Un panorama nada confiable se ve en nuestro abrumado país, en lo que respecta a las supuestas “elecciones” del 7 de noviembre convocadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Hasta ahora no se han mostrado las garantías necesarias que se requieren para el ejercicio de ese derecho fundamental de los ciudadanos. ¿Cómo se puede hablar de este sufragio en un ambiente de muchas represiones por parte de la policía política, cuando los principales aspirantes presidenciales por parte de la oposición están presos?
De antemano se sabe y lo entiende hasta el más ingenuo, que esas tales “elecciones” van a ser usurpadas, porque Daniel Ortega, inflado de orgullo como todo dictador, tiene a su disposición un CSE domesticable y no hay competidores que le hagan sombra. Lógicamente que en esto el gran perdedor será el pueblo, al que le esperan tiempos más duros y difíciles, tan dramáticos al igual que un cáncer terminal.
Ortega lo que pretende es consolidar su temible dictadura pasando por encima de todo ordenamiento legal, porque considera que el poder es un patrimonio suyo y que nadie puede sustituirlo en el manejo de los bienes públicos.
Nunca en tiempos pasados se ha visto que a los precandidatos presidenciales lo lleven a prisión, a como lo ha hecho el Ministerio Público del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Para justificar semejante atropello les han formulado una serie de acusaciones fundadas en la Ley 1045. Somoza es cierto que era dictador, pero no fue tan audaz, ni desconocedor de las leyes como lo ha venido haciendo Ortega a lo largo de su gestión.
El futuro de Nicaragua será incierto mientras Ortega y los sandinistas ortodoxos sigan gobernando este país, pues con suficiente base han demostrado lo arbitrarios que han sido, en vista de que no es lo mismo arengar a las masas inyectándoles odios y venganzas que administrar los bienes e intereses de la nación con credibilidad. Las elecciones de noviembre, al no haber competencia verdadera, ni garantías suficientes que velen por la pureza del sufrago, tendrán la semejanza de una “obra teatral”. Y el pueblo de Nicaragua, que tiene derecho a una vida mejor en una auténtica república, seguirá en su penoso caminar hasta que en la algarada de otros amaneceres los himnos de la victoria anuncien el cambio con rostros nuevos que las mayorías quieren elegir.
Si la comunidad internacional le exige a Ortega la libertad de todos los presos políticos, incluyendo a los precandidatos presidenciales, es porque e busca y quiere que en Nicaragua se celebren elecciones transparentes, que se produzca un cambio satisfactorio para resolver los grandes problemas que el país encara a diario, cuyas complicaciones se derivan precisamente de la poca voluntad que priva en la mente del dictador.
El país necesita soluciones a la crisis sociopolítica que se prolonga desde abril de 2018. Haciendo propias las palabras de doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el Mártir de las Libertades Públicas, debemos decir que el país se debate “entre la alternativa dramática de la dictadura, y la alternativa llena de esperanzas de la democracia”.
El autor es periodista de Somoto.
