Choques callejeros con piedras, palos y puñetes entre oficialistas y opositores se produjeron este jueves durante protestas en Bolivia contra el cierre de una investigación de supuesto fraude electoral del expresidente Evo Morales en 2019.
En una céntrica avenida de la ciudad de La Paz, militantes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) se enfrentaron con opositores y colectivos ciudadanos, que habían llamado a marchar en contra del gobierno de Luis Arce.
«Aquí tiran piedras, me han golpeado» los oficialistas, dijo el diputado opositor Alberto Astorga, mientras mostraba a la televisión su cabeza ensangrentada.
Él identificó a un dirigente del MAS, Gustavo Torrico, como agresor. Este dijo luego: «Si a mí me golpeas, yo te golpeo, yo me defiendo simplemente», dijo él, al argüir que, en todo caso, fueron víctimas.
En videos domésticos difundidos en redes sociales se ve a los dos bandos enfrentarse con palos, puñetes y patadas. La policía intervino luego para pacificar y evitar que la gresca subiera de tono.
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En otras ciudades de Bolivia como Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este) se realizaron marchas pacíficas y mitines de algunos miles de personas.
En Santa Cruz, locomotora económica del país y bastión de la derecha, Rómulo Calvo, líder del denominado Comité Cívico, un conglomerado empresarial y político, dijo que no permitirían «que se cierre el caso de fraude electoral».
La semana pasada, el fiscal general Juan Lanchipa señaló en un informe que no se evidenció una manipulación en las elecciones de octubre de 2019, en favor del indígena Morales, como denunciaron entonces los opositores, cuando activaron violentas protestas en todo el país.
Los opositores acusan a Lanchipa de estar al servicio de Morales, quien dimitió en noviembre de ese año, tras 14 años en el poder. También denuncian que el oficialismo usa la justicia como venganza contra todos sus adversarios.
Mencionan el caso de la expresidenta de derecha Jeanine Áñez, encarcelada en marzo pasado, varios de sus colaboradores y exjefes militares y de impulsar una vendetta política bajo la acusación de haber participado de un «golpe de estado» hace dos años.
La violencia política de octubre y noviembre de 2019 dejó unos 35 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
