La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, define la Ley de Seguridad Soberana (SS), que entró en vigencia el 18 de diciembre de 2015, como el “ropaje jurídico” de las muertes, encarcelamientos, violaciones a los derechos humanos, faltas al debido proceso, desaforaciones y defenestraciones de diputados que ocurrieron ese año.
Según los reportes del Cenidh, el año pasado se dieron al menos 13 situaciones claramente violatorias a los derechos humanos, pero Núñez parte del 14 de septiembre como el clímax de la represión con el evento que se dio en Waspam (en el Caribe Norte del país), donde la celebración de las Fiestas Patrias terminó en enfrentamientos entre miembros del partido indígena Yatama y simpatizantes del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En esa ocasión murió Mario Leman, del partido Yatama.
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El 30 de octubre también hubo otro enfrentamiento entre miembros de Yatama y del FSLN, pero esta vez en Bilwi, cabecera del Caribe Norte (RAAN), donde resultó muerto Albino Martínez Smith, de 23 años, miembro de la Juventud Sandinista.
El Cenidh también cuenta entre los episodios de violencia e impunidad la masacre de Las Jagüitas, ocurrida el 11 de julio del 2015, cuando la Policía mató a tres miembros de la familia Reyes Ramírez. También la justificación del presidente Daniel Ortega a los disparos de Samir Matamoros, llamado “pistolero de Metrocentro”, contra los ciudadanos que asisten a los “miércoles de protesta”; la represión y cárcel contra quienes dirigían las protestas de la Mina El Limón (León) y las protestas de los excañeros de Chichigalpa (Chinandega), quienes padecen insuficiencia renal crónica.
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El Cenidh suma la represión a la marcha de los campesinos que demanda la derogación de la Ley del Canal Interoceánico; el encarcelamiento al concejal capitalino del Partido Liberal Independiente (PLI), Omar Lola, y el activista Pedro Ortiz, al igual que la desaforación de los diputados del PLI, Raúl Herrera y Eddy Gómez, para detener los “miércoles de protesta” y la defenestración de Brooklyn Rivera del cargo de diputado.
“Todos estos hechos traen como consecuencia el encarcelamiento prolongado, en algunos casos hasta por más de un mes sin ningún juicio, trasladándolos de su jurisdicción y encerrándolos en El Chipote (cárcel), donde no los dejan ver ni por organismo de Derechos Humanos ni por sus abogados defensores, ni siquiera por su familia”, manifestó Núñez.
DEMUESTRA QUE TIENE MIEDO
Ante todos esos hechos, Núñez considera que este año de elecciones será “muy difícil” y que en ese contexto la Ley de Seguridad Soberana será “un mecanismo para buscar cómo, con ropaje jurídico, intimidar a la población, la represión que mantiene contra todas las protestas de los miércoles, en demanda de transparencia electoral, y la represión que están ejerciendo contra los miembros del PLI”.
El teniente coronel en retiro Irving Dávila considera que la Ley de Seguridad Soberana aún no está completa hasta que se aprueben este año las reformas al Código Procesal Penal, que vendrían a incrementar las 48 horas de detención hasta 60 días, previo a la audiencia preliminar y sustraer al acusado de su juez competente. Es decir, “lo que han venido haciendo en la práctica con las detenciones ilegales, hasta ahora que lo están legalizando”, dice el exmilitar y miembro de la sociedad civil.
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El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, también cree que el 2016 “será un año de desafío y de luchas”. Carrión expresa que con la vigencia de la Ley de Seguridad Soberana y el hecho de que sea un año electoral, exponen a la población a la violación de sus derechos.
La directora del Instituto de Estudios y Políticas Públicas (Ieepp), Elvira Cuadra, expresó que en este año electoral se deberían de “fortalecer los espacios de diálogo y de negociación y que no se privilegie el uso de la fuerza de parte de las instituciones del Estado.
