Cosep ha pasado exactamente dos meses de silencio. La última vez que publicó un comunicado oficial fue el 23 de julio. Causó entonces gran controversia pues su autor, el presidente gremial Michael Healy, avaló la participación electoral y llamó a los comicios una “fiesta cívica”. Desde entonces han ocurrido grandes y graves incidentes, como, por ejemplo, el cierre de la empresa LA PRENSA S.A. y la prisión de sus directivos, sin que ni Cosep, AmCham, o ninguna cámara, hayan osado abrir la boca.
No es su culpa. Nadie es valiente cuando tiene una pistola en el seno. Cualquier director de cualquier institución arriesga su patrimonio e incluso su libertad, si se atreve a expresar opiniones que disgusten a los de arriba. Le puede caer encima la DGI (Dirección General de Ingresos) o la Alcaldía o las Aduanas o cualquier agencia estatal que tenga que ver con ellos. Recientemente el Ministerio de Construcción y Transporte decidió —por sus pistolas— exigirle a la empresa de construcciones Llansa pagarle 3.7 millones de dólares por supuesto incumplimiento de contrato. Quien tenga oídos para oír que oiga.
En un país democrático cualquier víctima de una actuación arbitraria de un ente estatal puede recurrir ante el sistema judicial para defender sus derechos, confiado en que sus argumentos serán juzgados por un tribunal profesional e independiente. No así en una dictadura absoluta. En ella todo funcionario público, juez o administrador, está privado de la más mínima autonomía y no existe el menor reparo en violar la ley. El empresario, el sacerdote, el valetudinario, el ciudadano común y corriente, todos, están totalmente indefensos; completamente a merced del humor de los gobernantes.
Empeora el caso el hecho de que la pareja gobernante está de muy mal humor. Cualquier pequeñez, discrepancia o señalamiento, por cortés que sea, la enoja al extremo. Los recientes exabruptos contra España y Costa Rica son el ejemplo más reciente. El pecado de ambos países fue pedir al Gobierno de Nicaragua comicios libres y respeto a los derechos humanos. Y lo hicieron con un lenguaje propositivo, mesurado. La repuesta, en cambio, fue un vómito —sin precedente en los anales diplomáticos— de insultos y furia. Tan grande esta que sus autores no repararon en el gran daño político que les podía hacer. Porque nada se gana antagonizando países de mucho prestigio y que han sido amigos, excepto aislarse más y exhibirse como mal educados y violentos.
El odio, además de ser mal consejero, produce conductas crueles y desproporcionadas. Como encarcelar incomunicados, por al menos 90 días, a valetudinarios, trabajadores de empresas acusadas, y activistas cívicos, sin que sus angustiados familiares sepan nada de ellos. O castigar como traidores a personas honorables, ponderadas y patrióticas. O suprimir medios y docenas de ONG filantrópicas. O quitar sin justificación alguna pasaportes a familiares de acusados. O asaltar y saquear sus hogares. Pero lo más cruel es exponer con sus furias al pueblo nicaragüense, sobre todo a los más pobres, a través de políticas desafiantes y represivas que, de seguro, matarán las inversiones y podrían hundir la necesaria ayuda externa.
Claro, el odio del poderoso le puede ser útil en cuanto produce miedo y, naturalmente, sumisión. Por eso lo usan. Aunque al final lo que produce es una sociedad ficticia donde se vive en la mentira; manifestantes que aplauden, aunque odien al aplaudido, sonrisas de quienes quisieran escupirles la cara. Acciones, en fin, que no engañan a nadie, ni a los propios dictadores. Ellos bien saben que las genuflexiones ante sus tronos son hipócritas. Por eso desconfían de todo el mundo, incluyendo a sus propios seguidores, y ponen su única confiando en el poder del miedo. Sin él, y sin los akas que apuntan nuestras cabezas, no podrían gobernar un solo día.
El autor fue ministro de Educación y autor del libro “Buscando la Tierra Prometida”, historia de Nicaragua de 1492 a 2019, que hoy está disponible en Amazon Kindle.
