El retroceso institucional sufrido por el país no se confina al ámbito político. Ha marcado también al sistema educacional. En el 2007 el exministro Miguel De Castilla, bajo instrucciones de Ortega, desmontó ilegalmente un sistema de gestión escolar participativo y democrático, y volvió a establecer el viejo sistema autoritario y centralista.
En el 2002 la Asamblea Nacional había aprobado la Ley 413, Ley de Participación Educativa. Entre sus novedades descollaba el artículo 9: “Los centros educativos elegirán a sus directores en asambleas públicas a través del voto secreto, debiendo asegurarse la participación de los padres de familia, docentes y estudiantes”. La máxima autoridad de las escuelas quedó en manos de consejos directivos escolares, integrados por representantes de los tres sectores.
Ni Ortega ni De Castilla estaban contentos. Según ellos la autonomía escolar, al permitir las cuotas voluntarias, violaba el principio de la gratuidad de la educación. Evidentemente había abusos, centros que se las ingeniaban para cobrar. Pero esto podía ser corregido dentro del marco de ley, la cual, en su artículo 16 prohibía “los cobros de cualquier índole en los centros educativos” añadiendo que “nadie podrá ser excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas”.
En lugar de enmendar lo malo, preservando los aspectos participativos, De Castilla demonizó la autonomía como un sistema perverso y decidió acabar con todas sus disposiciones, sin distinguir entre buenas y malas. Y lo peor es que no lo hizo recurriendo a la Asamblea, para derogar o cambiar la ley, como debe hacerse en un estado de derecho, sino por las vías de hecho.
Hoy, octubre del 2014, la Ley de Participación Educativa está plenamente vigente. Sin embargo los directores de centro han vuelto a ser nombrados por el ministro en flagrante violación del artículo 9. Igualmente se ha ignorado el papel de los consejos directivos escolares. Ahora ni los padres de familia ni los docentes ni los estudiantes, tienen voz y voto, confinándose la participación a los Consejos del Poder Ciudadano del FSLN.
La capacidad de decisión autónoma que antes tenía la comunidad escolar ha sido totalmente ignorada. Ni un alfiler se mueve sin autorización del Ministerio. El miedo, la falta de iniciativa, la politización y la total subordinación a las autoridades centrales, son la tónica del actual sistema.
De Castilla y Ortega arremetieron contra la autonomía no porque se cobrara sino porque empoderaba a los padres de familia y a la comunidad local, cosa que adversan los autoritarios. Si su preocupación era el cobro no había necesidad de romper la ley. Bastaban medidas administrativas. Además el problema no era tan grave como lo han pintado con propósitos políticos. Según De Castilla “las cuotas voluntarias eran un mecanismo directo de exclusión escolar y de negación explícita y sin eufemismo del derecho a la educación proclamado a grandes voces en la Constitución Política”. Si es así, ¿cómo explica entonces que suprimidas dichas cuotas la matrícula en lugar de aumentar haya bajado?
Si invoca la Constitución debería recordar su artículo 50: “Los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal.Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación efectiva del pueblo”.
De Castilla y Ortega no solo han violado la Ley de Participación Educativa cobijada por este precepto, sino el juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes que hicieron al asumir sus cargos. Con ello han perdido también el derecho de invocar una Constitución que irrespetan.
El autor es sociólogo. Fue ministro de Educación.
