Después que el mal estado del piso del bus de la ruta 117 —del transporte urbano colectivo de Managua— cobrara la vida de un niño de cuatro años tras caer y ser arrollado, y que defensores de los consumidores y transportistas coincidieran en que las autoridades tienen responsabilidad en la tragedia, han surgido múltiples denuncias ciudadanas contra conductores, directivos de las cooperativas y funcionarios del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma).
Luego del trágico accidente, Marvin Pomares, coordinador nacional del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indec), dijo a LA PRENSA que la Policía y el Irtramma tienen responsabilidad compartida en el hecho. Esto, porque son los encargados de hacer las revisiones mecánicas; también de prohibir su circulación si no están en condiciones de circular y ofrecer el servicio.
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En redes sociales, como Facebook y Twitter, algunos usuarios han expresado la responsabilidad que tiene el gobierno de indemnizar a la familia del niño fallecido. Ven esa acción como parte de la aplicación de justicia y para evitar que la muerte del menor quede en la impunidad. Además, consideran que tanto el dueño del bus como el conductor y el funcionario del Irtramma que le autorizó circular, deben recibir el castigo que contempla la ley; y que se les aplique a ellos como se hace con cualquier otro ciudadano involucrado en accidente de tránsito donde hay víctimas fatales.
Los ciudadanos también aseguran que solo en Nicaragua ocurren este tipo de irregularidades; creen que esto pasa porque las leyes no se aplican «parejas», pues predomina la fidelidad partidaria. Otros destacan que esta es otra muestra de la corrupción que impera en el sector, ya que todo se resuelve con «coimas».
Accidente demuestra que impera la corrupción
«Inspectores para qué si todo el que llega como inspector se vuelve corrupto. El dinero se impone ante la situación, tanta corrupción en mi Nicaragua», aseguró otro usuario del transporte a través de las redes sociales.
Los quejosos también señalan la complicidad por omisión de la Policía, el Ministerio de Transporte, Irtramma y las cooperativas. Pues aseguran que ninguna de esas instituciones cumple su obligación de velar para que los usuarios del transporte colectivo reciban un servicio seguro y de calidad.
En el caso del Irtramma, consideran que las denuncias de maltrato y otras irregularidades que llegan a esa instancia, nunca son resueltas; especialmente, si los denunciados pertenecen a cooperativas que se declaran sandinistas.
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Hasta ahora ni Irtramma ni la Cooperativa Parrales Vallejos se pronuncian sobre el tema. LA PRENSA ha intentado obtener su posición sobre lo ocurrido, pero sus representantes mantienen sus teléfonos celulares apagados y los de las oficiales no los contestan.
