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Ministra de Salud, Martha Reyes y la presidenta del CSE, Brenda Rocha. Foto tomada de El 19 Digital

CSE anuncia que campaña electoral será principalmente virtual y enfatiza sobre leyes restrictivas

Los partidos políticos y los candidatos deben evitar eventos presenciales masivos y priorizar los mecanismos de difusión virtuales y digitales. También se prohíben caravanas y recomiendan que embarazadas, niños y adolescentes no asistan a actividades presenciales que no deben superar las 200 personas, como medidas frente a la pandemia por covid-19

La campaña electoral que inicia el próximo sábado 25 de septiembre se realizará bajo disposiciones y medidas sanitarias de prevención y control de la covid-19, por recomendaciones del Ministerio de Salud de Nicaragua, informó este lunes el Consejo Supremo Electoral (CSE), mediante la publicación de la certificación en el sitio web de la entidad.

La publicación indica que los partidos políticos y los candidatos deben evitar eventos presenciales masivos y priorizar los mecanismos de difusión virtuales y digitales para dar a conocer de una manera segura sus planes de gobierno.

Agrega que las actividades políticas presenciales deben realizarse solamente en áreas abiertas, con convocatorias de no más de 200 personas, asegurando las medidas de prevención y control, mantener una distancia de 2 metros entre las personas, higiene de manos, uso de mascarilla y toma de temperatura al ingreso del área.

Indica además que las actividades políticas o proselitistas deben durar el menor tiempo posible, como máximo una hora y 30 minutos.

Entre otras medidas publican:

—Se recomienda que personas que forman parte de los grupos de riesgo no participen en actividades proselitistas o políticas presenciales.

—Ninguna persona que califique como caso confirmado o sospechoso debe asistir a las actividades proselitistas o políticas presenciales.

—Se recomienda que las mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes no asistan a las actividades proselitistas o políticas presenciales.

—Se ordena no realizar caravanas (en buses, motos, carros, coches, ni en ningún otro medio de transporte), esta medida será de cumplimiento estricto para garantizar la salud y la tranquilidad de las familias nicaragüenses.

—Se deberá disponer en lugares visibles las medidas sanitarias que deben de observar todos los asistentes. También se recomienda utilizar señalización para los accesos y salidas del lugar a fin de que las personas guarden la distancia requerida al ingreso y egreso del lugar.

Los partidos políticos o alianzas de partidos que participan en las elecciones generales de este año 2021 deberán cumplir estas medidas dispuestas por el Ministerio de Salud durante la campaña electoral.

Durante su alocución de este lunes en los medios oficialistas, la vicepresidenta Rosario Murillo indicó que “esta mañana el CSE dio a conocer todas las medidas que con el Minsa y con la garantía de la Policía Nacional se estarán aplicando para asegurar que el proceso electoral en nuestro país se dé con toda la seguridad y con todas las medidas de protección que todos los partidos políticos, que toda la ciudadanía exigen. Porque en momentos que transitamos en el mundo, en estos momentos tenemos que cuidarnos todos, y las campañas electorales no solo tienen que ser innovadoras sino con garantías de protección a la salud de todos. Una campaña segura en todo sentido, una campaña que toma en cuenta las necesidades de la comunidad humana”.

Último boletín informativo

Por otro lado, el CSE mediante el Boletín informativo número 19, publicado el 17 de septiembre, señala que la campaña electoral debe realizarse en apego a las leyes que ha aprobado en los últimos años el régimen de Daniel Ortega.

El Reglamento de Ética Electoral divulgado por el CSE demanda el cumplimiento de los principios constitucionales, de la Ley 331, Ley Electoral; Ley 919, Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua; Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y demás normativas, y leyes que se vinculen con la materia.

La Ley 1055

La Ley 1055, aprobada el 21 de diciembre de 2020, fue puesta en práctica este año para detener y acusar a los opositores por cometer supuestamente “traición a la patria”, “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación”, “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y otra serie de delitos que establece ese marco legal.

En pleno año electoral, más de 30 opositores están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (el nuevo Chipote) o tienen casa por cárcel, acusados de violentar la Ley 1055.

Ley de Soberanía

Por su parte, la Ley de Seguridad Soberana fue aprobada el 2 de diciembre de 2015, en medio de las críticas de expertos en seguridad y opositores al Gobierno, quienes advirtieron que era un marco legal para justificar el secretismo y la represión contra los opositores.

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Según los expertos, la legislación deja a discreción de Daniel Ortega y de los militares subordinados la aplicación de esta ley para castigar a quienes cometan acciones que atenten contra la “soberanía” y la “seguridad”, y la consideración de “información reservada” para no explicar sus operativos militares.

“Ley Putin”

El 15 de octubre de 2020 fue aprobada la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, llamada por los críticos “Ley Putin” por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladimir Putin, para censurar a los medios de comunicación rusos.

Esta legislación tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y las acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación, lo que es considerado por los críticos como una violación al artículo 34 de la Constitución Política, que establece el derecho a la presunción de inocencia.

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La “Ley Putin” también es considerada un mecanismo de espionaje financiero contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones sociales y opositoras que reciban recursos de agencias y gobiernos extranjeros.

Los críticos valoraron que el régimen tiene la pretensión de afectar a las organizaciones opositores con esta regulación, debido a que el artículo 16 de la misma congela las operaciones de todas las organizaciones que el régimen defina como “agente extranjero”, mientras estas no hayan cumplido con las exigencias ante el Ministerio de Gobernación. “Los sujetos obligados no podrán realizar movimientos de fondos monetarios ni bienes materiales, mientras no cumplan con la obligación de registrarse”, establece esta Ley.

Delitos y prohibiciones sacados del discurso oficialista

Además, el CSE detalla en el último boletín informativo, publicado el 17 de septiembre, los delitos y prohibiciones durante la campaña electoral.

Entre algunos de los delitos y prohibiciones está:

—Cometer actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan violentar los principios fundamentales, establecidos en la Constitución Política de la República de Nicaragua.

—Las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como agentes extranjeros, deben abstenerse so pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa.

—Tampoco pueden financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua.

—Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe o intento de golpe de Estado; que alteren el orden constitucional; que fomenten o insten a actos terroristas; que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación; que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento extranjero para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización; que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones.

—Aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos; y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán “traidores a la Patria”, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los “actos de traición”, los “delitos que comprometen la paz” y los “delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”. En concordancia a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nº. 1055.

El CSE además confirmó este lunes que el próximo sábado 25 de septiembre inicia la campaña electoral y concluye el 3 de noviembre próximo.

Confirma fecha de inicio de la campaña

El magistrado del CSE, Leonzo Knight Julián, llamó este lunes a los partidos políticos y alianzas a respetar el reglamento de ética electoral.

“Insistimos que se debe desarrollar en ese marco de paz, tranquilidad, seguridad y respeto”, dijo en conferencia de prensa donde solo son permitidos los medios de comunicación oficialistas.

Knight es originario de la comunidad Karawala, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur; de identidad étnica ulwa con una mezcla de padre afrodescendiente y madre ulwa. Este magistrado ha reconocido su afinidad con el partido gobernante, aunque fue propuesto para ese cargo por la diputada del Partido Conservador (PC), Wendy Guido.

Las votaciones del próximo domingo 7 de noviembre son para elegir presidente, vicepresidente, diputados de la Asamblea Nacional y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

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