Desde el año 2013 en Nicaragua se conmemora el 29 de septiembre como el Día de los Abogados como homenaje al natalicio de Miguel Larreynaga. Nunca antes, el ejercicio de la abogacía en Nicaragua ha sido tan riesgoso como hoy en día, pero además de ser riesgoso, el ejercicio de esta profesión ha dejado de jugar su rol fundamental en el desarrollo de una sociedad.
Para empezar, Nicaragua puede catalogarse como un Estado fallido, toda vez que su Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, son incapaces de garantizar los Derechos Humanos de la población; existe un colapso sustancial de los poderes del Estado al no ejercer un control jurídico efectivo sobre los crímenes del régimen Ortega-Murillo, no es solamente por la ausencia de independencia de poderes en su sentido formal, sino también por la complicidad represiva de estas instituciones contra las voces disidentes.
Puede explicarse —aunque nunca justificarse— en la existencia de un régimen dictatorial la persecución política a opositores, pero apresar a los abogados que los defienden, es no tener un ápice de decencia. Lo que ocurre en Nicaragua es tan desgarrador que, a los pocos días de haber brindado entrevista a un medio televisivo sobre las violaciones al debido proceso, la abogada María José Oviedo, quien representaba a algunos presos políticos, fue encarcelada por el régimen Ortega-Murillo.
El Poder Judicial y los demás operadores de justicia no solo han obstaculizado el ejercicio de la abogacía, sino que han perseguido a quienes demandan justicia en el país. La situación actual es consecuencia de la concentración de poder del régimen Ortega-Murillo, pero también ha existido en cierto punto una responsabilidad compartida en el mundo de la enseñanza y ejercicio del Derecho. Desde las universidades que renunciaron a la enseñanza crítica del Derecho hace más de década y media para evitar en conflicto con el régimen, hasta los abogados usuarios de la Administración de Justicia y servicios conexos, quienes prefirieron guardar silencio antes que entrar en controversia con el sistema.
Al día de hoy, el número consecutivo de abogados autorizados en Nicaragua es próximo a los 35 mil, ese mismo número para el 2007 era probablemente de unos 13 mil. Eso implica que unos 20 mil abogados que representan aproximadamente dos terceras partes del gremio activo en el país se formaron sin enseñanza crítica del Derecho y ejercen su profesión sin incomodar al sistema y mucho menos al régimen para ganarse el sustento con su ejercicio profesional. Lo que trato de poner en perspectiva es que el daño causado al ejercicio de la abogacía no se limita a la perversión del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría de Oficio y otras actividades conexas a la Administración de Justicia en el país, sino que el grueso del gremio se formó y ejerce en las condiciones impuestas por el régimen.
Si el Derecho es el conjunto de normas que rige a una sociedad, el ejercicio libre del mismo está llamado a desarrollarse y perfeccionarse de forma continua, acorde a las exigencias de una sociedad más justa, pero en las condiciones actuales del país, el Derecho ha perdido esa función sistémica. Peor aún, una eventual alternancia democrática en Nicaragua que pugne por la actualización de una Administración de Justicia acorde a estándares internacionales de independencia y eficacia, puede encontrar una enorme resistencia no solo en los actuales operadores impuestos por el régimen, sino que en el gremio en general, ya que desaprender es un reto mayor que aprender, por despojarnos del conocimiento que nos brindaba seguridad y sacarnos de nuestra zona de confort.
La construcción de una nueva Nicaragua pasa por la construcción de una nueva cultura jurídica en el país, donde la enseñanza crítica del Derecho y la consolidación de una Administración de Justicia independiente y eficaz se conviertan en las bases del ejercicio de una abogacía verdaderamente libre y útil para la construcción de una sociedad más justa.
El autor es maestro en Derechos Humanos