La mediación, mediante la cual fue liberado Jorge Alberto Hernández Lozano, dueño y conductor del bus de la ruta 117 en la que murió el niño de 4 años, Xavier Eduardo Sequeira, recibió fuertes críticas en las redes sociales.
Para unos, la madre del menor, Josseling Gaitán, actuó mal por haber aceptado 20 mil dólares como compensación por la muerte del niño, mientras que otras personas indicaron que había que respetar su decisión.
LA PRENSA consultó sobre el caso a abogados especialistas en mediación y defensores de derechos humanos, quienes refirieron que la madre del niño estaba en todo su derecho de mediar y enfocaron las críticas en la responsabilidad que, tanto la Cooperativa Parrales Vallejos como las autoridades gubernamentales encargadas de supervisar el buen funcionamiento del transporte urbano colectivo —Policía de Tránsito, Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) y el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)— obviaron.
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La defensora de derechos humanos y directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, criticó que Ortega ha gastado mucho dinero comprándole buses «que no sirven» a Rusia. Indicó que el juicio, que apenas inició, pero fue suspendido por la mediación, fue mal hecho, porque solo se acusó al conductor y dueño del bus, y no se responsabilizó a las instituciones del Estado que deben velar por el buen funcionamiento del transporte público.
Mientras que el también defensor de derechos humanos Pablo Cuevas señaló que los dueños de buses y conductores actúan con impunidad en las calles de Managua, porque son utilizados para trasladar a los simpatizantes de Ortega durante las manifestaciones del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Opiniones divididas
Muchos de los comentarios en la cuenta de Facebook de LA PRENSA señalan que la madre del menor, Josseling Gaitán, no debió haber aceptado la mediación y dejar que Hernández Lozano pagara con cárcel el descuido de conducir una unidad de transporte con un hoyo en el piso, por donde cayó el niño y posteriormente fue arrastrado por el automotor.
Hernández y Gaitán acordaron que el primero deberá indemnizar la muerte del niño con 20 mil dólares. Los primeros 12 mil dólares, Hernández los entregó el jueves 26 de agosto, para obtener su libertad, después de pasar 22 días preso en la Policía.
«Por personas como estas, que aceptan mediar en situaciones como esas, es que el país va como va…», comentó Imara Argueta. «Ese es el problema. Por eso los conductores de buses aquí matan sin escrúpulos», indicó Cristian Napoleón Alegría Navarrete». «20 mil dólares no le regresarán a su hijo», opinó Gudiel Isamar. «Me duele mucho la pérdida del niño. Pero el conductor no quiso hacer daño y si llegaron a mediación, se respeta la decisión de las partes…», fueron las palabras de José Pastor Vargas Mayorga.
«Es un derecho de la madre»
La abogada del Cenidh, Julia Baltodano, manifestó que mediar o no es un derecho de la madre del niño.
Sobre la parte meramente jurídica, Baltodano señaló que en los casos de homicidio imprudente, como es el caso de las muertes por accidentes de tránsito, el artículo 56 del Código Penal dice que la mediación la pueden sugerir cualquiera de las partes en juicio: el juez, la víctima o el acusado. Y se puede realizar en cualquier momento del proceso, antes del fallo del juez.
«La decisión de aceptar o no la mediación siempre es del familiar (de la víctima)», dijo Baltodano.
Para que haya salido en libertad el busero, el juez también tuvo que haber aceptado la mediación, agregó.
Baltodano añadió que muchas veces los familiares de los fallecidos en accidentes de tránsito aceptan la mediación porque «no quieren cargar con el sufrimiento de la pérdida del hijo y deciden sellar su herida perdonando al victimario».
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Lo del dinero se hace porque las personas son de escasos recursos. Sobre estas últimas motivaciones, Baltodano considera que solo quienes conocen a los familiares de los fallecidos pueden valorar la moral de ellos.
En todo caso, la ciudadanía no debería de criticar a la mamá del niño en tanto no le conozca y no tenga elementos suficientes para juzgar su actuación, sostuvo la especialista.
La ley permite la mediación
La directora del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, manifestó que la mediación sí cabe en los juicios por homicidio culposo, aunque lamentó que eso sea así: «Qué barbaridad, como que si al que matan es a un gato», expresó.
Luego agregó: «La mediación está permitida y es ahí donde los que tienen (dinero) pagan la vida de los que matan por irresponsables».
El también defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que lo común en los casos de muertes por accidentes de tránsito es que los familiares de las víctimas y los acusados lleguen a un acuerdo.
La mediación se hace, según Cuevas, porque a la persona fallecida jamás se le podrá revivir y, en la mayoría de estos casos, los fallecidos son padres de familia que dejan hijos huérfanos y las necesidades económicas son muchas.
Irtramma debe llamar a la Parrales Vallejos
Núñez de Escorcia advirtió que sí debería de haber un proceso administrativo en relación con la Cooperativa Parrales Vallejos por parte de Irtramma, «para verificar si la cooperativa exige a sus socios el buen estado de las unidades».
«A la cooperativa se le debería llamar para saber qué han hecho ellos a nivel interno para evitar repetición de casos similares», manifestó.
Por su parte, Julia Baltodano agregó que la Cooperativa Parrales Vallejos debe de realizar su propia investigación para llevar un trámite administrativo. «La cooperativa debe tener su reglamento interno en el que incluyen el estado de los medios de transporte para brindarle a los usuarios seguridad», manifestó Baltodano.
«El detalle es que estas cooperativas no hacen eso y están fallando y permiten de alguna manera que esto siga sucediendo», lamentó Baltodano.
Responsabilidad enorme del gobierno de Daniel Ortega
Los defensores de derechos humanos, Núñez y Cuevas, coincidieron en que se debe destacar que, además del conductor y dueño del bus, en el caso del niño Xavier Eduardo Sequeira hay una gran responsabilidad por parte del gobierno de Daniel Ortega y ninguna de las autoridades gubernamentales fueron sentadas en el banquillo de los acusados junto con el busero.
Cuevas recordó que las instituciones del Estado deben proteger a los ciudadanos, pero no están supervisando bien el transporte urbano colectivo.
