Fue hace dos décadas que Arnoldo Alemán, en su calidad de presidente de la República, y Daniel Ortega, como líder de la oposición en representación del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), consumaron el pacto que les permitió compartir cuotas de poder, pero hoy más que nunca, la instrumentalización del Ministerio Público para criminalizar las protestas sociales y perpetuar la corrupción y otros delitos, evidencian la continuidad del pacto Alemán-Ortega. Un estudio realizado por Hora Cero, grupo independiente de investigación e incidencia social, confirma lo evidente.
El Ministerio Público perdió su autonomía orgánica, funcional y administrativa, plantean en un reciente análisis presentado. Además, la subordinación de la institución, incluida su estructura interna, han propiciado la perpetuación de la falta de aplicación de justicia y consecuente impunidad.
Recientemente, en la criminalización de dirigentes políticos, sociales y empresariales, la institución ha actuado como una institución criminal. “Esta conducta de omisión por parte del Ministerio Público constituye la comisión de los delitos de Incumplimiento de deberes y de omisión del deber”, dicen los resultados del estudio.
Puede leer también: Régimen Ortega Murillo estableció su propio “patrón” para aplicar justicia a los opositores
Génesis de la descomposición: nombramiento de Guido
Según la Ley 346, Ley Orgánica del Ministerio Público, este se creó como “una institución independiente, con autonomía orgánica, funcional y administrativa” y “tiene a su cargo la función acusadora y la representación de los intereses de la sociedad y de la víctima del delito en el proceso penal, a través del fiscal general de la República”.
Sin embargo, el estudio de Hora Cero señala que su descomposición comenzó con el nombramiento de Ana Julia Guido, como resultado del pacto Alemán-Ortega, ya que ella no cumplía los requisitos que exige el cargo.
Guido fue electa en 2007 como fiscal general adjunta, menos de un año después de pasar a retiro en la Policía Nacional, donde ocupó diversos cargos, entre ellos subdirectora general, jefa de la dirección de Asuntos Internos y jefa de la dirección de Seguridad Pública.
Mientras desempeñaba esas funciones dentro de la Policía no podía ejercer su carrera de abogado porque el reglamento de la institución se lo prohibía. Por tanto, cumplió el requisito de haber ejercido durante al menos diez años la profesión de abogado, que establece la Constitución para optar al cargo de fiscal.
También puede leer: Renuncian varias fiscales del Ministerio Público en Nicaragua
Función: criminalización de las protestas
Pero esta no fue la única anomalía registrada también por los medios de comunicación. La lealtad partidaria propició que desde el cargo de fiscal adjunta primero y a partir de 2014 como fiscal general, Guido sometiera al Ministerio Público a los intereses y deseos del gobernante FSLN. Una vez convertida la institución en una extensión del poder ejecutivo, ella y otros funcionarios cercanos a Ortega se han encargado de colocar en cargos estratégicos a familiares, que en muchos casos no poseen la preparación jurídica necesaria para desempeñar las funciones asignadas.
En el marco de la crisis sociopolítica que estalló en 2018, el Ministerio Público se ha convertido en un actor relevante del régimen Ortega-Murillo, que actúa junto con otras instituciones en la labor de criminalizar la participación en las protestas. Al realizar actos y emitir resoluciones que transgreden el debido proceso, la institución ha aprovechado su función acusadora para impulsar la “vulneración de los derechos y garantías” de los acusados.
El estudio de Hora Cero concluye que a partir de 2018, “la coordinación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el poder judicial ha sido eficaz, sobre todo para cubrir las arbitrariedades e irregularidades cometidas por la Policía durante la fase de investigación en clara transgresión al principio de objetividad al que debe ajustarse”.
Otro tema relacionado: Ministerio Público investiga a Victoria Cárdenas y Berta Valle, esposas de precandidatos presidenciales
Otra cara de la moneda: la impunidad
Según la investigación de Hora Cero, los jefes de las unidades especializadas del Ministerio Público se involucraron en el proceso de criminalización de los opositores. Javier Morazán Chavarría, jefe de la unidad especializada contra los delitos de delincuencia organizada, junto a la fiscal general Ana Julia Guido y un grupo de apoyo, habrían ideado los tipos penales que se imputarían en los juicios políticos.
Odett Emilia Leytón Delgado, jefa de la unidad especializada contra la violencia de género, habría participado en el grupo de apoyo que coordinó las mesas de acusaciones. Pese a la politización de la estructura judicial, hubo deserciones, entre ellas, las de Yahosca Janitzia Eugarrios Calderón, jefa de la unidad especializada en atención integral a la víctima.
“Fuentes internas expresaron que ella renunció en los primeros meses de la insurrección cívica de abril del 2018, porque se rehusaba a acatar las orientaciones que criminalizan la protesta social”, menciona entre sus conclusiones el estudio.
Mientras el Ministerio Público continúa con los procesos judiciales de criminalización de las protestas, casos emblemáticos continúan en la impunidad, entre ellos; el ataque en 2013 a los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) que protestaban frente al edificio del Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS); la masacre del 19 de julio del 2014, que dejó cinco muertos y 28 heridos; el caso de Las Jagüitas, en 2015, en el que perecieron tres miembros de una familias y otros dos fueron heridos por agentes de la Policía.
