyará a los periodistas de Nicaragua que se han exiliado en Costa Rica, en el marco de la crisis sociopolítica que vive ese país desde abril de 2018 y más recientemente durante el proceso electoral.
Por su parte la RELE_CIDH recordó desde sus redes sociales que «la labor de la prensa es una de las principales manifestaciones de la libertad de expresión en sociedades democráticas y, por ende, deben de ser respetadas, protegidas y garantizadas por los Estados».
Más de 1,200 periodistas han sido asesinados en los últimos 14 años
Entre 2006 y 2020, más de 1,200 periodistas fueron asesinados por cumplir con su labor de informar al público. En uno de cada diez casos los asesinos salen impunes, según el observatorio de periodistas asesinados de la Unesco. En este reporte se incluyen los asesinatos contra tres periodistas nicaragüenses: Ángel Eduardo Gahona (21/04/2018), María José Bravo (9/11/2004) y Carlos Guadamuz (10/02/2004).
En un mensaje publicado este martes, en ocasión al Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que poner fin a la impunidad de los delitos contra periodistas es uno de los temas más urgentes para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos.
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«La impunidad trae consigo más asesinatos y, a menudo, es síntoma de un recrudecimiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y del desmoronamiento del sistema judicial», alertan en su mensaje.
Si bien, los asesinatos son la forma más extrema de censura de los medios, los periodistas también están sujetos a innumerables amenazas, que van desde el secuestro, la tortura y otros ataques físicos hasta el acoso en la esfera digital especialmente, señalan. «Las amenazas de violencia y los ataques contra periodistas, en particular, crean un clima de miedo en los profesionales de los medios de comunicación, lo cual impide la libre circulación de información, opinión e ideas entre los ciudadanos».
Mujeres periodistas sufren más amenazas
La ONU sostiene que las mujeres periodistas se ven particularmente afectadas por las amenazas y los ataques, en especial, cuando se realizan en línea. Según el reciente documento de trabajo de la Unesco, «The Chilling: Tendencias mundiales de la violencia en línea contra mujeres periodistas«, el 73 por ciento de las mujeres periodistas encuestadas dijeron que habían sido amenazadas, intimidadas e insultadas en línea en relación con su trabajo.
En muchos casos, las amenazas de violencia y los ataques contra periodistas no se investigan de forma adecuada, valora la ONU. «Esta impunidad tiende a envalentonar a los autores de dichos crímenes, y, al mismo tiempo, tiene un efecto paralizador en la sociedad, incluyendo a los mismos periodistas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) teme que esta impunidad dañe a la sociedad en su conjunto al encubrir graves abusos de los derechos humanos, corrupción y otros crímenes. El tipo de noticias que son «silenciadas» es exactamente el tipo de información que la opinión pública necesita conocer», manifiestan.
Por otro lado, señalan que los sistemas judiciales que investigan enérgicamente todas las amenazas de violencia contra periodistas envían un poderoso mensaje de que la sociedad no tolerará los ataques contra los periodistas y contra el derecho a la libertad de expresión para todos.
Evento
El evento principal para celebrar el Día Internacional para el Fin de la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas de 2021 será una mesa redonda de alto nivel en formato híbrido, organizada por Ossigeno per l’informazione y apoyada por la Unesco, el 3 de noviembre de 2021 en el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de Siracusa, Italia.
El evento proporcionará una plataforma para el diálogo entre fiscales y periodistas sobre las medidas de prevención y protección para abordar la seguridad de los periodistas.
El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas de 2021 destacará el papel fundamental de los servicios de fiscalía en la investigación y el enjuiciamiento no solo por los homicidios sino también por las amenazas de violencia contra los periodistas. «Son muchos los profesionales que padecen trauma psicológico debido a estas amenazas y es momento de investigar y procesar a quienes atacan a los profesionales de los medios», demanda la ONU.
Las conmemoraciones de este año también allanarán el camino para el décimo aniversario del Plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, que tendrá lugar durante la celebración de este día internacional en 2022.
Antecedentes
El 18 de diciembre de 2013 la Asamblea General aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad A/RES/68/163 en la que se condenaba todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación y se proclamaba el 2 de noviembre como el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. La fecha se eligió en conmemoración al asesinato de dos periodistas franceses en Malí en 2013.
Esta histórica resolución insta a los Estados Miembros a que tomen medidas concretas para prevenir las agresiones contra los periodistas, asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia y garantizar el derecho de las víctimas a las reparaciones. Asimismo, exhorta a los Estados a promover un entorno propicio y seguro en el que los periodistas puedan realizar su labor de manera independiente y sin interferencias.
