La situación de los derechos políticos en Nicaragua, en el contexto de las elecciones, se analizó en el marco del 180 Período de Sesiones Virtuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la participación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El Estado de Nicaragua también estaba invitado a esta sesión, pero no compareció.
“Lamentablemente, tengo que empezar señalando que una vez más debemos lamentar la ausencia del Estado en esta audiencia pública, de manera permanente la Comisión reitera la importancia de que el Estado nicaragüense y todos los Estados participen en las audiencias públicas donde se tratan las situaciones de derechos humanos”, expresó la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, al iniciar la audiencia pública número 15.
La directora del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, presentó este miércoles 30 de junio el informe sobre la situación de los derechos políticos en el contexto electoral y denunció la detención arbitraria de 21 nicaragüenses, entre ellos cinco precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.
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Núñez contextualizó la persecución que ha emprendido el régimen contra la prensa independiente y el allanamiento en contra del medio Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, quien “hoy es objeto de una nueva persecución mediante de una campaña calumniosa y estigmatizante que lo obligo junto a su esposa Desiré Elizondo a exiliarse por segunda vez para salvar su vida y su libertad”.
Asimismo, agregó en su intervención que “el contexto actual está marcado por la implementación de leyes contrarias a los derechos humanos que fueron aprobadas claramente como instrumentos de represión para impedir el ejercicio de los derechos políticos”.
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— CIDH – IACHR (@CIDH) June 30, 2021
Siguiendo la presentación de su informe, detalló que el régimen aplica las leyes 970, Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo; la Ley 1055, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz; así como la Ley 1060, que amplia el período de detención. “Para mantenerlos encerrados durante 90 días sin previa acusación ni vinculación a proceso judicial alguno y sin garantizar los derechos humanos de las personas presuntamente investigadas, aplicando una extraprocesal detención judicial realizada en forma secreta sin presencia de abogados defensores, las mismas constituyen detenciones arbitrarias y son procedimientos aberrantes que no resisten un análisis jurídico. Acciones incompatibles, además con el derecho internacional de los derechos humanos”, denunció Núñez.
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Además, reiteró que al aproximarse las elecciones generales de autoridades, programadas para noviembre de este año, la represión se ha profundizado, produciendo un quiebre irreversible de la democracia por las graves violaciones a los derechos políticos y la insuficiencia y regresividad que contiene la nueva Ley Electoral que regirá un proceso que ha comenzado sin transparencia y está encaminado a burlar la voluntad popular.
“El Cenidh denuncia a través de esta audiencia temática que en los últimos tres meses ha documentado el impedimento violento de la movilización ciudadana, amenazas con armas, intimidación, amenazas de muerte, pintas con mensajes violentos, daños a bienes inmuebles, incluso el decomiso de celulares en las calles, ofensas y agresiones contra decenas de personas opositoras perpetrados por agentes estatales y paraestatales”, insistió Núñez. A la vez, demandó la liberación los más de 120 presos políticos, que el régimen mantiene encarcelados en los diferentes sistemas penitenciarios, incluyendo a los 21 detenidos este último mes.
Solicitud del Cenidh a la CIDH
Por su parte, la abogada defensora del Cenidh, Arlette Serrano, solicitó a la Comisión que emita un informe temático sobre la grave situación de los derechos políticos en el actual contexto electoral de Nicaragua, y que con base en lo denunciado en dicha audiencia formulé al Estado las siguientes recomendaciones:
- Derogar las normas inconstitucionales e inconvencionales denunciadas en la presente audiencia, garantizar el ejercicio de los derechos humanos, y cesar de inmediato la represión generalizada contra la población nicaragüense que demanda respeto a sus derechos.
- Proceder a la inmediata liberación de los más de 125 presos políticos detenidos arbitrariamente, incluyendo a los periodistas, candidatos, activistas sociales, dirigentes políticos y empresariales detenidos recientemente y garantizar su participación política en las elecciones del presente año.
- Realizar reformas legales en consenso con la oposición nacional y garantizar la organización de instituciones creíbles para la realización de elecciones auténticas y transparentes que aseguren la libre expresión de la voluntad popular con observación nacional e internacional confiable.
- Que a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión actualice su informe y eleve recomendaciones al Estado con relación al derecho a manifestarse, el cual es esencial para garantizar la democracia en el país, y para que se abstenga de obstaculizar el ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos.
- Instar al Estado que se abstenga de perseguir y usar represalias en contra de las personas que participaron en esta audiencia.
En diciembre de 2018, la dictadura Ortega Murillo canceló la personería jurídica del Cendih. La Asamblea Nacional, institución totalmente controlada por el sandinismo, aplicó contra la organización la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero, señalándola sin presentar pruebas de beneficiar actos para desestabilizar el país, que es como califica el régimen las protestas ciudadanas iniciadas en 2018. Mientras que en enero de este año confiscó sus oficinas, ubicadas en Managua.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha documentado y denunciado a nivel local e internacional las graves violaciones de derechos humanos y la represión estatal desatada por el régimen Ortega Murillo, a través de la Policía y grupos de civiles afines al orteguismo, durante la rebelión de abril y a la fecha.
RELE-CIDH denuncia asfixia a las libertades civiles y políticas
El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, resaltó que el derecho a la libertad de expresión en Nicaragua viene siendo atropellado desde hace varios años y que ha derivado en una asfixia intensa a las libertades civiles y políticas en las últimas semanas. Desde la Relatoría manifestaron su solidaridad y compromiso en el acompañamiento y monitoreo de la libertad de expresión en el país.
“Si hay momentos en los cuales debería brillar en nuestra sociedad el pluralismo, la diversidad, la controversia, el tener miradas distintas de lo que pasa en nuestro entorno, es en contextos electorales y parte de lo que vemos con muchísima preocupación desde la Relatoría es como este año, que debería de ser plural, el exilio vuelve a ser lugar y acción que corresponde tomar en términos de autoprotección y no son síntomas que reflejen credenciales democráticas de acuerdo con los estandartes internacionales”, expresó Vaca.
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En términos de monitoreo, también señaló que “cuando vemos (expresiones) que la prensa siembra terror o son terroristas de la comunicación, estamos hablando de un nivel muy alto, un tono muy agudo que lastima las condiciones para el ejercicio de una prensa libre en un contexto electoral”, en clara alusión a los constantes ataques que hace la vicepresidenta designada y vocera del régimen Rosario Murillo contra la prensa independiente a través de los medios de comunicación oficialistas, controlados por sus hijos.
El relator especial también aseguró que están dando seguimiento a la detención del periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, “que al ser un periodista deportivo, que también opina como ciudadano en asuntos de interés público, nos preocupa que su detención sea una sanción al pensamiento distinto y al opinar sobre temas de interés general”.
Además, destacó que están dando seguimiento a los recientes exilios de los periodistas Julio López, Sergio Marín y Carlos Fernando Chamorro.
Urrejola instó al Estado a un diálogo y a liberar a todos los presos políticos
Por otra parte, la comisionada Urrejola manifestó que la CIDH ha podido hacer un monitoreo detallado sobre la situación de Nicaragua, por medio de la labor permanente que realiza el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Asimismo, agradeció por la labor y el compromiso profesional y humanitario de dicho organismo.
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Aprovechando la audiencia pública, Urrejola reiteró que “es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua con grave consecuencias políticas y democráticas”.
“La Comisión ha hecho un seguimiento constante de la situación, señalando su preocupación por el agravamiento de la crisis y hemos estrechado aún más nuestro trabajo coordinado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para atender estos hechos y hacer un llamamiento ante la comunidad internacional para que se le exija al Estado de Nicaragua la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva de espacios cívicos y democráticos”, añadió.
La CIDH reiteró también su solidaridad con el pueblo nicaragüense y la disposición permanente para el diálogo, la cooperación, “no solo para escuchar las voces de los sin voz, sino que ojalá que el Estado nos pueda buscar algún día y podamos establecer un diálogo en miras del bienestar del pueblo nicaragüense”, instó Urrejola.