La Asamblea Nacional, controlada por los diputados del régimen de Daniel Ortega, próximamente derogará la Ley de Participación Educativa (Ley 413) y su reglamento. La Ley 413 fue aprobada durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007), con el fin de promover la autonomía escolar en los colegios públicos.
Con el regreso de Ortega al poder en 2007 esa legislación se dejó de aplicar, sin embargo, aún sigue vigente. Además, el actual mandatario y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, repiten hasta el día de hoy que esa ley fue una imposición de las políticas neoliberales y capitalistas, y que violentaba el principio de gratuidad de la educación pública.
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La iniciativa de Ley que deroga la Ley 413 fue propuesta por el diputado sandinista José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social.
La exposición de motivos recuerda que la Ley 413 fue aprobada el 7 de febrero de 2002 y publicada en La Gaceta, diario oficial.
«Esta norma tiene por objeto regular el régimen de la participación de la sociedad civil en la función educativa, en especial de padres de familia, educadores y estudiantes. A pesar del objeto que tiene, los gobiernos neoliberales la utilizaron como una herramienta para violentar lo dispuesto en la Constitucional Política de Nicaragua, de manera particular lo dispuesto en el artículo, ya que amparados en la llamada Autonomía Escolar aprobaron una serie de acuerdos ministeriales con el objeto de cobrarle a los padres y madres de familia la asistencia simulada a los colegios», manifiesta la exposición de motivo.
Humberto Belli, quien fue el ministro de Educación durante la administración de Bolaños, defendió la Ley 413 en el artículo de opinión «De la autonomía al centralismo», publicado en LA PRENSA el 27 de octubre de 2014.
Belli manifestó que «en el 2007 el exministro Miguel de Castilla, bajo instrucciones de Ortega, desmontó ilegalmente un sistema de gestión escolar participativo y democrático, y volvió a establecer el viejo sistema autoritario y centralista».
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El exministro reconoció en el artículo que las cuotas voluntarias que se pedían en algunos colegios generaron «abusos» en «centros que se las ingeniaban para cobrar», pero consideró que «esto podía ser corregido dentro del marco de ley, la cual en su artículo 16 prohibía los cobros de cual índole en los centros educativos, añadiendo que nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas».
«En lugar de enmendar lo malo, preservando los aspectos participativos, De Castilla demonizó la autonomía como un sistema perverso y decidió acabar con todas sus disposiciones, sin distinguir entre buenas y malas. Y lo peor es que no lo hizo recurriendo a la Asamblea, para derogar o cambiar la ley, como debe hacerse en un estado de derecho, sino por las vías de hecho», expresó Belli en ese entonces.
Actualmente Belli está en el exilio por la persecución política del régimen orteguista.
La Asamblea Nacional de Nicaragua está conformada por 91 diputados, de los cuales 70 son del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lidera Daniel Ortega y su esposa Murillo. Todas las iniciativas y propuestas que presentan Ortega y los sandinistas son aprobadas sin demora.
