La organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que tiene a sus principales líderes presos, declaró este martes 3 de agosto que no reconoce como legal ni legítimo el proceso electoral que se lleva a cabo en Nicaragua.
La UNAB afirma en un comunicado titulado «La dictadura aniquiló un proceso electoral libre en Nicaragua», que «el proceso electoral 2021 no cumple con los estándares internacionales aceptados en materia electoral».
«La Unidad Nacional y el conjunto de organizaciones políticas, sociales, gremiales y territoriales que la conforman: no reconocen como legítimo ni legal el proceso que culminará en las votaciones del próximo 7 de noviembre del 2021 y, en consecuencia, no reconocen como legítimo ni legal sus resultados», manifiesta el comunicado leído en conferencia de prensa virtual.
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Alex Hernández, miembro del Consejo Político de la UNAB, explicó que esta posición no significa que estén haciendo un llamado a no votar, porque eso lo decidirá cada persona el día de las votaciones. «El votar o no votar es una decisión ciudadana», dijo Hernández, quien participó en la conferencia virtual.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua con una mayoría de magistrados afines al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Daniel Ortega. Por otro lado, el proceso electoral se está llevando a cabo en un clima de detenciones de opositores, entre estos siete aspirantes presidenciales, uno de ellos de la UNAB.
En el pronunciamiento, la UNAB recuerda que «desde el 2018, la dictadura ha impuesto de facto un estado de sitio, conculcando las libertades ciudadanas y violentando sistemáticamente los derechos humanos de las personas nicaragüenses.
«Esta situación ha dejado como resultado más de 300 asesinados, más de 100 mil nicaragüenses en el exilio y centenares de presas y presos políticos, de los cuales más de 140 permanecen hoy en las cárceles».
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El precandidato presidencial de la UNAB, Félix Maradiaga, y los principales líderes de esa organización, Violeta Granera, Tamara Dávila y José Antonio Peraza, están con 90 días de detención judicial, investigados por supuestos actos que contravienen la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
La UNAB fue fundada en 2018 con el fin de agrupar a las organizaciones opositoras al régimen de Daniel Ortega.
