Ha causado molestia dentro del gremio de abogados la publicidad que he visto en FB, supuestamente unas del Complejo Judicial Central Managua y otras del Sinare (Sistema Nacional de Registros), el cual en su parte inicial dice: “No se necesita pagar un abogado para registrar una propiedad”.
Dentro del contexto que vive el profesional del derecho en Nicaragua, lo anterior ha sido visto como un ataque más a dicha profesión, lo cual ya rebalsa el vaso, pues según los abogados, con el cuento inventado por muchas entidades del Estado de la obligación de la comparecencia personal del Administrado ante la Administración para efectuar sus gestiones, no permiten que los abogados comparezcan a efectuar diligencias ante estas, a pesar de que la representación a través del mandato sigue vigente en nuestro Código Civil, limitan su actividad profesional y, en consecuencia, su fuente de ingresos para el sustento de sus familias.
Haciendo mis investigaciones sobre este caso, encontré que quien está a cargo de la página web del Complejo Judicial Managua, o el Sinare, quien fuere, a como decimos en Nicaragua “se voló las trancas”, ya que se le advirtió que pusiera los pasos necesarios para inscribir una propiedad haciendo hincapié en el personal existente dedicado única y exclusivamente a la atención de los usuarios del Registro Público, para aclarar cualquier duda e indicarles el camino a seguir y que no hiciera mención alguna a abogados.
Dicho lo anterior, considero que nuestra excelentísima Corte Suprema de Justicia debe una explicación a esos casi 26,000 abogados o leguleyos, como de vez en cuando nos llaman, y pedirle al resto de instituciones del Estado que respeten las leyes relacionadas al derecho a representar que tienen estos leguleyos a otros ciudadanos y a estos ciudadanos a ser representados si esa es su voluntad.
De lo contrario, estaríamos violando la ley y todo aquello que dice el artículo 5 de la Constitución Política: “Son principios de la nación nicaragüense, la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad humana…”. Se vuelve como el título de la película “Lo que el viento se llevó” con Clark Gable y Vivien Leigh, que a propósito está prohibida su proyección cinematográfica por racista, según la izquierda radical gringa.
Volviendo al Registro Público, alguien cometió un error y es parte de nuestro derecho opinar al respecto y hay que ser cuidadosos en no confundir la gordura con lo inflamado y atacar al Registro Público en sí, quien no tiene nada que ver en este asunto de la embestida nacional en contra de los abogados, porque siendo sincero, aun sin ser un admirador o seguidor del gobierno, en lo personal, opino que el Registro Público, por lo menos el de Managua, que es al que yo concurro, es ejemplar en el servicio y atención que presta a sus usuarios. Una institución de puertas abiertas con voluntad de servir al pueblo con eficiencia y transparencia.
A como decía mi padre, Guillermo Areas Rojas (q.e.p.d.): “Ser un buen funcionario público es saber servir al pueblo con voluntad y dedicación, a sabiendas que vivirás en la mediocridad económica”.
Al César lo que es del César.
El autor es abogado y notario.
