La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se tardó más de 100 días para notificarle a la abogada defensora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, que finalmente nombrará a un magistrado de dicho tribunal para que redacte un proyecto de sentencia en el que se decidirá si la Ley 1060, Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 406, del Código Procesal Penal de la República, es o no inconstitucional.
Según la cédula judicial enviada a la presidenta y dos miembros más del Cenidh, la Corte admitió darle trámite a varios recursos por inconstitucionalidad el pasado 17 de junio, a las 2:05 p.m. Sin embargo, la notificación fue emitida por la oficial Zoila Leiva Flores y entregada a la oficina de la defensora este miércoles 29 de septiembre, a las 10:30 de la mañana. Al final de los escritos se reflejan los nombres de nueve magistrados de la CSJ.
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«Remítase las diligencias a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que proceda a designar al magistrado que proyectará la sentencia correspondiente”, señala la cédula judicial. De ahí el magistrado asignado tendrá un plazo de 30 días para proyectar la sentencia y posteriormente el documento debe ser entregado a la «Presidencia de la Corte Suprema de Justicia para que esta convoque al Pleno para su discusión y aprobación en un plazo de sesenta días».
Ortega y Porras entregaron sus informes
En la admisión del recurso por inconstitucionalidad se estableció que Daniel Ortega y Gustavo Porras tenían un plazo de 20 días para presentar un informe. En el caso de Ortega, sería a través de Martha Ruiz, ministra asesora para Políticas y Asuntos Internacionales, y en el caso de Porras, mediante la diputada y secretaria de la Asamblea, Loria Raquel Dixon.
Según la cédula judicial, dichos informes fueron presentados entre el 26 y el 30 de julio del presente año. «Notificado el auto referido a todas las partes el quince de julio de 2021 se presentaron los siguientes escritos: Personamiento e informe del excelentísimo señor presidente de la República de Nicaragua, presentado a las 2:26 minutos de la tarde del 26 de julio (…) Personamiento e informe del presidente de la Asamblea Nacional presentado a las 9:25 minutos de la mañana el 30 de julio».
Núñez: «Esto es una vergüenza»
Por su parte, Núñez recordó que ellos interpusieron el recurso por inconstitucionalidad desde marzo pasado dentro del término de 60 días que establece la Ley, fue hasta después que admitieron el recurso y pidieron los informes a los recurridos que fueron quienes aprobaron la ley.
«Ellos rindieron su informe en julio, pero es hasta ahorita que la presidenta de la CSJ, nos manda una cédula de notificación informándonos lo que habían dictado hace como dos meses, donde manda a que el caso pase al despacho de un magistrado para que proyecte la resolución, esto es una vergüenza, ellos mismos están demostrando que están actuando contra ley expresas y que están cometiendo retardación de justicia», reaccionó Núñez.
Enseguida dijo a LA PRENSA que en la actualidad este retraso evidencia que dicho recurso será engavetado: «No tenemos ninguna expectativa, porque así como se tardaron ocho meses en decir que lo van a estudiar, ese recurso jamás lo van a resolver, ese recurso lo van a meter en una gaveta que se llene de polvo, porque la CSJ no dicta ninguna sentencia si no se lo ordenan desde El Carmen», indicó.
En esa misma línea, la presidenta del Cenidh cuestionó que en la actualidad se está aplicando la ley como si «no hubiera recursos interpuestos. Ese recurso va a pasar mucho tiempo en una gaveta».
Aprobación de la reforma
El 3 de febrero de 2021, los diputados, de mayoría oficialista, en la Asamblea Nacional aprobaron la Ley 1060, Ley de Reforma y Adición a la Ley 406, o Código Procesal Penal de Nicaragua (CPP), que permite tener hasta por un período de 90 días detenida a una persona que esté siendo procesada. Dos días después la reforma entró en vigencia y luego los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) orientaron los detalles de su aplicación a jueces y magistrados de los tribunales de apelaciones.
Para decretar la prisión preventiva de 90 días, los jueces deben realizar una audiencia especial de tutela de garantías constitucionales que, según la CSJ, tiene como naturaleza tutelar los derechos y las garantías del imputado y tendrá como finalidad resolver la solicitud de Fiscalía de ampliar el plazo para investigar y sobre la detención judicial, así como garantizar la defensa del imputado. Abogados y familiares de los detenidos han denunciado que esta audiencia se ha realizado sin previo aviso y en ausencia de los defensores.
Otros recursos
El pasado 15 de julio, la CSJ también anunció que admitía darle trámite a otros recursos por inconstitucionalidad interpuestos por varios defensores y ciudadanos en contra de la Ley de Agentes Extranjeros; Ley Especial de Ciberdelitos, y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. En esa admisión de la misma manera se estableció un plazo de 20 días para que Ortega y Porras rindieran un informe.
