En el informe anual sobre la situación actual de Nicaragua en materia de derechos humanos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) realizó un recuento de las acciones represivas del régimen Ortega-Murillo, asegurando que en el año 2020 las estrategias gubernamentales fueron reforzadas.
“Impunidad, prohibición de la protesta social, privación de libertad, violación a la libertad de asociación, libertad de expresión…” son algunos de los escenarios que, según el informe, se estuvieron replicando y recrudeciendo en contra del pueblo nicaragüense.
“En el año 2020, las modalidades de represión fueron creciendo y marcando otras etapas y tendencias que mantienen un estado de excepción de facto, llamado así por la CIDH”, definió el Cenidh, al mismo tiempo que denunció la mala respuesta del Estado de Nicaragua a la llegada del Covid-19 al país.
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Hechos violatorios atendidos
Desde el año 2018 el Cenidh ha representado una vía donde las injusticias cometidas por el Estado se ven evidenciadas y denunciadas. El régimen despojó al centro de su personería jurídica desde ese mismo año, al mismo tiempo que fueron confiscados sus bienes e instalaciones. A pesar de ello siguen firmes, “a pesar de las obstaculizaciones y agresiones de las que somos víctimas, seguimos ejerciendo nuestro derecho a defender derechos”, plasmaron en el informe.
Ante las violaciones a los derechos humanos, el Cenidh brindó en el año 2020 al menos 534 casos donde 70 % de esas denuncias iban dirigidas a la Policía. Las demás se dividieron en denuncias en contra de personas afines al gobierno (13 %) y el sistema penitenciario (8 %).
Nuevas estrategias represivas
En el 2018, la cifra de personas heridas en el contexto de la crisis sociopolítica se aproximaba a 20,000. La represión también dejó a su paso al menos 328 muertos y 1,614 personas encarceladas arbitrariamente.
Y en el 2020, además de las agresiones, el hostigamiento, la represión, encarcelamientos y el restringir los derechos de libertad de expresión de los ciudadanos, el régimen se dio a la tarea de crear nuevas estrategias represivas, acorde al informe del Cenidh: “Otra forma de represión instaurada en el 2020 fue el llamado terrorismo fiscal, consistente en ilegales, arbitrarios y excesivos cobros de impuestos […] impulsando así una especie de represión económica”.
En conjunto a estas estrategias, el régimen aprobó un paquete de leyes que, para el Cenidh, no son más que un instrumento jurídico con el objetivo de instaurar una nueva manera de represión: “conjunto de leyes inconstitucionales violatorias de derechos humanos, con las que reviste de legalidad espuria sus prácticas arbitrarias y persecutorias”.
Entre ellas están la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. También a partir del 2020 el régimen realizó reformas inconstitucionales como al artículo 37 de la Constitución, el establecimiento de la pena de prisión perpetua y la Ley de Reforma y adición al Código Procesal Penal, la cual prolonga el periodo de detención de 48 horas a 15 y 90 días —violando así artículo 33, inciso 2.2 de la Constitución.
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Crisis de derechos humanos
Con la llegada de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 en Nicaragua, se vio un mal manejo de parte del gobierno. Entre algunas de las violaciones que el Cenidh documentó en el informe están la falta de información y cifras reales, la prohibición de ingreso al país a personas que habían migrado, la falta de medidas sanitarias implementadas por el régimen, entre otras.
“El Cenidh denunció todas y cada una de las absurdas acciones del gobierno ante la crisis de la pandemia como promover marchas y actividades masivas, obligar al personal de salud a visitar los hogares sin medidas de seguridad, el despido de miembros del cuerpo médico de los hospitales públicos por demandar medidas de bioseguridad, el mal manejo de las pruebas donadas por el BCIE”, declaró.
Entre otras acciones que van en contra de la protección de la ciudadanía, se sumó la nula acción del gobierno y la politización de la ayuda humanitaria en noviembre del año pasado, cuando los huracanes Eta y Iota dejaron severos estragos en la Costa Caribe.
El informe reiteró: “En plena tragedia, los medios de comunicación reportaron que el Gobierno estaba realizando proselitismo político con las donaciones que envió la cooperación internacional, atribuyéndose el mérito con total descaro […] La politización quedó evidenciada en videos y fotografías en los que se observaba a funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) y fanáticos del gobierno cargando banderas del FSLN, mientras arribaban a las zonas devastadas por los ciclones”.
¡No nos callarán!
“En estas circunstancias el panorama es incierto, las nuevas maniobras represivas nos deben llevar a impulsar y fortalecer las actividades de resistencia y lucha cívica […] que el gobierno no ha podido desmontar, debemos fortalecer el reclamo de justicia con prioridad, porque no se podrá salir de la crisis actual sin justicia, si los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidos por el régimen permanecen en la impunidad”, sentenció.
