La derogación de la Ley de participación educativa (Ley 413) se concretó este jueves 9 de septiembre, en una sesión legislativa en que los diputados sandinistas se dedicaron a atacar al exministro de Educación, Humberto Belli, quien puso en práctica esa ley durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), bajo el lema de «autonomía escolar».
En junio pasado, Belli se vio obligado a salir del país por las amenazas y persecución del régimen de Daniel Ortega, que giró una orden de captura y búsqueda en su contra.
La Ley 413 está siendo derogada 14 años después que dejó de ser aplicada por el gobierno de Daniel Ortega, tras regresar al poder en 2007, pero los diputados sandinistas conservan intacto su rencor contra los exfuncionarios de lo que llaman «gobiernos neoliberales».
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Uno de los discursos más despectivos, cargado de epítetos y rencor, fue el de la diputada sandinista Johanna del Carmen Luna Lira.
«Los ministros mercaderes, los ministros mercenarios como Humberto Belli, (Silvio) De Franco y otros, nos violentaron nuestro derecho constitucional a tener una educación gratuita», dijo Luna.
Además, la diputada Luna señaló «a los gobiernos Chamorro, los gobiernos Alemán Lacayo, los gobiernos Bolaños Geyer» de ser «malvados», «banda de saqueadores», «vendepatria», «vampiros chupa sangre» y otros adjetivos que también son parte del repertorio de ofensas que repite casi todos los días la primera dama y cogobernante, Rosario Murillo.
Lo llaman «prófugo de la justicia»
La diputada sandinista y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Maritza Espinales, se refirió a Belli como «la mente perversa» que creó la Ley 413 y también dijo que fue apoyado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), uno de los organismos que el régimen de Ortega ha judicializado por criticar sus acciones.
«La mente perversa de quien creó el anteproyecto, que en ese momento trabajaba en Funides, un organismo no gubernamental que gracias a Dios ya no tiene personería jurídica, golpista, lo presenta el señor Humberto Belli desde Funides. Llega a la Asamblea Nacional y en ese momento el presidente de la Asamblea era el señor Arnoldo Alemán y en ese momento el presidente de la República, el ingeniero (Enrique) Bolaños. Estamos hablando de personalidades con poca conciencia social, sin ningún principio ni respeto ni amor a nuestro pueblo», dijo Espinales.
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Por su parte, el diputado sandinista y presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, José Antonio Zepeda, dijo que Belli es un prófugo de la justicia, que hizo de la educación pública un negocio perverso, manipulador y que, según Zepeda, promovía la humillación a los estudiantes y a las familias pobres.
Fueron nueve diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) quienes intervinieron para alabar al gobierno de Ortega y despotricar contra los anteriores gobiernos neoliberales, como ya es habitual que lo hagan los funcionarios orteguistas.
La sesión plenaria se realizó con la presencia de 84 diputados, de un total de 91. La derogación general de la Ley 413 y su reglamento fue votada por los 70 diputados del FSLN, los demás se abstuvieron.
Ortega y sus funcionarios destacan como uno de los logros de este gobierno la gratuidad de la educación, sin embargo, los críticos señalan que durante el régimen orteguista ha bajado la calidad de la educación pública, que además es impartida con un sesgo político-partidario y los salarios de los maestros siguen siendo bajos.
Sandinistas votaron a favor de la Ley de Participación Educativa o Ley de Autonomía Escolar
Pese a las críticas que durante la derogación de la Ley de Autonomía Escolar hicieron los diputados sandinistas, en 2002 cuando esta fue aprobada todos votaron a favor. De acuerdo con el documento de la Asamblea Nacional la ley fue aprobada en la mayoría de sus artículos sin un solo voto en contra.
Incluso el jefe de bancada, diputado Edwin Castro, indicó en ese momento: «Realmente hemos logrado avanzar en esta Ley de Participación Educativa, hemos logrado mejorarla con el concurso de todos los Diputados, en el ánimo de buscar el consenso y la verdadera participación. Realmente que nos quede de experiencia, porque en esta ley que viene desde el año pasado, hubo un Dictamen de Minoría que no llegó a Primera Secretaría. El procedimiento del Estatuto es que se envían los dictámenes de minoría vía Comisiones, y es obligación de las Comisiones hacerlos llegar. Aparentemente en esto hubo de por medio el receso parlamentario de medio año, y en ese trajín, entre presentar el Dictamen de Mayoría antes del receso y el Dictamen de Minoría después del receso, no quedó registrado en Primera Secretaría; es por eso que hoy aquí no aparece como debería aparecer el Dictamen de Minoría».
Puede leer la discusión de la Ley hoy derogada aquí
