La Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor de excarcelados políticos, líderes opositores, periodistas, exiliados y otras víctimas del régimen de Daniel Ortega, sin embargo, estas disposiciones no son respetadas por la dictadura en Nicaragua .
El pasado 7 de octubre, la CIDH amplió las medidas cautelares a favor de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena — encarcelados desde hace 97 días en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como el nuevo Chipote— y solicitó al Estado de Nicaragua evaluar inmediatamente la posibilidad de otorgarles medidas alternativas a la privación de libertad, puesto que considera que ambos «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua». Sin embargo, no hay respuesta alguna de las autoridades.
Entre otros beneficiarios están el exvicecanciller José Pallais, detenido y beneficiado con medidas cautelares el 24 de agosto, pero tres días después fue acusado por el Ministerio Público del delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». También la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, su hermano el periodista Carlos Fernando Chamorro, quienes junto a su hermano mayor Pedro Joaquín Chamorro, además de Marcos Fletes y Walter Gómez, están siendo acusados por los delitos de lavado de dinero. Pedro Joaquín, Marcos y Walter guardan prisión; Cristiana tiene arresto domiciliario, mientras Carlos Fernando partió hacia el exilio.
¿Funcionan o no?
Si las medidas cautelares no previenen que la dictadura de Daniel Ortega continúe violentando los derechos de los ciudadanos, entonces ¿de qué sirven?
El defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca+, Gonzalo Carrión, explica que lamentablemente «en regímenes dictatoriales como en Nicaragua, el respeto a los derechos humanos es un tema de aspiración permanente. No hay respeto a los derechos» y hay un constante desprecio al sistema interamericano, sobre todo en materia de derechos humanos.
Carrión destaca que el Estado de Nicaragua ni siquiera es capaz de notificar un recibido o un rechazo a las medidas cautelares, por el contrario, ni siquiera se pronuncia al respecto, no asiste a las audiencias que le convocan y más bien continúa violentando los derechos de los nicaragüenses beneficiados con estas medidas.
Un abogado defensor de dos actuales reos políticos beneficiarios de medidas cautelares que solicita anonimato, indica que las medidas cautelares son para «hacer ver al Estado que está en la obligación de proteger la libertad, la vida, la seguridad y los derechos fundamentales» de la persona a la que se le han otorgado.
Una vez que el Estado es notificado de los ciudadanos que son beneficiados con medidas cautelares, aunque no acuse el recibido, está en la obligación de evitar que se consumen las amenazas en contra de la vida o la integridad física de esa persona.
Pero esto no ha sido así. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha beneficiado con medidas provisionales, que tienen mayor jerarquía que las otorgadas por la CIDH, a los opositores Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera, el pasado 24 de junio.
La Corte inclusive solicitó la «liberación inmediata» para estas cuatro personas, pero el régimen de Daniel Ortega no acató lo dispuesto y de igual manera los acusó. «Lo peor es que son delitos inventados y ni siquiera se están llevando en legalidad», expresa el abogado en anonimato.
¿Qué son las medidas cautelares?
Según la CIDH, una medida cautelar es cuando se le «solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable».
En los últimos 35 años, las medidas cautelares han sido invocadas para proteger a miles de personas en riesgo, señala el organismo en su sitio web.
Entre los grupos que mayormente son beneficiados en el continente, se encuentran los defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, grupos vulnerables como mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas, comunidades LGBTI y personas privadas de libertad.
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En ocasiones también han sido otorgadas a testigos, operadores de justicia, personas en vías de ser deportadas a un país donde su vida e integridad física corre peligro, e incluso a personas condenadas a la pena de muerte.
En Nicaragua, no hay un dato exacto de cuántas personas han sido beneficiadas con medidas cautelares, pero Gonzalo Carrión indica que es una cantidad «significativa» que a partir de 2018 se ha incrementado por la crisis política que estalló ese año.
¿Hay consecuencias para el régimen?
Sí. Cuando un Estado no acata las medidas cautelares que otorga la CIDH, puede haber consecuencias «fundamentalmente de orden político», en organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), o bien de manera bilateral entre los países, explica Gonzalo Carrión.
El otro especialista consultado indica que «el Estado en algún momento tendrá que responder por no adoptar estas medidas», pero esto será a futuro, una vez que se empiecen a juzgar los delitos de lesa humanidad de los cuales Daniel Ortega ha sido acusado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Carrión también dice que por el momento «hay que saber identificar que estamos ante una dictadura que no respeta nada, ni los derechos de la gente. La dictadura tiene un desprecio por la vida y los derechos humanos de las personas»,
¿Cómo solicitar medidas cautelares?
Para que la CIDH otorgue medidas cautelares a una persona, primero debe recibir una solicitud con los datos de esa persona, una descripción detallada y cronológica de los hechos que sustenten la solicitud y la descripción de la protección que requiere.
La CIDH recibe la solicitud en línea a través de un formulario o un correo electrónico, y pasa a evaluar el caso de manera minuciosa. El organismo también tendrá en cuenta si se ha denunciado su situación ante las autoridades pertinentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse.
Luego la CIDH emitirá una resolución con antecedentes, contexto, la versión del Estado (si la hubiere) y el análisis hecho por los expertos del organismo en donde se indicará si la persona será beneficiada con las medidas cautelares o no amerita que le sean aplicables.
