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LA PRENSA/ARCHIVO

CSJ admite recursos por inconstitucionalidad contra tres leyes aprobadas por el régimen y pide informe a Ortega y Porras

Los magistrados solicitan a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional presentar un informe en el plazo de 20 días sobre tres leyes vigentes

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le notificó a la organización Defensores del Pueblo que ha admitido los trámites de recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y Ley de Soberanía, aprobadas en el país en los últimos dos años, y por lo cual el poder judicial solicita al presidente de la República, Daniel Ortega y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentar informes en un plazo de 20 días.

El abogado José Antonio López, uno de los que interpuso los recursos, explicó a LA PRENSA que recibieron tres cédulas judiciales de notificación del poder judicial, una por cada recurso interpuesto para cada ley; dos emitidas por los notificadores Erik Guevara y la otra por Zamir Damha. Al final de los escritos se refieren los nombres de nueve magistrados de la CSJ.

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“La Corte Suprema de Justicia le está pidiendo y a la vez ordenando, a Ortega y a Porras, rendir informes referente al recurso de inconstitucionalidad que estamos interponiendo como ciudadanos en el uso de nuestros derechos. Nos están dando lugar a que se tramitan nuestros recursos”, dijo López.

Mediante escrito presente en tiempo y forma ante la secretaría de la Corte Suprema de Justicia diversos recursos recurrentes con distintas generales de ley y domicilio interpusieron recurso por inconstitucionalidad en contra del doctor Gustavo Eduardo Porras Cortés en calidad de presidente de la Asamblea Nacional por haberse emitido la ley número 1040 Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada el 15 de octubre de 2020 y publicada en La Gaceta, diario oficial número 192 el 19 de octubre del 2020 y  contra el excelentísimo señor presidente de la República de Nicaragua comandante José Daniel Ortega Saavedra, por haberse promulgado y publicado la referida ley (…) señalaron como violentados diferentes artículos de la Constitución Política, reza parte de la cédula de notificación.

Abogados Julio Montenegro y José López presentan recurso por inconstitucionalidad en la CSJ. LAPRENSA/ MARTHA VÁSQUEZ

López explicó que la Ley de Justicia Constitucional dicta que quienes analizan los recursos por inconstitucionalidad es  la CSJ en pleno, para “deliberar y emitir una sentencia en el caso de estos recursos por inconstitucionalidad”.

Ortega y Porras deben rendir informe 

Añadió que una vez que la CSJ notifique al presidente de la República y al de la Asamblea Nacional, deberán rendir su informe ante la CSJ.

“Concediéndose la intervención de la ley a los ciudadanos antes mencionados contra el doctor Gustavo Eduardo Porras Cortés y al excelentísimo señor presidente de la República de Nicaragua Comandante José Daniel Ortega Saavedra y a la Procuradora General de la República licenciada Wendy Carolina Morales Urbina el plazo de 20 días para que se apersone ante este supremo tribunal rinden informe”, dicta la notificación. En el caso de Ortega será a través de Martha Ruiz, ministra asesora para Políticas y Asuntos Internacionales, y en el caso de Porras, a través de la diputada y secretaria de la Asamblea, Loria Raquel Dixon.

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Lo que prosigue 

Tras haber recibido las cédulas de notificación, según López, lo que sigue es introducir un escrito en el que harán saber a la CSJ que ya fueron informados de la decisión tomada. “También vamos a solicitar a la CSJ que una vez que  rindan los informes, el señor presidente de Nicaragua y de la Asamblea, nos den copia para nosotros estudiarlos y poder alegarlo bajo el principio del derecho a la réplica”, indicó.

Los recursos por inconstitucionalidad lo interpusieron en el plazo establecido por la misma CSJ. “Nos están admitiendo porque los hicimos en tiempo y forma”, insiste López.

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Las tres leyes en el contexto electoral de este año han sido utilizadas para abrir procesos investigativos contra organizaciones no gubernamentales amparados bajo la Ley de Agentes Extranjeros, tales como son las investigaciones contra la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Y también “entrevistar” en la Fiscalía a más de una treintena de periodistas y directores de medios independientes.

Y de la misma manera, la Ley de Soberanía está siendo utilizada para mantener bajo prisión a más de 20 nicaragüenses, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, líderes opositores, exguerrilleros sandinistas y un cronista deportivo, quienes llevan hasta este 14 de julio entre 47 y nueve días “secuestrados” en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocido como el Chipote o en condición de casa por cárcel.

“CSJ no está en contra de Ortega”

Ante el contexto actual, en el que las instituciones del país han perdido su independencia y están dominadas por el régimen de Daniel Ortega, la CSJ también ha sido señalada por organismos de derechos humanos como un brazo represor, y la admisión de los recursos podría considerarse como “extraño” por pensar que Ortega es quien dicta las órdenes en el poder judicial.

No obstante, el abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, aclara que legalmente el presidente de la República “no es el jefe supremo de la CSJ”. Ortega es el jefe supremo solo del Ejército y de la Policía, según lo establecen implícitamente las leyes del país.

Gabriel Álvarez, abogado especialista en derecho constitucional. LAPRENSA/Roberto Fonseca

“La CSJ no está en contra del presidente de la República, no está en estos momentos pronunciando sobre el fondo del recurso, no está diciendo una cosa o la otra, no está diciendo si es constitucional o inconstitucional las tres leyes, simplemente lo admite y va a dar impulso. Lo que está haciendo la CSJ es lo que se esperaría, llamar a la Presidencia de la República y al presidente de la Asamblea Nacional para que estos rindan su informes, y luego la Ley establece los plazos correspondientes para que se pronuncien sobre las leyes. No debe entenderse que es en contra el presidente porque ni siquiera conoce el informe que va a enviar, no conoce la opinión jurídica de ellos”, indicó Álvarez.

Insistió en que en estos momentos el poder judicial “no se está pronunciando en contra de Ortega y tampoco está predisponiendo de su pronunciamiento de fondo ni se puede decir que va a fallar en una dirección o en otra, simplemente lo admite, le da trámite y le va a dar el procedimiento que corresponda”.

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