El informe sobre libertad de expresión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + resalta que en Nicaragua informar es visto como un delito, que el régimen echó a andar un dispositivo sofisticado de censura con la creación de leyes que violentan los derechos fundamentales y que se ha ensañado con algunos periodistas que resisten en el país o que se vieron forzados a exiliarse para resguardar sus vidas.
“Informar es visto como un delito y está coartada la libertad de expresión, pese a que la pareja gobernante insiste en que se respeta la libertad de expresión en nuestro país. A esto se ha venido a sumar una serie de leyes, que atentan contra el ejercicio del periodismo: La Ley de Ciberdelitos y la Ley de Agentes Extranjeros, cuyos fines son regular el ejercicio de los profesionales de la comunicación, abrir incluso procesos legales y asfixiarlos económicamente, señalados de recibir financiamiento externo, para lo que llaman fallido golpe de Estado”, dijo el periodista Willih Narváez al iniciar la presentación del informe.
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Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, inició la presentación del informe con las palabras del relator especial de Libertad de Expresión en 2020: “Es un régimen que echó a andar un dispositivo sofisticado de censura, que de manera simultánea, echó todo lo que tenga a mano y que pueda conducir a que la opinión pública critica, para que esta desaparezca y no vuelva a ser usada, incluso si no existen los instrumentos para someter la libertad, el régimen los crea”.
Violaciones a derechos humanos en todo el país
Indicó que en el informe se refleja que no hubo departamento, ni municipio, que no presentara violaciones a los derechos humanos. “Se identifica que los principales violadores a estos derechos fueron fuerzas policiales, parapoliciales, fuerzas de choques, personas afines al gobierno, agentes de propaganda, ciberacosadores, funcionarios públicos y también el poder judicial, que ha sido instrumentalizado durante este tiempo”, comentó.
Añadió que en el contexto del Covid-19 se dio la muerte de dos periodistas, dos fallecimientos documentados: Gustavo Bermúdez, de Radio Corporación, y Sergio León Corea.
En cuanto a las agresiones a periodistas resaltó que entre julio y el 15 de diciembre de 2020, el Observatorio Agresiones a la Libertad de Prensa en Nicaragua registró más de 943 agresiones contra periodistas debidamente documentadas.
En el informe además se presenta una línea de tiempo con los principales eventos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua y un análisis de los obstáculos jurídicos en Nicaragua a la libertad de expresión.
Por su parte, la periodista Wendy Quintero, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, hizo énfasis en que muchos derechos fundamentales han sido violentados constantemente y se incrementó la persecución y el hostigamiento a periodistas.
Destacó el ensañamiento contra algunos periodistas como Aníbal Toruño o Kalúa Salazar, quienes han denunciado agresiones a ellos, sus viviendas y sus familiares.
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Comentó que muchos periodistas se han visto forzados a salir del país. “De 18 testimonios, 12 refirieron que se desplazaron forzosamente del país, 8 a Costa Rica, 2 a Estados Unidos y 2 España. Narran violaciones a derechos humanos, antes, durante y después de las protestas”, detalló.
Recordó que el acoso, asedio y hostigamiento no comenzaron en 2018, porque, por ejemplo, al suspender conferencias de prensa y centralizar la información se violentaron derechos fundamentales.
Amarc: “Urge implementación de justicia”
Mónica Valdés, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc, para América Latina y el Caribe), durante la introducción al informe mencionó que emitieron un comunicado con su postura y un llamado respetuoso a continuar demandando y mantener vigente la lucha por la libertad de expresión en Nicaragua.
En el comunicado mostraron su solidaridad con las radios de Nicaragua, especialmente las radios comunitarias, hicieron un llamado a que las autoridades faciliten el desarrollo y fortalecimiento de las propuestas comunitarias, además de demandar el cese del hostigamiento a periodistas.
“Urge la implementación de una justicia que permita identificar a los verdaderos responsables del periodista Ángel Gahona”, añadió.
Durante su intervención mencionó algunas iniciativas que fortalecen la libertad de expresión e hizo énfasis en la importancia de la capacitación a hombres y mujeres de prensa.
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